Las claves del fraude de la OPE de Osakidetza en 22 preguntas y respuestas

La reposición de puestos de trabajo en la Administración pública ha estado limitada desde el año 2012 a las condiciones fijadas en los Presupuestos Generales de la Administración del Estado. Formaba parte del paquete de medidas de carácter general implantadas por el primer Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis. En ese tiempo, la mayor empresa de Euskadi, Osakidetza, con 26.400 trabajadores que llegan a los 30.000 con las contrataciones temporales, se ha visto obligada a realizar convocatorias de empleo muy limitadas, que no han permitido renovar una plantilla envejecida.

Osakidetza podía haber optado por convocar varias OPE. Esa era, de hecho, su intención, pero a la hora de tomar la decisión pesó más el objetivo de realizar una convocatoria que contara con apoyo sindical.

Los sindicatos que apoyan la OPE supeditaron su apoyo, entre otras condiciones, a que hubiera una convocatoria general que abarcara a las 86 categorías laborales de Osakidetza. La Oferta Pública de Empleo incluyó no sólo personal sanitario, sino también de servicios de todo tipo. Eso, unido a la necesidad de estabilizar el empleo temporal, desencadenó una OPE de un volumen gigante. Más de 96.000 aspirantes competieron por 3.335 plazas.

La convocatoria contó originalmente con el apoyo de los partidos políticos y tres centrales sindicales, Sindicato Médico, el de enfermería SATSE y UGT. No la respaldaron ELA, ESK, CC OO, LAB ni el de auxiliares de enfermería SAE.

Los tribunales son órganos independientes que están integrados por personal fijo de Osakidetza, normalmente en el caso de las OPE médicas por jefes de servicios médicos o adjuntos y superiores. El nombramiento de sus miembros lo hace la dirección general de Osakidetza, buscando una representación equilibrada tanto de los distintos centros como de hombres y mujeres.

Las bases y los temarios fueron pactados con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Osakidetza el pasado 16 de enero. Al Instituto Vasco de la Administración Pública se le encargó la elaboración de los exámenes teóricos, tipo test, de 100 preguntas. Para ello, el IVAP contactó con 141 expertos de reconocido prestigio, de dentro y fuera de Euskadi, lo que permitió elaborar más de 9.000 preguntas. Los tribunales son órganos autónomos con capacidad de validar la prueba. En el caso de los médicos, sus miembros deciden también el ejercicio práctico.

El trabajo se desarrolla en habitaciones sin internet, wifi, ni impresoras, salvo cuando se trata de hacer copias, que están vigiladas por un miembro del IVAP. En Vitoria, las fotocopias se realizaron en el Gobierno vasco y los exámenes se guardaron en una habitación de Lakua de la que sólo existe una llave. No hay más copias. En Bizkaia, el fotocopiado se contrató con una empresa y la guarda se realizó en un espacio seguro del BEC. Agentes de seguridad custodian cada traslado de exámenes.

En teoría, ninguna, salvo que se forme parte del equipo que los confecciona. Hasta el fotocopiado de los exámenes está minuciosamente reglado para evitar que las hojas puedan ser manipuladas. Pero el hecho cierto es que se produjeron irregularidades que están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria.

En teoría, tampoco copiar era posible. Sobre la mesa de los opositores sólo podía haber la hoja de examen y un bolígrafo azul o negro. Los opositores tampoco podían tener encendido ningún tipo de equipo electrónico. Sin embargo, en el BEC de Barakaldo, una vez conocidas las irregularidades en las OPE de los médicos, la Ertzaintza controló el resto de pruebas con radiofrecuencia para evitar que se copiara por métodos electrónicos.

La convocatoria tiene dos partes. En el caso de los médicos, la de oposición vale 100 puntos, de los que 65 pueden ganarse con el examen teórico y los otros 35 con el ejercicio práctico. Para aprobar hay que sacar cómo mínimo 50. En la fase de concurso, hay en juego otros 98 puntos de los cuales 60 se obtienen por experiencia; 20 por formación, docencia e investigación. El euskera da los otros 18. Si se acredita el perfil lingüístico 2 (PL) son 18 puntos y la mitad, 9, con el PL1.

La polémica estalla el 1 de junio, cuando un cirujano del hospital Donostia, miembro del tribunal de Angiología y Cirugía Vascular, José María de Egaña, denuncia en una carta a Osakidetza –y que también hizo pública– que cuatro de los cinco aprobados en el examen trabajan en el hospital de Basurto, algo que calificaba de «insólito». Habían suspendido 26 de los 31 opositores. Cuatro días después, Podemos y el sindicato ESK anuncian que acertaron ante notario la identidad de los cuatro opositores que sacarían más nota en la especialidad de Anestesia, los cuatro del hospital Araba.

