Gipuzkoa recula y acepta suspender temporalmente el peaje para camiones

¿Cuándo será eso? Esa es la cuestión. Y no tiene respuesta por ahora. Aunque la sentencia es firme porque ha sido refrendada por el Tribunal Supremo (TS) hace poco más de un mes, el recorrido judicial no ha finalizado. La Diputación de Gipuzkoa presentó un incidente de nulidad contra la providencia del TS, y ese recurso está en marcha. Aunque no es un hecho contrastado, el Gobierno foral sospecha que si el letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV -al que correspondería dar la orden en un plazo de diez días- no ha ordenado aún la publicación, puede ser porque el incidente de nulidad no está resuelto y pueda estar esperando a ello.

De este modo, el peaje sigue de momento vigente y puede estarlo hasta hoy, dentro de una semana, un mes o un año. Dependerá de los tiempos de la Justicia, de si el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) reclama o no la ejecución de la sentencia, y de la respuesta que a esta cuestión pudiera dar el tribunal. El plazo podría alargarse si el Supremo acepta la reclamación de la Diputación de elevar una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su decisión, al tratarse los peajes de una trasposición de una normativa europea y que las propias autoridades comunitarias avalan el canon de Gipuzkoa.

La posible suspensión temporal del canon no supondrá ni mucho menos su adiós definitivo. Como está ya anunciado, la Diputación de Gipuzkoa prepara un tercer esquema que renuncia al modelo de tramos y hará de pago para los camiones todo el trazado por Gipuzkoa de la N-I y la A-15, incluyendo la Autovía de Leitzaran.

Es precisamente el rechazo de los tribunales al sistema de tramos ideado por el departamento de Infraestructuras Viarias que dirige Aintzane Oiarbide (PNV) por considerarlo «discriminatorio» para los camioneros que están de paso frente al transporte local, lo que ha «obligado» a la Diputación a extender el peaje a todo el recorrido de estas vías.

Territorios vecinos como Bizkaia y Navarra, que también han anunciado su intención de cobrar en el futuro a los camioneros por el uso de sus carreteras, trabajan con la premisa de hacerlo por todo el trazado de las vías, viendo el conflicto judicial en el que se ha visto envuelta Gipuzkoa.

La Diputación de Gipuzkoa trabaja ya en el diseño del nuevo peaje, que prevé tener aprobado en las Juntas Generales (el Parlamento provincial) antes de fin de año. La portavoz del Ejecutivo guipuzcoano, Eider Mendoza (PNV), dejó entrever ayer que esta tarea está bastante avanzada, ya que se publicará y se someterá al preceptivo proceso de exposición pública «en las próximas semanas». A partir de ahí, se iniciará la tramitación en las Juntas, y una vez aprobada la nueva norma, se iniciará el proceso para poner en marcha el nuevo peaje.

Y es que el Gobierno foral no ha renunciado a su idea de establecer un canon para los vehículos pesados que utilizan las vías de alta capacidad del territorio, al entender que es «la forma más justa para financiar el mantenimiento de las carreteras y evitar que todo el coste recaiga sobre el bolsillo de los guipuzcoanos a través del Presupuesto de la Diputación».

El viraje que se produjo este martes consiste en que, hasta ahora, el Gobierno foral tenía previsto aprobar un decreto foral-norma que diese amparo legal a la implantación de un peaje de transición durante el tiempo que transcurra desde que se haga efectiva la anulación del canon actual hasta la aprobación del nuevo.

Finalmente, la Diputación renuncia a esta opción y acepta la posibilidad de que la N-I y la A-15 vuelvan a ser gratuitas durante ese periodo transitorio. ¿Cuánto tiempo? Imposible saberlo ahora, ya que se desconoce cuándo se publicará la sentencia en el BOG y cuándo comenzará a estar operativo el nuevo.

Podría incluso darse la circunstancia de que el nuevo canon entrase en vigor antes de que la anulación del actual fuese efectiva. En ese caso, se pasaría de un esquema de peaje a otro sin paréntesis.

Mendoza fue la encargada de anunciar el cambio de estrategia en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno foral. Alegó que la Diputación se encuentra «en un limbo». Entre una sentencia firme que impide cobrar pero no está aún publicada, y una norma foral que obliga a recaudarlo. Recordó que la Diputación «no tiene potestad para derogar o suspender una norma aprobada por las Juntas Generales», por lo que su «obligación en el escenario actual es seguir cobrando» el peaje. «Hacer lo contrario sería incumplir la legislación vigente», exclamó respondiendo a las demandas de los transportistas.

Respecto a por qué renuncia al peaje de transición, explicó que «tras un análisis jurídico en profundidad, hemos optado por no añadir más incertidumbre a la ciudadanía e inseguridad jurídica a la normativa», toda vez que este canon también podría ser recurrido. De hecho, en el acuerdo del Consejo de Gobierno que validó ayer la decisión se admite que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «el recurso al decreto-ley se justifica solo ante un caso objetivo de extraordinaria y urgente necesidad».

En clave política interna, además, el embrollo judicial con los peajes había creado malestar en el PSE, socio de Gobierno del PNV en la Diputación.

Entre enero y abril de este año, el peaje para camiones de la N-I y la A-15 reportó a Gipuzkoa 3,5 millones de euros, a una media de 875.000 euros al mes, gracias a los cerca de 2,6 millones de pasos registrados. El arco más rentable es el de Etzegarate, con 1,28 millones recaudados, de los que 1,23 millones corresponden a los camiones más grandes, los de más de 12 toneladas.