Un juzgado de Vitoria inicia la investigación por el udaleku alavés tras no actuar en cinco meses

La Ertzaintza confirmó ayer que, por el momento, tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en los campamentos que gestiona Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea. La primera se registró el pasado 25 de agosto y las tres últimas, el pasado viernes. Sin embargo, las pesquisas policiales se iniciaron mucho antes, «a finales de 2024», según detalló la propia Ertzaintza en un comunicado. La Policía vasca indicó que «tuvo conocimiento a finales de 2024» de posibles hechos delictivos ocurridos en Bernedo, «tras una conversación con las personas implicadas». En ese momento se procedió a la apertura de las primeras diligencias policiales, que contaron también «con una declaración escrita del 22 de enero de 2025 de una persona del entorno de un menor que había acudido a los udalekus». Era una educadora social de la Diputación de Gipuzkoa.

La Policía vasca asegura que «inmediatamente» inició una investigación en la que, entre otros, se tomó declaración a diferentes figuras con participación en los udalekus. «Tras recabar toda la información, el 30 de abril de 2025, a las 10.51 horas, se remitió el atestado al juzgado». La Policía vasca añade que el pasado 23 de septiembre –es decir, hace justo una semana– «se realiza otra remisión del atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado».

Pero, ¿qué pasó para que ese primer atestado de la Ertzaintza no activase todas las alarmas sobre las prácticas que se desarrollaban en el udaleku de Bernedo? La respuesta la ofreció ayer la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que censuró que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria tuvo parada la investigación y que la Unidad Central de Menores de la Ertzaintza en Erandio no realizó la preceptiva comunicación a la Fiscalía del traslado del atestado a los juzgados. «Como ha pasado en otras ocasiones, el atestado se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada», denunció Adán, por lo que la Fiscalía se enteró de este caso «por los medios de comunicación».

A juicio de la fiscal superior vasca, «la Unidad Central de Menores tenía que haber dado cuenta a Fiscalía», que esperaba que «hubiera un mensaje de coordinación suficientemente estable como para tener conocimiento» de unos hechos de esta naturaleza, que «tampoco llegaron a ninguna de las secciones de Menores de la Fiscalía». Adán explicó que «la norma dice que, al tiempo que se entrega un atestado, se entrega la copia del atestado en Fiscalía» y, desde que se ha implantado el expediente electrónico, «se entrega de una sola forma». «Si se llega con el atestado a ese sitio informático y no llega a Fiscalía, nosotros desconocemos que existe esa actuación policial en el ámbito del juzgado», advirtió. «Si tampoco la Policía da cuenta de que ese caso ha llegado al juzgado, no podemos ni impulsar, ni coordinar, como hemos hecho ahora, para que inmediatamente se ponga en marcha todo lo que es la actuación judicial», añadió.

Fuentes del TSJPV confirmaron ayer que un juzgado de Vitoria ya está incoando las diligencias previas por el caso del udaleku de Bernedo, después de que el 25 de septiembre –el pasado jueves– ordenara su apertura, tras la revelación del caso por parte de este periódico. Desde el juzgado se informó ayer de que el atestado sobre este caso «entró en mayo por reparto» en el juzgado de instrucción número 3 de Vitoria. Sin embargo, no fue hasta el 25 de septiembre, cuando el caso ya había salido a la luz pública, cuando el juez ordenó abrir diligencias previas. Pasaron cinco meses entre una fecha y otra.

La Ertzaintza ofreció ayer una cronología detallada sobre cuándo recibió los primeros indicios de presuntos delitos contra la libertad sexual –«a finales de 2024»– y cuándo se han presentado las primeras denuncias formales, la primera de las cuales no se registró hasta el pasado 25 de agosto. La Policía vasca señala que «la primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo». Por otro lado, «el pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias, en las ertzain-etxeas de Laudio, Vitoria y Zarautz (Urola Kosta), contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los udalekus de Bernedo». La Ertzaintza continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos.

Una pregunta que se cierne sobre este caso es cómo es posible que si tanto la Diputación de Gipuzkoa, como la Ertzaintza y un juzgado de Vitoria tenían constancia de presuntas prácticas delictivas –o al menos inapropiadas– en el udaleku de Bernedo desde, al menos, abril de 2025, no se pusieran los medios para evitar que pudieran repetirse este último verano. La diputada foral de Cuidados y Política Social de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Peña, fue preguntada ayer sobre ello por este periódico. ¿Si se decidió que los menores tutelados no acudieran de nuevo al udaleku de Bernedo este verano por qué no se alertó al resto de la población? Peña se escudó en que las presuntas víctimas «son menores de edad», por lo que «no puedo ni debo pronunciarme teniendo en cuenta la protección sobre este colectivo». Se limitó a afirmar que «estamos en un momento en el que las investigaciones y el proceso judicial están abiertos, y sí quiero decir que desde el primer momento se han dado todos los pasos que tenían que darse desde la Diputación».

En el acta que la Ertzaintza remitió a un juzgado de Vitoria en abril, tal y como adelantó este periódico la semana pasada, se hacía referencia a un mínimo de tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa, quienes habían confesado a sus educadores cómo los monitores iban semidesnudos, les hacían insinuaciones sexuales, debían ducharse con esos adultos sin distinción de sexo y cómo a una le obligaron a «chupar un dedo del pie» de un responsable. Una chica que, además, había sufrido abusos en el pasado.

La presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ofreció ayer una rueda de prensa en la que subrayó que su partido «activará todos los mecanismos de investigación posibles para dirimir responsabilidades ante la evidente inacción de las administraciones competentes en menores, empezando por la Diputación de Gipuzkoa».

Por su parte, la Diputación de Bizkaia admitió ayer que en 2019 recibió un escrito de una familia vizcaína que puso en su conocimiento lo que sucedía en las colonias organizadas en Bernedo por la asociación Sarrea. Lo hizo después de que su hija, que entonces tenía 10 años, les contase lo que había vivido durante las dos semanas en las que estuvo en aquel campamento. La institución foral recibió esa queja en noviembre de ese año, pero apunta que «no tenemos competencia para regular udalekus privados», por lo que la trasladaron al hoy desaparecido departamento de Juventud del Gobierno Vasco.