El Gobierno Vasco cede, las diputaciones regularán el impuesto turístico y la norma se retrasa así hasta fin de año
El consejero Hurtado achaca a las haciendas forales que no haya aún una propuesta acordada y Gipuzkoa responde que «se trabaja para presentar una hacia fin de año»
El impuesto turístico que gravará las pernoctaciones en los alojamientos de Euskadi no se regirá por una normativa autonómica, como apuntaba a ser en un ... principio y como sucede en Cataluña y Baleares, las dos comunidades donde ya se aplica. Serán las diputaciones de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia las que reglamenten un tributo que será de naturaleza municipal (lo recaudarán los ayuntamientos y habrá un posterior reparto entre administraciones) y regulado por una norma foral en cada territorio. El departamento de Turismo del Gobierno Vasco, en manos del PSE, ha cedido a la pretensión del PNV de que, como la mayoría de impuestos en Euskadi, este también sea territorial y no autonómico.
Esta cuestión, en apariencia irrelevante para el ciudadano, es troncal en la compleja arquitectura institucional vasca y es, de hecho, el principal elemento que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen.
El consejero de Turismo, Javier Hurtado, que en octubre se había comprometido a presentar en seis meses un proyecto consensuado entre instituciones, partidos y sector, ha achacado este lunes a las haciendas forales (las tres gestionadas por el PNV) la responsabilidad de que no se haya podido cumplir el plazo y de que Euskadi no tenga aún un proyecto concreto de impuesto turístico. «Todos sabemos por experiencia que las diputaciones pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros, quizá no tanto», ha llegado a decir en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno Vasco.
La declaración ha escocido tanto en el PNV como en la Diputación de Gipuzkoa que, no obstante, no han querido alentar un cruce de declaraciones precisamente cuando parece que se ha alcanzado un consenso sobre la formulación del impuesto tras meses de debate. Fuentes de esta última se han limitado a señalar que «las tres haciendas de Euskadi, junto con el departamento de Turismo y los agentes del sector, seguimos trabajando con el objetivo de presentar una propuesta en las tres Juntas Generales (los parlamentos provinciales) hacia finales de año», poniendo así una nueva fecha en el horizonte. Gipuzkoa confirmaba así lo que ya apuntó este periódico el pasado 22 de junio, que el retraso en diseñar el impuesto turístico vasco impide que pueda entrar en vigor este año y habrá que esperar como mínimo a 2026 para poder implementarlo.
Autonomismo vs foralidad. El principal factor que explica el retraso en elaborar un proyecto de normativa para el impuesto turístico ha sido, según fuentes conocedoras del proceso, determinar si debe ser autonómico o territorial. El consejero de Turismo y el PSE siempre han defendido la primera opción. Un gravamen vasco cuya recaudación luego se repartiría con otras instituciones, principalmente los ayuntamientos, que son a los que más gasto adicional les supone la llegada de turistas (limpieza, transporte, seguridad ciudadana...).
Así lo entendían también las instituciones que con más insistencia han pedido este tributo, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Gipuzkoa, ambas con dirigentes del PNV a la cabeza. El alcalde donostiarra, Eneko Goia, pedía por ejemplo en agosto de 2022 a los partidos que legislasen el impuesto turístico en el Parlamento Vasco, puesto que «está claro que el Ayuntamiento no tiene facultades» para ello y «es dudoso que la Diputación de Gipuzkoa pueda hacerlo». Un año más tarde, en julio de 2023, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, señalaba que las administraciones provinciales «no tienen competencia para poner una tasa turística».
Pero la postura del PNV ha evolucionado con el tiempo hacia la defensa de que los territorios sí son competentes para legislar este tributo, y ese habría sido el principal debate mantenido en los últimos meses, según las mismas fuentes. Ayer mismo, tras las palabras de Hurtado, la Diputación de Gipuzkoa subrayaba que «este impuesto habría que impulsarlo en el marco de una norma foral tramitada en las Juntas Generales cuya implantación hay que consensuar con los ayuntamientos».
