La Justicia suspende el actual sistema de peajes a camiones en Gipuzkoa

La norma foral que está en vigor para cobrar un peaje a los camiones fue aprobada por las Juntas Generales hace tres años. Sin embargo, fue anulada en mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras un recurso de Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, al tacharla de «discriminatoria». Ante este pronunciamiento jurídico, la Diputación y las Juntas Generales decidieron presentar recurso ante el Supremo. Intento que el TS ha echado por tierra.

La razón que esgrime la Justicia para tumbar el actual sistema de peajes que la Diputación viene implantando desde 2018 es que el recurso foral presenta un «defecto de forma». Y el alto tribunal agrega que el recurso de la institución foral «carece de los requisitos mínimos exigibles para que proceda su admisión». Además, la patronal ha destacado que este último fallo del Alto Tribunal no puede ser recurrido.

Hay que recordar que la Diputación foral aprobó en primer término la norma foral 7/2016, que estableció el peaje para camiones en la N-I y la A-15 entre enero de 2018 y mayo de 2019. Esta fue la primera regulación sobre los peajes en estas carreteras y ya no está en vigor. Ese primer texto fue invalidado por el TSJPV en abril de 2018 tras un recurso presentado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Los peajes se siguieron cobrando al no ser una sentencia firme –los camioneros exigen a la Diputación la devolución de 15 millones de euros–, pero a raíz de ese fallo la Diputación y las Juntas aprobaron una nueva norma foral que entró en vigor en mayo de 2019 y que es la que estaba vigente hasta que el Supremo se pronunció ayer.

Fenadismer ha valorado «muy positivamente» esta decisión judicial, ya que supone un «verdadero triunfo» para el sector del transporte y un «aviso a navegantes» para todas aquellas Administraciones que plantean «medidas recaudatorias similares sin consenso previo con los sectores afectados».

Con todo, la Diputación foral, según ha anunciado en una nota el departamento de Infraestructuras Viarias liderado por Aintzane Oiarbide, anuncia que aprobará próximamente un Decreto-foral-norma para mantener el actual canon para camiones. Tras los últimos acontecimientos, la titular de las carreteras ha reconocido que el ente foral llevaba tiempo trabajando varios escenarios posibles como el que se ha abierto hoy. Por ello, la elaboración del Decreto Foral-Norma que permitirá seguir aplicando los peajes, así como la redacción de la tercera norma foral están en fases muy avanzadas, de manera que el decreto podría entrar en vigor en breve. «Seguimos defendiendo el interés común de los guipuzcoanos con normas aprobadas en Juntas Generales, donde reside la soberanía guipuzcoana y la premisa europea de que el peaje es el sistema social y ecológicamente más avanzado y por ello, daremos lo pasos que sean necesarios», ha remarcado.

Además, el ente foral avanza que solicitará que se presente una cuestión prejudicial ante la Comisión de Europa, al igual que se hiciera al conocer la sentencia contra la primera norma foral, que data de 2016. «Toda legislación europea debe ser consultada en instancias europeas y en estos casos no se ha realizado, generando una situación de indefensión manifiesta», denuncia Oiarbide, quien recuerda que la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje guipuzcoano en ningún momento».

Este pronunciamiento del TS sobre la validez del canon a camiones por el uso de las carreteras llega precisamente cuando a nivel estatal se está produciendo un intenso debate en relación a la propuesta del Gobierno de implantar peajes en todas las autovías del Estado. Una propuesta que cuenta con el rechazo inicial de las asociaciones del sector del transporte, que ahora han encontrado «un aliado» -resalta Fenadismer- en una institución de la importancia del Supremo.

En el capítulo de reacciones, EH Bildu aseguró ayer que la gestión que está haciendo la Diputación con los peajes «no puede ser más grave» y agregó que «lo es más aún que, sin garantías jurídicas y con sentencias en contra, seguirá cobrando los peajes».