La caída del mito
Diez años después de que el escándalo estallara, la sentencia por el caso De Miguel conocida ayer supone un severo mazazo para el PNV. Que ... le escuece, aunque era relativamente previsible. Lo es, a pesar de que desde hace tiempo la cúpula jeltzale ha construido un argumentario para defender la honorabilidad de sus siglas y para minimizar el coste político de una eventual decisión judicial desfavorable: que no es el PNV el investigado, sino que el asunto incumbe solo a determinadas actuaciones individuales de personas que luego renunciaron a su militancia tras iniciarse la investigación.
Es verdad que el desenlace -que aún no es firme- sobre el mayor caso de corrupción en el País Vasco no apunta jurídicamente al PNV como organización, pero habla de una trama cuyos miembros habían establecido un vínculo de confianza sobre la base de la militancia en el mismo partido. Algunos afiliados y miembros del Araba Buru Batzar, dice, cometieron graves delitos. Y se aprovecharon de su influencia política para ello. La rapidez de reflejos demostrada ayer por Andoni Ortuzar y por el lehendakari Urkullu -entonces presidente del EBB- muestra una apreciable contundencia en la reacción, con un claro desmarque de hechos tan graves. La petición de perdón de Ortuzar y de Urkullu les honra. El PNV, aunque no está señalado como partido en la sentencia, se siente interpelado en la práctica y está obligado moral y políticamente a responder y a transmitir un mensaje firme y creíble ante la sociedad vasca. El contexto social ha cambiado tanto que hasta Rajoy cayó por la corrupción gracias al voto del PNV, que se vio obligado a apoyar a Sánchez en la moción de censura tras el fallo por la 'Gürtel'.
El caso De Miguel demuestra que Euskadi no es tampoco el oasis ideal en la gestión de los asuntos públicos que a veces ha trasladado el nacionalismo gobernante. La corrupción y el clientelismo no son asuntos «del Ebro para abajo», como se ha sostenido como si fuera un mito irrefutable. Pero también se demuestra que, a pesar de todas las lagunas, el sistema funciona en el esclarecimiento de las irregularidades -en este caso 'mordidas' en contratos públicos- y en la depuración de responsabilidades. Puede, incluso, que los jeltzales no paguen un precio electoral por este asunto. Pero no nos engañemos, erosiona su imagen y es una baza para sus adversarios. La corrupción es un verdadero cáncer en la política bajo la sospecha de que «son todos iguales». El discurso del PP exigiendo a Urkullu responsabilidades es la devolución del golpe tras la moción de censura. Mero ajuste de cuentas.
La condena no afecta al PNV como partido pero le interpela a reaccionar con energía
La 'tolerancia cero' es la respuesta necesaria, aunque puede que sea un recurso insuficiente si no pasamos de las palabras a los hechos contra esta lacra: por ejemplo, con una fiscalía anticorrupción en el País Vasco dotada de más medios. O con más mecanismos internos de control. O la sociedad percibe que nunca más habrá impunidad o el descrédito total de la política puede engendrar monstruos peligrosos.
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