El PNV gana el debate. En la negociación se han entremezclado las diferentes posturas entre instituciones (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) y partidos (PNV y PSE). De los trabajos técnicos que desde octubre han llevado a cabo los departamentos de Turismo (PSE) y Hacienda (PNV) del Gobierno Vasco, derivaron dos posibilidades: alumbrar un impuesto autonómico o uno municipal regulado en cada territorio mediante norma foral. Cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. El PSE defendía el primero y el PNV el segundo. Finalmente ha resultado elegida la opción del socio mayoritario. Hace escasos quince días el lehendakari, Imanol Pradales, ya anticipaba un acercamiento de las posturas al asegurar durante un foro organizado por DV que «Euskadi tendrá su impuesto turístico en poco tiempo».
Hurtado rompe su silencio. El proceso de negociación del impuesto turístico se ha llevado con inusual discreción. Hasta que este martes el consejero de Turismo ha situado en las diputaciones, y más concretamente en las haciendas forales, la responsabilidad de no haber podido presentar una propuesta de gravamen consensuada en el tiempo prometido y de que no haya todavía un proyecto concreto.
Ha asegurado que sí existe una propuesta «elaborada en tiempo» por parte del Gobierno Vasco, que ha sido diseñada «de forma coordinada» entre Turismo y Hacienda, al cual ha agradecido «su trabajo» en esta materia. «Hemos trabajado con rigurosidad y discreción. Y cumplimos», ha aseverado.
Ahora bien, ha subrayado que «las vías necesarias que pueden llevar a buen término la propuesta que hemos trabajado pasan inexorablemente por la coordinación, colaboración y participación de las haciendas forales. Por lo tanto, llegados a este punto, el manejo de los tiempos ya no está solo en nuestras manos; hay otras instituciones implicadas».
Hurtado ha rehuido ofrecer más detalles, pero de sus palabras se infiere que el Gobierno Vasco tendría elaborado un proyecto de normativa para un impuesto autonómico que habría sido desechado por el giro de los acontecimientos y la apuesta del PNV por el tributo territorial. Respecto a los plazos previstos, ante el nuevo escenario el consejero ha señalado que se hará «todo lo posible» para que el impuesto sea una realidad «cuanto antes, pero ya no solo depende de nosotros». Incluso ha deslizado que «sabemos por experiencia que las diputaciones pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros, quizá no tanto». En cualquier caso, ha remarcado que su departamento «ha puesto en manos de las diputaciones el trabajo realizado» por el Gobierno Vasco, que ha esperado «contribuya a facilitar la labor de las haciendas forales y podamos ver resultados más pronto que tarde».
Gipuzkoa se fija final de año. La Diputación de Gipuzkoa respondió que las partes implicadas «siguen trabajando para presentar una propuesta hacia finales de año».
Harán falta más apoyos. La derivación del impuesto turístico desde el Parlamento Vasco a las Juntas Generales hace que aparezcan nuevas incertidumbres para su aprobación y puesta en práctica. En la Cámara de Vitoria PNV y PSE suman mayoría absoluta, por lo que un acuerdo entre ambos sería suficiente para sacar el proyecto adelante. Sucede lo mismo en Bizkaia, pero no así en Gipuzkoa ni en Álava, donde los socios de coalición suman 24 de 51 escaños en ambos casos. Quiere ello decir que para que el impuesto turístico salga adelante en estos territorios hace falta el acuerdo con al menos un partido de la oposición (EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos). Tras conocer la intervención de Hurtado, EH Bildu ha reiterado su defensa de que exista un impuesto de este tipo, pero habría que ver si compartiría el texto que acordasen PNV y PSE. Este martes ha pedido que los ingresos se destinen a «cubrir los gastos que el turismo genera en la localidad».
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