La instrucción judicial por la OPE de Osakidetza se prolongará al menos hasta febrero de 2020

La investigación judicial por las supuestas irregularidades en la OPE de Osakidetza va para largo. Lo habitual suele ser que un proceso de este tipo se prolongue durante seis meses, pero la complejidad del caso, ya con tres imputados, a los que podrían sumarse más, junto a los testigos que tendrán que ser llamados a declarar -en total, como poco, 16 personas- hace más que probable que el juez instructor prorrogue el proceso, al menos durante doce meses, que podrían ser finalmente hasta 18. En el primer supuesto la instrucción acabaría en febrero de 2020 y en el segundo, muy posiblemente en septiembre, si se tiene en cuenta que agosto es inhábil.

Desde el punto de vista político, la segunda sería la peor opción para el lehendakari Iñigo Urkullu, que tiene de plazo precisamente hasta septiembre de 2020 para convocar las elecciones autonómicas. La campaña podría coincidir así con el final de la instrucción. Para el candidato jeltzale sería la peor información en el peor momento.

Antes, sin embargo, tienen que pasar otras cosas. El informe elaborado por la Fiscalía Superior del País Vasco -que imputa un delito de revelación de secreto a tres médicos de Osakidetza y sospecha de colaboración en las filtraciones de exámenes de tres cargos públicos-, pasará ahora a un juzgado de instrucción de Vitoria. El regreso del asunto a la capital alavesa tiene que ver, según han informado a este periódico fuentes jurídicas, con el lugar donde tiene su sede social el Servicio Vasco de Salud.

La designación de un juzgado u otro suele seguir sobre todo dos criterios, que poco tienen que ver uno con el otro. Unas veces, el caso le llega al juez que tiene menos carga de trabajo, y otras la elección se hace por sorteo, una solución que bien podría ser la finalmente aplicada, dado el impacto que, con toda seguridad, tendrá este proceso en la opinión pública.

Si el juez sigue las indicaciones que la fiscal Carmen Adán del Río le ha dado en su informe, parece lo lógico que los primeros en declarar sean los diez testigos citados en él, que son la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que presentó su dimisión tras conocerse las conclusiones finales de la investigación institucional, los tres anestesistas afiliados al sindicato ESK que acertaron ante notario las cuatro mejores notas de su categoría, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez; la directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), María Teresa Iruretagoyena; su secretario, Fulgencio Aledo; el representante sindical de ESK Francisco Javier Nicolau y tres médicos miembros de tribunales, Ángel Antonio de Loma, Izaskun Obieta y José Javier Urréjola.

Después, si no se llama a declarar a nadie más, 'desfilarían' los tres médicos acusados de «filtración de secreto por funcionario público», César Augusto Valero, María Reyes Vega Manrique y José Luis Cabriada Nuño. Los últimos en prestar declaración serían los tres altos cargos de Osakidetza, que en función de lo que se descubra durante la fase de investigación intervendrían como testigos o como imputados: el dimitido director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto; su subdirector, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.

Precisamente ayer, el sindicato ESK pidió la dimisión de estos dos directivos aún en activo. «No se entiende bien que uno dimita y no lo hagan los otros dos, cuando la fiscal cita a los tres como posibles sospechosos del fraude», dijo el portavoz sindical, Nicolau. La central también reclamó al lehendakari, Iñigo Urkullu, el cese del consejero de Salud, Jon Darpón, por su supuesta «connivencia con la trama».

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, declaró por su parte que el sindicato se reunió con Darpón al principio de la legislatura para informarle de lo que estaba ocurriendo. «Ahora, debería dimitir», afirmó.