Uno de cada tres presos en Martutene cumple pena por violencia de género

Moreno, que desde el pasado verano es la primera mujer en dirigir una prisión en Euskadi, detalló que el tipo de delitos cometidos van desde el homicidio (un caso) hasta lesiones, detención ilegal, agresión sexual, vejaciones, y los más habituales, malos tratos y quebrantamientos de la orden de alejamiento. Y ante esta realidad, defendió la intervención terapéutica que Instituciones Penitenciarias lleva a cabo con estos reclusos, con el fin de reducir las tasas de reincidencia. Según el dato extraído de un estudio entre 770 condenados a medidas alternativas que se sometieron a estos programas, al año habían sido denunciados de nuevo un 4,6% de ellos, y a los 5 años un 6,8%. Un índice muy inferior al que refleja la tasa de reincidencia en Europa, situada entre el 21 y el 35%.

Los programas en los centros penitenciarios, en línea con la terapia que también realiza Gakoa, actúan como «un elemento más para prevenir conductas violentas», indicó Moreno, «no es la clave» para terminar con la violencia de género. La directora de Martutene compartió su análisis con el juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Tolosa Gorka de la Cuesta y con la psicóloga de la asociación Arrats que trabaja con los presos Iune García, en una mesa moderada por la periodista del DV Arantxa Aldaz.

En ese debate contrastaron su experiencia sobre el tratamiento y el trabajo con condenados por maltrato. Y Moreno desgranó que la terapia pasa por diferentes fases en las que se busca que el agresor asuma su responsabilidad «rompiendo sus mecanismos de defensa» en forma de negación, coartada, culpabilización a la víctima o justificación; empatice con la agredida; controle sus emociones; se combatan creencias irracionales o se analicen las consecuencias del modelo patriarcal. Además, remarcó la necesidad de que los maltratadores «tomen conciencia de que los hijos e hijas son víctimas directas».

Moreno defendió la «eficacia» de estas intervenciones en grupo. Y las consideró necesarias si se acompañan de medidas de prevención en el plano educativo, social, político... Es el único camino para rebajar la cifra de 33.000 condenados el pasado año por violencia de género en España.