María Vaquero: «Hay que conseguir la retirada inmediata de la patria potestad al progenitor que asesina»

- La violencia ejercida contra la mujer en el ámbito familiar muchas veces se extiende a los hijos. ¿Son estos víctimas invisibles?

- Los hijos de víctimas de violencia de género sí que han sido un colectivo estudiado desde hace algunas décadas y la reforma legislativa de 2015 -que les concibe como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres-, fue un gran paso en lo que a protección del menor se refiere. Lo que es más novedoso es la atención sobre los hijos menores de víctimas mortales que se quedan huérfanos. Son realidades diferentes. En España nos faltan trabajos dedicados a este colectivo y me gustaría que el mío continuara con una línea de investigación específica en este ámbito. Hace falta una protección integral y adecuada.

- Su trabajo 'Aspectos jurídicos de relevancia victimológica en menores descendientes de víctimas mortales de violencia de género', ¿en qué se traduce?

- He querido mostrar cómo una realidad que está oculta, la de los huérfanos por violencia de género, tiene una serie de aspectos de desprotección.

- ¿Qué les espera a los niños huérfanos por violencia de género?

- En la mayoría de los casos, el desamparo económico y un laberinto burocrático. Las familias que pasan a encargarse de ellos se encuentran con dificultades y retrasos para asumir la patria potestad. Actualmente, la ley no obliga a retirar automáticamente los derechos del progenitor sobre sus hijos, aunque sea de forma cautelar o provisional. Es el juez quien puede quitar la patria potestad, eliminar las visitas y establecer medidas de protección, pero por ley no tiene la obligación de hacerlo. Hay casos espeluznantes en los que el padre que ha asesinado a su madre ha tenido visitas concedidas con sus hijos a los que les tienen que llevar los abuelos maternos... Aún nos estamos tambaleando entre los derechos del progenitor y los de los niños huérfanos y esto no puede ser así. Hay que conseguir que se retire de forma inmediata la patria potestad al progenitor que asesina.

- ¿Quedan, por tanto, desprotegidos estos menores?

- Se encuentran en una situación inestable porque, por ejemplo, mantener la patria potestad implica que el agresor tenga que dar su autorización o consentimiento para algunas cuestiones vitales como una operación o cambiar al niño de centro. El agresor no puede tener ningún derecho sobre el niño, es inviable. Mi trabajo demuestra que no hay una tendencia clara ni una jurisprudencia que apunte hacia esa retirada desde un primer momento y considero que es lo más urgente. Al final tiene que ver con la reparación adecuada del daño, como es perder a una madre por causa de violencia de género.

- ¿Cómo viven ese proceso?

- No solo hay que tener en cuenta que el menor pueda haber sufrido la violencia o haber sido testigo de ella. Lo que viene después también es crucial, porque se ve sometido a una victimización secundaria, esto es, está sufriendo una serie de esperas, incertidumbres, inseguridades... derivadas de todo el procedimiento policial y jurídico, volviendo a victimizarle, después de todo lo que ha sufrido. Es algo que hay que evitar a toda costa.

- ¿Las familias conocen sus derechos y las ayudas que les corresponden?

- En la mayoría de las veces no, porque no son cuestiones que se hablen en el día a día. Además son cosas muy engorrosas, procesos burocratizados y poco accesibles al público general. Es clave que tengan toda la información y adecuada a su nivel de entendimiento. Hay familias a las que se les pasa el plazo y pueden perder una indemnización o recibir tal ayuda…

- Puede ser un peregrinaje muy hostil...

- Los familiares no tienen cuerpo para digerir toda esa información y a veces nos dicen que vale más la pena dejar pasar ese tipo de ayudas que someterse a ese procedimiento después de todo lo que han pasado.

- ¿Qué apoyo reciben desde la Administración?

- No están recibiendo esa labor de asesoramiento y acompañamiento, unas carencias que hay que empezar a solucionar. Ya no solo se trata de dar una atención psicológica sino integral para reparar el daño, diseñando unas ayudas accesibles y acordes a la gravedad de la situación.

- ¿Qué hay de las ayudas económicas?

- Ha habido una serie de lagunas estos años. Antes, cuando la madre víctima del asesinato no cotizaba el límite a la Seguridad Social, los menores se quedaban sin una pensión de orfandad. Es cierto que la nueva Ley del 1 de marzo eliminó ese requisito, pero ha impuesto un límite de renta a los nuevos acogedores. En resumen, se están intentando suplir carencias, pero se están poniendo trabas.