El peaje para camiones ha generado en casi cuatro años 20 millones de beneficio para Gipuzkoa
La Diputación se abre a incorporar en el futuro canon tarifas reducidas para vehículos poco contaminantes «cuando lo permita técnicamente el sistema ViaT en España»
El peaje para camiones en los tramos guipuzcoanos de la N-I y la A-15 ha generado en sus casi cuatro años de existencia ... un beneficio de 20 millones de euros a Bidegi, la sociedad pública dependiente de la Diputación encargada de la gestión y mantenimiento de las carreteras de Gipuzkoa. Fondos que, según el Gobierno foral, servirán para el sostenimiento y mejora de la red viaria guipuzcoana y que, de no ser por el peaje «habría que sacar del presupuesto ordinario de la Diputación, restando así recursos a otras partidas». «Ejemplos de esas actuaciones serían las obras de los túneles de la A-15 que estén pendientes de su ejecución a partir de 2023 y que cuentan con un presupuesto de 35 millones, las mejoras de trazado de la N-I como la de Bazkardo en Andoain, cuyo presupuesto estimado es de más de 45 millones de euros, o diferentes actuaciones de mitigación del ruido».
Así lo ha hecho público este lunes la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), durante la presentación en las Juntas Generales (el parlamento provincial) del anteproyecto de norma foral que regulará el tercer canon para transportistas desde la implantación del primero en enero de 2018. Los dos primeros han sido declarados ilegales por la Justicia por «discriminatorios» hacia los conductores de paso respecto a los locales, al hacer de pago solo tres tramos estratégicos de estas carreteras. Es por ello que la Diputación ha diseñado un nuevo modelo en el que a partir de 2023 se cobrará el recorrido completo de estas vías. Esto es, 76,352 kilómetros frente a los 19,18 actuales.
El anteproyecto de norma ha iniciado este lunes su tramitación legislativa con idea de que pueda ser aprobado antes de fin de año y ser una realidad a comienzos de 2023, una vez se desplieguen los cuatro nuevos pórticos a lo largo del trazado (en Itsasondo, Tolosa y Lasarte-Oria en la N-I y cerca del túnel de Ondoilar en la A-15) y 109 lectores de matrícula en cada una de las 32 entradas y salidas existentes.
Oiarbide ha dado a conocer el beneficio obtenido en respuesta al juntero de EH Bildu Oskar Bordes, quien ha interrogado a la diputada sobre la capacidad que tendría Bidegi para hacer frente a las previsibles reclamaciones de los camioneros que han estado pagando, y siguen haciéndolo aún, este peaje declarado ilegal. Oiarbide ha especificado que la «caja de Bidegi» por el sistema AT asciende en estos momentos a 20 millones de euros, una vez descontados de los ingresos los gastos de mantenimiento y por obras de mejora realizadas en ambas carreteras. La diputada no ha especificado cuál ha sido la recaudación total obtenida hasta la fecha con este peaje.
Respecto a las eventuales reclamaciones, ha recordado que la sentencia no dice nada respecto a devolver el dinero a los camioneros, y que el cobro del canon «ha sido y es legal, pues se hace en cumplimiento de una norma foral vigente». De hecho, ha asegurado que el peaje se seguirá cobrando hasta que la sentencia invalidatoria sea publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG), circunstancia que aún no se ha producido. «Como todas las normas, leyes y decretos, hasta que no se publique no tiene efecto», ha recalcado Oiarbide.
Medio ambiente y descuentos
Los partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP) han criticado el «afán recaudatorio» del nuevo peaje y han reclamado a Oiarbide que instaure algún tipo de descuento por uso recurrente, al estilo del sistema Abiatu para turismos, y tarifas diferenciadas para los camiones con categoría Euro de bajas emisiones «si lo que de verdad se persigue es reducir el tráfico de vehículos de combustión e incentivar el transporte sostenible».
La directora de Infraestructuras Viarias, Silvia Pérez, ha explicado que «ahora no es posible técnicamente implantar tarifas blandas en función de las emisiones» porque «los dispositivos ViaT que se usan en España no incorporan la información de qué tipo de vehículo se trata, por lo que los lectores no pueden saber qué nivel de emisiones tiene y, por tanto, que tarifa debería aplicarle». «En cuanto esa información esté disponible (es posible en los nuevos ViaT2) y sea fiable, la Diputación está dispuesta a tarificar en función de la categoría medioambiental de los vehículos», ha adelantado.
Respecto a los posibles descuentos por uso recurrente, Oiarbide ha remarcado que tras los reveses judiciales recibidos, la prioridad de la Diputación ahora es «garantizar la seguridad jurídica de la norma y evitar cualquier resquicio a que alguien pueda interpretar que hay algún tipo de discriminación y pueda echar atrás también este peaje», por lo que ha apostado por el canon igual para todos en todas las circunstancias.
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