Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
Una de ellas corresponde a la familia de un menor que estuvo en Bernedo y la otra a la educadora de un centro de acogida de la Diputación
La Ertzaintza ofreció ayer una detallada cronología de los pasos que ha dado en el último año en torno al caso del udaleku de ... Bernedo y cifró en cuatro las denuncias contra la libertad sexual que se han presentado en Euskadi desde el pasado 25 de agosto. Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa desvelaron ayer algún detalle más a este periódico, de donde se concluye que Gipuzkoa es el territorio que más denuncias ha registrado hasta el momento, ya que suma dos, por una de Álava y otra de Bizkaia.
Las cuatro denuncias presentadas ante la Ertzaintza a día de hoy son «de una familia guipuzcoana, de la educadora de un centro de acogida de Gipuzkoa, de una familia de Álava y de otra de Bizkaia», aseguran las mismas fuentes. Por su parte, el comunicado emitido ayer por la Ertzaintza confirma también que las primeras pesquisas de este caso se iniciaron «a finales de 2024», aunque un momento clave de la investigación fue la declaración escrita que presentó el 22 de enero de 2025 una educadora social de la Diputación en la ertzain-etxea de Zarautz. En aquella primera denuncia ya se hablaba de prácticas vejatorias y sexualizadas con menores, que podrían haber afectado al menos a tres de ellos.
Fuentes de la Fiscalía apuntan ahora que «solo uno» de los 10 jóvenes tutelados por la Diputación de Gipuzkoa que han pasado algún verano en udalekus gestionados por la asociación Sarrea desde 2021 «ha verbalizado las conductas que se están investigando». «El resto de jóvenes no ha revelado nada», indican. La Diputación decidió no enviar a ningún menor más a este campamento en el último verano a raíz de las quejas y denuncias recibidas por los menores tutelados.
Desde el ministerio fiscal explican que, una vez que el juzgado de instrucción número 3 de Vitoria ha incoado diligencias previas sobre este asunto después de cinco meses de inacción, «ahora dicho juzgado deberá recopilar información, preconstituir pruebas de declaraciones de víctimas y tomar declaración a los presuntos responsables». Es decir, que la investigación va para largo.
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