Hiru denunciará a los responsables de Bidegi por mantener el peaje de la N-I y la A-15

El sindicato Hiru eludió este martes ofrecer detalles de la demanda. Esto es, contra qué personas concretas irá dirigida, si entre ellas está la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), o qué delitos se les imputa. Fuentes de la organización emplazaron a una comparecencia que tendrá lugar hoy al mediodía frente a los juzgados de Atotxa una vez se haya presentado la denuncia.

A falta de conocer los detalles, todo apunta a que el enfrentamiento entre transportistas y administración pública se traslada ya al ámbito personal. Hasta la fecha, las denuncias contra el peaje se habían centrado en la normativa que lo sustenta, sendas normas forales que han sido invalidadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) primero, y por el Supremo después.

El anuncio de Hiru introduce la polémica en una nueva esfera, al cargar directamente contra personas concretas en el ejercicio de sus funciones profesionales. En este caso, los responsables de mantener vigente el peaje.

A la espera de conocer los argumentos de Hiru, una posible falta podría ser la del delito de desobediencia, tipificada en el artículo 410 del Código Penal. Este punto establece que «las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

Este martes, el sindicato se limitó a señalar que acude a los juzgados a interponer una denuncia «para que el juez estime si hay delito». Ahora bien, en su argumentación ya da pistas de por dónde pueden ir los tiros. Denuncia las «artimañas judiciales de los responsables de Bidegi y la Diputación de Gipuzkoa que, ignorando las sentencias del TSJPV y del Supremo, siguen cobrando el peaje a los camiones a pesar de que ahora mismo no hay en vigor ninguna norma foral que lo regule». En opinión de Hiru, «la Diputación no tiene capacidad para ello», por lo que «denunciará la desobediencia de los responsables de Bidegi a las decisiones judiciales».

Como es sabido, el peaje para camiones en la N-I y A-15 en su trazado por Gipuzkoa entró en vigor en enero de 2018 y, tras una denuncia del Comité Nacional de Transporte por Carretera, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en abril de ese mismo año.

Los jueces avalaron la tesis de que era discriminatorio hacia los transportistas que entraban y/o salían del territorio frente a los locales. El motivo, que había únicamente tres tramos de unos pocos kilómetros sujetos a peaje y ubicados en puntos estratégicos, los extremos de la provincia (Irun y Etzegarate) y el enlace de ambas vías en Andoain, mientras que el interior de Gipuzkoa estaba mayoritariamente libre de canon.

Tras este fallo, la Diputación modificó el modelo cambiando de ubicación uno de los arcos de cobro (de Irun a Astigarraga) y ampliando a 16 kilómetros en total la longitud de vía de pago, aunque manteniendo el modelo de tres tramos de peaje. Tras una nueva denuncia, el TSJPV determinó nuevamente que es discriminatorio y, tras el recurso de la Diputación, el Supremo volvió a ratificar la sentencia.

Ante este nuevo revés, la Diputación ha anunciado que hará de pago todo el trazado de la N-I y la A-15. Elabora para ello una tercera norma foral que prevé tener aprobada a finales de año. Entretanto, prepara un decreto con el que pretende dar cobertura legal a seguir cobrando el canon a pesar de la invalidez de la norma que lo ha sustentado hasta la fecha.