Existen hechos que apuntan en ese sentido hasta el punto de que la Fiscalía, en su informe al juez, señala como imputados a tres jefes de servicio y apunta la posibilidad de irregularidades en un total de once categorías. Hasta el catedrático José Muñiz, responsable del análisis psicométrico de los exámenes, asegura que hay «anomalías compatibles con una filtración» pero hacen falta pruebas que lo demuestren.

Osakidetza han decidido repetir los exámenes de Cardiología, Anestesia y Angiología y Cirugía Vascular. Pero el informe que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, remitió al juez instructor señala que existen indicios suficientes para que se indague un posible fraude en un total de once categorías: Anestesiología y Reanimación; Angiología y Cirugía Vascular; Aparato Digestivo; Cardiología; Traumatología; Cirugía Plástica; Urología; Medicina Intensiva; Urgencias Hospitalarias; Microbiología; y Cirugía Cardiovascular. En su escrito se llega a decir que «hubo actuación y voluntad clara de favorecer a unos opositores frente a otros proporcionándoles los exámenes».

Sí. En Pediatría Hospitalaria tuvo que suprimirse una pregunta en la parte práctica sobre una enfermedad rara, la fiebre Q crónica, tan infrecuente en niños que no entraba en el temario. El caso había sido visto en el servicio de un miembro del tribunal. Entre los opositores figuraba una persona de su equipo.

Más allá de la investigación judicial, Osakidetza ha abierto siete expedientes a otros tantos médicos. El jefe de Pediatría del hospital Araba está siendo investigado a nivel interno porque el examen incluyó un ejercicio práctico que podía favorecer a un médico de su confianza. Otros seis miembros del tribunal de Traumatología han sido expedientados por reunirse «en secreto, al margen de toda convocatoria oficial», y sin que Osakidetza supiera, a ciencia cierta, por qué motivo o con qué intenciones.

Por un lado ha habido una investigación interna por parte de Osakidetza. Cada tribunal llamó a declarar a varios opositores y evaluó el conjunto de los resultados. La decisión final se tomó teniendo en cuenta este proceso junto al informe psicométrico de la especialidad, elaborado por la Universidad de Oviedo. Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió su propia investigación a partir de las denuncias presentadas por los sindicatos ELA, LAB, CC OO y ESK. Es posible que el Parlamento vasco también abra su propia investigación.

Todos los exámenes de la OPE consisten en un test de 100 preguntas, con diez de reserva por si se anula alguna. Salvo las de los médicos, que incluyen un ejercicio práctico y real, que lleva a sospechar que permite favorecer a determinados especialistas.

Tres sindicatos, ELA, LAB y ESK, pusieron en manos de la fiscal superior del País Vasco; Carmen Adán, toda la documentación en sus manos para que investigara el fraude y determinara si puede exigirse algún tipo de responsabilidad penal. La investigación de la Fiscalía, en manos ahora del juez instructor, determinó que existen indicios suficientes como para que se indague un posible fraude no en los exámenes referentes a las tres categorías médicas originales, como concluyó en su investigación de Osakidetza, sino en un total de once.

La Fiscalía cita como imputados a tres médicos, sobre los que recaen las sospechas más evidentes de que «hubo actuación y voluntad clara de favorecer a unos opositores frente a otros, proporcionándoles directa o indirectamente el posible contenido del examen teórico y/o práctico». Los procesados son la jefa de servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital de Basurto, María Reyes Vega Manrique; el jefe de servicio de Anestesiología del hospital Araba, César Augusto Valero; y el recién nombrado jefe de servicio de Digestivo del hospital de Galdakao, José Luis Cabriada Nuño, redactor del examen de Digestivo, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en los exámenes de sus especialidades correspondientes.

La lista podría ampliarse en el curso de la investigación. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, sospecha que tres directivos de Osakidetza, los tres en puestos de confianza de libre designación, pudieron haber favorecido el fraude. Son el exdirector de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, el subdirector del área, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. La Fiscalía ha pedido al juez que estos tres sean los últimos en participar en el proceso de toma de declaraciones, al que serán llamadas un total de personas, por si su participación en los hechos juzgados obligara a cambiar su condición de testigos por la de imputados.

No. La exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, será llamada a declarar en el proceso como testigo, al igual que otras nueve personas más.

El proceso de toma de declaraciones comenzará la última semana de mayo, una vez que hayan pasado las dos convocatorias electorales previstas para los próximos meses (28 de abril, elecciones generales; y 26 de mayo, municipales y forales). Lo habitual es que un proceso de este tipo se prolongue durante seis meses, pero son tantas las personas que han de declarar antes de que arranque la vista oral que este trámite podría prorrogarse hasta los 18 meses, como contempla la legislación. En ese caso, comenzaría, como pronto, en diciembre de 2020.