El Supremo da la puntilla al actual peaje para camiones, que tendrá que dejar de cobrarse

El segundo peaje, vigente desde mayo de 2019, ha seguido así el mismo recorrido que el primero, activo entre enero de 2018 y mayo del año siguiente, que también fue anulado por la Justicia.

De este modo, el recorrido judicial del polémico peaje llega a su fin y deberá dejar de cobrarse. ¿Cuándo? Cuando la Diputación sea requerida por el TSJPV a publicar su sentencia en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) para hacerla efectiva. No hay una fecha concreta. El Supremo debe dar traslado de su resolución al TSJPV, y este dar la orden a la Diputación. Fuentes del departamento de Infraestructuras Viarias estiman que «debería ser cuestión de unas pocas semanas», aunque insisten en que «depende de los tiempos judiciales».

En ese momento dará comienzo un periodo transitorio en el que los transportistas volverán a circular gratis por la N-I y la A-15. Será hasta finales de 2022 o, más posiblemente, comienzos de 2023. El año o año y medio que, según las previsiones de la Diputación, llevará aprobar la nueva norma de peajes (la tercera) e instalar los lectores de matrículas y sistemas de cobro en todas y cada una de las entradas y salidas de estas carreteras para hacer de pago todo el trazado y evitar así la «discriminación» observada por los jueces. Son un total de 32, desde la entrada a Gipuzkoa por Etzegarate hasta el pórtico de Astigarraga en dirección Francia, y hasta la muga con Navarra después de Berastegi por la Autovía de Leitzaran.

Porque lo que ha invalidado la Justicia al analizar el caso tras las denuncias del sector es el modelo que ha regido en Gipuzkoa durante casi cuatro años, no la existencia de un peaje para camiones. Un modelo en el que son de pago solo 16 kilómetros de carretera, establecidos en tres tramos (Etzegarate, Andoain y Astigarraga). La cuestión es que se trata de ubicaciones estratégicas (entradas a Gipuzkoa y el enlace entre las dos vías) que, en la práctica, dificultan sobremanera a los transportistas de paso saltarse los peajes y se ven forzados a pagar por cruzar el territorio, mientras los camioneros locales tienen buena parte de los recorridos gratuitos.

Es por ello que la Diputación se ha visto en la tesitura de enfrentarse a un 'todo o nada' para evitar diferencias de trato entre los transportistas guipuzcoanos y los foráneos. La segunda opción, la de renunciar al peaje, está descartada desde hace años, desde el momento en que todos los partidos aceptaron y acordaron que Gipuzkoa debe cobrar en todas sus vías de alta capacidad un canon para ayudar a costear el desgaste de una red viaria sobreutilizada por su ubicación geográfica y su carácter transnacional. Antes de la pandemia, en torno a 12.000 camiones circulaban cada día por estas carreteras.

Así que solo queda la otra opción. La de instaurar un peaje para todo el trazado.

Y en eso está el Gobierno foral. La última semana de julio hizo público el anteproyecto de norma foral que regulará bajo esa premisa el tercer peaje para camiones, con la esperanza de que sea el definitivo. Tras el preceptivo plazo de exposición pública y de presentación de alegaciones, el consejo de Gobierno de la Diputación tenía previsto aprobarlo a lo largo de este mes de septiembre. Aún no lo ha hecho, pero no tardará en hacerlo.

Una vez aprobado en el seno del Ejecutivo guipuzcoano, el proyecto pasará a las Juntas Generales (el Parlamento provincial) para su tramitación legislativa. La idea es que la norma pueda ver la luz antes de final de año.

Pero dada la complejidad de instalar sistemas de cobro en todas las entradas y salidas de ambas vías, la necesidad de proveerse de los equipos y el tiempo que se necesita para colocarlos, el proceso se prolongará durante cerca de un año, por lo que aunque la norma estuviera aprobada antes de que concluya 2021, lo previsible es que el futuro peaje no pueda empezar a cobrarse hasta 2023. En el propio anteproyecto de norma está establecido que la fecha tope para el inicio del cobro del peaje sea el 31 de marzo de 2023.

Entretanto, quedan algunas cuestiones por dilucidar. Los transportistas exigen a la Diputación que devuelva el dinero abonado durante estos años por unos peajes que han sido declarados ilegales. Por ahora no hay mandato judicial para ello, y no parece que el Gobierno foral vaya a hacerlo sin una orden de los tribunales.

También queda el recorrido de la querella criminal que las asociaciones de transporte han presentado contra la diputada de Infrastructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV) y Bidegi por no haber retirado ya el peaje. Y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que han presentado las instituciones guipuzcoanas al entender que en este proceso se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías al no consultar el Supremo al Tribunal de la UE antes de tomar su decisión. Este recurso es al margen del recorrido judicial ordinario.