El cruce de acusaciones entre PNV y EH Bildu alcanza cotas inéditas a raíz de la sentencia del caso De Miguel
Otegi asegura que «Euskadi no es un oasis» porque «aquí también se lo llevan crudo», y Ortuzar afirma que el mayor caso de corrupción ha sido el impuesto revolucionario de ETA, del que la izquierda abertzale «se benefició directamente»
El cruce de acusaciones entre el PNV y EH Bildu ha alcanzado cotas de desconocidas hasta la fecha a raíz de la sentencia del caso De Miguel ... , en el que 15 personas, entre ellas excargos públicos y exdirigentes del PNV alavés, han sido condenadas por integrar una red de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos. Los líderes de ambas formaciones, Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi, han protagonizado este miércoles un duro enfrentamiento dialéctico con reproches de alto voltaje que enturbian aún más la ya de por sí tormentosa relación entre ambas formaciones nacionalistas.
En un tono especialmente duro, Otegi ha asegurado que el caso De Miguel «no es un caso aislado», y ha llegado a acusar al PNV de amparar prácticas irregulares de forma extensa. «Euskadi no es un oasis y aquí también hay corrupción y se lo llevan crudo», ha afirmado en una entrevista en ETB. El líder independentista ha citado el caso Bravo de la Hacienda de Gipuzkoa, los de Bakio o Alonsotegi, o las irregularidades de la OPE de Osakidetza, para afirmar que «en este país hay redes de corrupción evidentes», son «muchos» los casos de este tipo que existen, y sentenciar que «todo el mundo sabe que si militas en determinadas siglas o en sus alrededores, probablemente tengas más fácil el acceso a determinadas responsabilidades o determinados trabajos, en lo público y lo privado». Respecto al caso De Miguel, ha remarcado que no se sostiene el «relato de que 16 militantes del PNV que entraron al partido y organizaron una trama criminal para lucrarse lo hicieran sin que la dirección se enterara de nada, sin que el señor Urkullu, entonces presidente del EBB, supiera nada». «Queremos vivir en un país decente y en un país decente no pueden pasar estas cosas«, ha sentenciado.
Ortuzar, por su parte, ha replicado que «si en Euskadi ha habido un caso de corrupción ha sido el del impuesto revolucionario» de ETA, del que la izquierda abertzale «se ha beneficiado activa y pasivamente», por lo que ha instado a la formación que dirige Arnaldo Otegi a «no ponerse en la presidencia del tribunal inquisitorial». «Lecciones de la izquierda abertzale, no», ha declarado el mandatario jeltzale en una entrevista en Radio Euskadi. El dirigente nacionalista ha insistido en que su partido «no se ha llevado ni un euro ni un voto» de la corrupción vinculada a este proceso, y ha diferenciado lo que es un asunto «que afecta al PNV» de lo que «no es, un caso de corrupción del PNV, como ha dejado claro la sentencia».
El propio Otegi ha respondido a Ortuzar afirmando que el PNV «trata de extender tinta de calamar sacando el espantajo de ETA».
Desde Vitoria, la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte ha reclamado este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, que asuma «responsabilidades políticas» por el caso De Miguel, aunque de momento ha rechazado sumarse a la petición de dimisión que el PP ha dirigido a Urkullu. Además, ha acusado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, de querer «desviar» la atención de este caso con sus referencias al «beneficio» que habría obtenido la izquierda abertzale de la extorsión de ETA.
Por su parte, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha acusado este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, de «mentir» cuando este martes afirmó que la sentencia del caso De Miguel exculpaba al PNV, y ha afirmado que si Urkullu «fuera coherente, debería presentar su dimisión hoy mismo»
«Estamos ante una trama de partido, a beneficio del partido, que buscaba crear una red clientelar a beneficio de esas siglas», ha afirmado Oyarzábal, quien se ha mostrado convencido de que no se trata de «un caso aislado», sino que era una «práctica habitual» y estaba normalizado que el PNV de Álava tuviera «un control absoluto sobre los contratos públicos».
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