El Gobierno Vasco afirma que el udaleku de Bernedo, con 19 denuncias, era «clandestino»
Melgosa defiende que «se está actuando con diligencia desde la Administración» mientras que el PP critica la «pasividad» del Ejecutivo
El caso del udaleku de Bernedo, que acumula ya 19 denuncias ante la Ertzaintza por supuestas agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual, además ... de otras tres quejas en Emakunde, centró gran parte de un tenso debate en el pleno de control del Parlamento Vasco celebrado este viernes. Ha sido la consejera de Juventud, Bienestar y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la encargada de defender la actuación del Gobierno Vasco y responder a la batería de preguntas que lanzaron los grupos PP y VOX ante la ausencia del lehendakari, Imanol Pradales, quien en principio iba a responder a estas cuestiones pero ha abandonado la sesión por motivos de agenda. No obstante, tras la firma con la presidenta de Navarra, María Chivite, del 'Protocolo General de Colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi', se ha referido por primera vez en público sobre el caso del polémico campamento. A este respecto ha señalado que «la responsabilidad de un presunto delito, que habrá que ver si se ha cometido», corresponde a la asociación organizadora del campamento de Bernedo. «La prioridad absoluta» del Gobierno Vasco es «la seguridad y protección de los menores» y, por lo tanto, «la justicia debe dirimir si ha habido personas que han podido cometer hechos constitutivos de delito cuanto antes», ha indicado.
La discusión en el Parlamento Vasco, que ha comenzado con una interpelación sobre la falta de transparencia y control del Ejecutivo vasco y las diputaciones vascas sobre los campamentos organizados por la asociación Sarrea Euskal Udalekua, derivó en un duro cruce de acusaciones y alusiones personales. El parlamentario y presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha señalado directamente al lehendakari sobre la «pasividad» y la «indolencia repugnante» mostrada ante los hechos ocurridos en Bernedo pero «ni siquiera da la cara», ha criticado en referencia a su ausencia. De Andrés ha censurado la forma en la que se ha respondido desde las instituciones a los presuntos casos de agresiones sexuales y vulneraciones de la libertad sexual cometidos contra algunos de los menores de edad que acudían a estas colonias, y especialmente apuntó a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco. Según ha afirmado, pese a que la Ertzaintza tenía constancia desde 2024 de posibles agresiones sexuales en estas colonias, se actuó con «absoluta indolencia» y estas presuntas prácticas se podrían haber evitado durante este último verano «con un funcionamiento adecuado de la Ertzaintza».
En dicho informe «se afirmaba que se tenía conocimiento de prácticas abusivas de índole sexual y de género, como las duchas compartidas o bailes desnudos alrededor de la hoguera. ¿Por qué se ocultó este informe?», ha cuestionado, siendo especialmente crítico con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para quien ha pedido su dimisión. «Tiene una responsabilidad directa, porque esto ha continuado y lo han tratado con el más absoluto desinterés. No escurra el bulto como ha hecho el lehendakari. Lo sabían y lo han ocultado, es para que se vaya a su casa», le ha reprochado.
El presidente de los populares vascos también ha sido crítico con el Departamento de Juventud así como con la Diputación Foral de Gipuzkoa -que decidió no enviar a los menores tutelados a este udaleku a raíz de las quejas y denuncias recibidas el año pasado «pero sí permitió que fueran los demás» niños- y con la Diputación Foral de Álava a la hora de reaccionar ante las primeras denuncias por estos supuestos hechos.
Por su parte, la consejera Nerea Melgosa ha defendido que «la Administración está actuando con diligencia» y ha afirmado que la asociación responsable del campamento de Bernedo «no comunicó en ningún momento su actividad», por lo que «incumplió la ley» al celebrar estas colonias de forma «clandestina». «La organización de este campamento se ocultó a los ojos de la Diputación, impidiendo su trazabilidad y su control», a pesar de que la Diputación de Álava reconoció hace unas semanas que «desde hace muchísimos años» conocía la existencia del campamento de Bernedo. Melgosa ha desviado competencias y puso el foco en que «la responsabilidad de lo ocurrido recae sobre los y las posibles infractoras» y «las y los organizadores».
También ha afirmado que «algunos de los hechos vividos en este lugar nunca tuvieron que ser vividos por los menores, y parece que los vivieron». «Este tipo de hechos no son aceptables y los condenamos con rotundidad. Tenemos que aprender de lo ocurrido», ha añadido.
En respuesta a las críticas de Javier De Andrés, la consejera ha subrayado que el Gobierno Vasco actuó «desde que tuvo constancia de lo ocurrido. El primer paso ha sido recabar toda la información y ponerla a disposición de la Justicia. Estamos analizando qué ha podido fallar; todo para evitar que algo así pueda volver a ocurrir», ha señalado Melgosa, que aseguró que «se están mejorando los procedimientos con el máximo rigor y con la máxima autoexigencia».
Además, ha recalcado que ya se ha activado una mesa de coordinación junto a las diputaciones forales y los ayuntamientos, y que se van a «reforzar» todas las herramientas necesarias para mejorar el control de estas actividades. «Estamos actuando con diligencia en el ámbito administrativo y facilitando la labor al Poder Judicial», ha trasladado.
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, también ha dirigido a Melgosa una pregunta sobre este asunto, y criticó que desde las administraciones no se hayan evitado situaciones como las de «niños y niñas obligados a ducharse juntos con los monitores también desnudos» o paseos de monitoras «en toples» . También ha recordado la cronología del caso, cuya primera queja data del 2019, y «nadie hizo nada», lo que evidencia «el mal funcionamiento del sistema judicial y la inacción institucional».
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