El Departamento de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa urge a «actualizar» la normativa sobre udalekus privados

El marco normativo actual deja poco margen de control sobre los campamentos privados como el que ha motivado el escándalo en Bernedo, donde los menores que asistieron a las colonias se quejaron de que se les obligaba a ducharse juntos y desnudos a chicos y chicas, se duchaban con ellos igualmente desnudos los monitores y eran sometidos a vejaciones, como obligarles a chupar el dedo de un pie del monitor para tener acceso a la merienda. La Ertzaintza ha confirmado que, por el momento, tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en las colonias de verano que gestiona Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea. Dos de ellas en Gipuzkoa. La primera se registró el 25 de agosto y las tres últimas, el viernes. Sin embargo, las pesquisas policiales se iniciaron mucho antes, «a finales de 2024», según detalló la propia Policía vasca en un comunicado.

No ha sido hasta casi un año después cuando un juzgado de Vitoria ha abierto una investigación sobre este caso tras el revuelo social generado por la información desvelada por este periódico la semana pasada. Preguntados por este periódico, el Departamento de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa considera que los marcos normativos actuales en torno a estos udalekus «son insuficientes para garantizar» la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi), «porque lo que regula los campamentos es un decreto de 1985». Por todo ello, desde el Gobierno foral se «urge a actualizarlo para que se puedan tomar medidas más drásticas en caso de incidente» y también para tener una normativa «que responda a nuevas realidades».

Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha acordado citar a las tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar como «testigos-víctimas» en el tribunal que lleva la causa. Asimismo, ha solicitado a la Ertzaintza que continúe con las investigaciones a fin de identificar a más menores afectados en los campamentos alaveses y pide al cuerpo instructor del atestado que informe al juzgado del resultado de las averiguaciones practicadas.

Así lo explicó ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a través de una nota donde detalla las acciones acordadas respecto a estos hechos denunciados a comienzos de este año y que quedaron «meses parados» en el juzgado. Esta circunstancia había sido duramente criticada el lunes por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, quien censuró que el atestado inicial de la Ertzaintza, que ya ha recibido cuatro denuncias, «se quedó en un limbo» y que fue trasladado a un juzgado de Vitoria sin que la Fiscalía vasca –tampoco las secciones de Menores del ministerio público en los tres territorios históricos– tuviera conocimiento de los hechos denunciados.

Desde el Departamento de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa asumen que «debemos mejorar en detección, prevención y respuesta ante situaciones» como las ocurridas en el campamento de Bernedo y aseguran que desde el área «se está avanzando en el análisis de los protocolos» para que «irresponsables como los organizadores de Bernedo no puedan operar, poniendo en riesgo a menores y comprometiendo su bienestar y seguridad». Según detalló la Ertzaintza, el Gobierno foral tomó declaración a educadoras el pasado enero que revelaron a los agentes el malestar de, al menos, tres menores tutelados que fueron a udalekus de la asociación Sarrea entre 2021 y 2024.

También ayer se pronunciaron acerca de este caso desde la Diputación de Bizkaia. La diputada foral vizcaína, Teresa Laespada, titular del área de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, manifestó que las diputaciones apenas tienen herramientas para controlar estos udalekus privados que están basados «en convenios o contratos entre los padres y una asociación. No existe un marco legal que permita que este tipo de actividades sean controladas por las administraciones. No tenemos potestad sobre los campamentos privados, ninguna diputación la tiene».

De momento, las diputaciones de Gipuzkoa y Álava se han emplazado a «tener un diagnóstico y una propuesta de intervención en dos semanas».

Mientras tanto, el Gobierno Vasco ha pedido «respeto» y «discreción» en la investigación abierta sobre los presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en el udaleku alavés de Bernedo. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, evitó pronunciarse sobre la responsabilidad institucional que pudiera haber detrás de este caso o los fallos que se hayan podido cometer en el transcurso de los hechos denunciados –han pasado cinco meses desde que la Er-tzaintza remitió al juzgado un atestado al respecto y se han abierto diligencias previas– y se limitó en varias ocasiones a reclamar «discreción» y «respeto» para que la Justicia pueda actuar. «Estamos hablando de unos casos donde hay menores implicados», resaltó Ubarretxena en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A pesar de la insistencia de los medios de comunicación presentes, la portavoz del Gobierno Vasco insistió en pedir «toda la discreción, respeto y diligencia que merece este caso». Subrayó que, efectivamente, hay abierto un atestado por parte de la Policía vasca y que hay varias denuncias «que están siendo investigadas». «Hay unas denuncias y un atestado que está en manos de la Justicia y, por tanto, vamos a dejar a la Justicia que actúe».