El retraso en diseñar el impuesto turístico vasco impide que pueda entrar en vigor este año

Habrá que esperar a 2026, como pronto, habida cuenta de que, salvo sorpresa de última hora, lo poco que parece claro es que se tratará de un impuesto de alcance autonómico, que en virtud del reparto competencial vasco deberá ser regulado por las Juntas Generales de cada territorio y será recaudado por los ayuntamientos que así lo decidan. Es decir, participarán los tres ámbitos competenciales: autonómico, territorial y municipal. La tramitación legislativa propia de estos casos dificulta que el recargo pueda ser una realidad antes de fin de año.

Los planes del departamento de Turismo de poder presentar una propuesta antes de abril han saltado por los aires por las diferentes posturas que mantienen los socios de Gobierno (PNV y PSE) por un lado, y las distintas sensibilidades que hay en torno al impuesto en los diferentes municipios y territorios vascos, incluso con dirigentes del mismo partido.

La existencia de un recargo a las pernoctaciones es una cuestión liderada en Euskadi por el Ayuntamiento de San Sebastián, que defiende su creación para sufragar parte del sobrecoste que supone la llegada de turistas en servicios como limpieza, seguridad, transporte, mantenimiento urbano...

El concejal de Cultura, Euskara y Turismo, Jon Insausti (PNV), defiende que el impuesto turístico «repercutirá positivamente en las arcas municipales» y esos ingresos «permitirán atender mejor las necesidades de los donostiarras. Revertirá por tanto en la ciudad y en sus habitantes, y es un instrumento para que el turismo beneficie directamente a los donostiarras» y a los vecinos de «aquellos municipios que más presión turística tienen». Zarautz es otra de las localidades que se ha mostrado firme partidaria de implementar este gravamen.

A comienzos de año el alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV),calculó que la ciudad dejó de ingresar el año pasado «entre 7, 5 y 8,5 millones de euros» por la ausencia del impuesto. La estimación se efectuó sobre la hipótesis de una media de 3,5 o 4 euros por turista contribuyente, teniendo en cuenta que en Donostia se contabilizaron dos millones de pernoctaciones. La capital de Gipuzkoa ha defendido desde un inicio que los ingresos obtenidos por este impuesto reviertan íntegramente en los municipios que libremente decidan implantarlo.

El departamento de Turismo del Gobierno Vasco, bajo gestión socialista, considera en cambio que esos recursos deben distribuirse entre las cuentas municipales y las arcas del Gobierno Vasco, para con las segundas financiar medidas de promoción y apoyo al sector (campañas turísticas, formación, ayudas al sector...).

La resolución de este debate, el diseño técnico del impuesto y la plena cobertura legal de la normativa que lo ampare, estarían detrás del retraso acumulado, coinciden varias fuentes consultadas. Respecto al último punto, el de la seguridad jurídica, algunas de ellas recuerdan que este tipo de medidas deben ir acompañadas de diversos informes de impacto (competencial, económico, de género...), que de no estar realizados adecuadamente pueden ser motivo suficiente para tumbar una normativa, como ha sucedido con varias zonas de bajas emisiones (ZBE) en España.

Sea como fuere, la solución está próxima. El lehendakari, Imanol Pradales, anunció la semana pasada en un foro en DV que Euskadi tendrá su impuesto turístico «en poco tiempo», mientras otras fuentes corroboran que «en las últimas semanas se han acercado bastante las posturas y parece que se está encauzando el acuerdo». Sobre esta cuestión, Insausti confía en que ese consenso pueda cerrarse «a lo largo de este verano, de forma que pueda implementarse en 2026».