Las familias pagaron 570 de los 845 millones que ingresó el cártel de los comedores

Numerosos alumnos se reparten en varias mesas, durante la comida en un colegio./Borja Agudo.
Numerosos alumnos se reparten en varias mesas, durante la comida en un colegio. / Borja Agudo.

La Justicia agota el camino que ha confirmado el reparto del servicio entre 7 empresas y el Parlamento busca responsabilidades políticas

Amaia Chico
AMAIA CHICO

El pacto en los comedores escolares en Euskadi ha terminado con indigestión. Primero, para las siete empresas condenadas por repartirse el mercado durante más de una década. Segundo, para las arcas públicas y para las familias que cofinancian el servicio por el sobrecoste millonario, aún por determinar con exactitud, generado por esa práctica irregular. Y tercero, para un Gobierno Vasco (con tres colores políticos diferentes al frente de Educación) al que ahora el Parlamento Vasco pedirá cuentas por su inacción ante un comportamiento reiterado durante una década, y por el que la Justicia ha decidido rebajar el grado de «culpabilidad» de las empresas y, con ello, las sanciones impuestas. Al final, la multa asciende a 7,3 millones de euros, un 60% de los 18 millones que impuso en su resolución original la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC).

Un desagravio en lo económico que no exculpa a los catering del fondo de la cuestión: que durante una década concertaron los precios para garantizarse la adjudicación del servicio de comedores. Unos contratos que ascendieron a 845 millones de euros, de los que 273 fueron sufragados por el Ejecutivo vasco y el resto, unos 572, por las familias de los alumnos. De momento, la propia AVC ha cuantificado en unos 80 millones, más de 7 por curso, el sobrecoste generado a las arcas públicas por el amaño de esos contratos. Un dineral que, a tenor del porcentaje de cofinanciación, habrían costado a los usuarios 52 millones de más.

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El menú de esta trama que comenzó a operar en 2003 y fue destapada en 2014 ha sido extenso. Comenzó a raíz de la denuncia de una empresa rival ante la Autoridad Vasca de la Competencia, continuó con comparecencias parlamentarias y la modificación de los pliegos para adjudicar el servicio -lo que evidenció el dinero derrochado-, se consumó con la resolución condenatoria dictada en 2016 por el organismo autónomo que ha llevado a cabo la investigación, y se completa con el veredicto de la Justicia, que ha corroborado la concertación en uno de los contratos públicos más apetitosos que cada año adjudica el Gobierno Vasco.

LAS CLAVES

Ausolan:
A las tres empresas de la cooperativa guipuzcoana les queda el último recurso al Supremo. El TSJPV ha fijado sus multas en: Auzolagun: 2,4 millones. Goñi: 209.151 euros. Y Magui: 310.330.
Otras cuatro
Una vez el Supremo ha inadmitido a trámite sus recursos, la condena del TSJPV a las cuatro empresas es firme. Las multas quedan así: Eurest Colectividades, 2,6 millones (a los que se añaden los 54.199 euros de la subrogada Eurest Euskadi). Tamar las Arenas: 443.339 euros. Gastronomía Cantábrica: 650.664. Y Gastronomía Vasca: 618.490 euros.
El pacto:
«El indicio es de tan enorme poder de convicción y consistencia acerca de la existencia de una concertación entre los licitadores, que prácticamente priva de eficacia a cuantas explicaciones puedan argüirse sobre la espontaneidad de ese resultado o sobre su producción natural por causa del diseño del sistema de adjudicación».
La rebaja de la multa:
(La adjudicación) «fue sistemáticamente acordada por el Departamento de Educación» sin «que conste reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra». Eso «ha contribuido a que la culpabilidad se haya visto sensiblemente minorada en la confianza de que se actuaba de una manera asumible». Por eso, la sanción «ha de ser moderada y atemperada».

El elevado número de ingredientes -empresas, sanciones, partidos, técnicos, alegaciones...- que han aderezado este menú invita a desmenuzarlos y a analizar cómo se ha desarrollado un caso que, tras la última decisión del Supremo, está a punto de recibir la cuenta y pagar la abultada factura final.

La denuncia

Tras una década desplazada del concurso, la empresa Aibak presenta a finales de 2013 ante la Autoridad Vasca de la Competencia documentación sobre la supuesta existencia de una concertación entre empresas que, año a año, se reparten los 10 lotes en que se dividía el servicio de comedores escolares en la red pública vasca. Además, el responsable de ese catering, ya fallecido, adjunta un documento notarial, en el que adivinaba qué empresas, qué lotes se iba a llevar cada una y qué precio máximo pagaría la Administración por cada menú escolar en el concurso de 2011. Dicha denuncia, que con anterioridad se había trasladado al Departamento de Educación sin que tuviera eco, motivó la apertura de un expediente por parte de la AVC, que desde el inicio apreció «indicios» de la práctica anticompetitiva en un servicio cuyo presupuesto alcanzaba un precio medio cada año de 80 millones. Y que durante los once de actuación del cártel, sumó 845 millones, el 35% abonado por el Departamento y el 65% restante por las familias.

La investigación

Durante año y medio, los técnicos de la dirección de Investigación de la AVC analizaron la documentación aportada por la empresa rival, los pliegos y las condiciones con las que la Administración adjudicó el servicio desde el curso 2003/04 hasta el 2014/15, y estudió las alegaciones de las empresas. «De los hechos analizados, podría deducirse la existencia de un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente» y que «propiciaría mejores condiciones para las empresas objeto de la denuncia y aumentaría el coste del servicio de comedor para la Administración y para los usuarios», sospechaba de inicio Competencia. 18 meses después, en febrero de 2016, lo confirmó.

La mecánica del cártel

La AVC consideró probada la existencia de una práctica anticompetitiva por parte de siete empresas -ocho, antes de que Eurest Colectividades subrogara en 2014 Eurest Euskadi-, para repartirse el mercado de los comedores desde 2003 hasta 2011, y entre 2013 y 2015. La mecánica se dividía en dos fases. En la primera, el Gobierno Vasco licitaba el contrato marco de homologación, que consistía en elegir a las empresas que tenían capacidad y cumplían los requisitos para poder acceder al concurso, para dar de comer cada día a 91.000 alumnos de los colegios públicos. Un laboratorio de Álava realizaba este examen y, salvo alguna excepción, las únicas en superarlo eran las siete empresas denunciadas.

Una vez completada esta fase, llegaba el turno de la licitación de los lotes -por territorios, por colegios...-. Año tras año, cada empresa se hacía con el mismo lote. Y lo hacía por un precio que apenas rebajaba un 0,3% el valor máximo de licitación. Competencia consideró probado que, para lograrlo, una empresa -la adjudicataria- ofrecía el precio más competitivo a sabiendas de que el resto, según su pacto, elevarían su oferta para no entrar en competición.

El sobrecoste

Esta práctica continuada durante casi una década generó un sobrecoste a las arcas públicas de 80 millones, según el cálculo hecho por Competencia, una vez modificados los pliegos del concurso en 2015 y constatado el ahorro de 7,1 millones que supuso en el contrato del curso siguiente. En él, se registraron desviaciones de entre el -5 y el -10% respecto al precio máximo de licitación, cuando hasta entonces esos porcentajes apenas rebajaban en un 0,5% de media el presupuesto. Si se compara, no obstante, el precio del concurso público con el del servicio de comedores en colegios privados, un 30% menor, el sobrecoste podría superar los 200 millones.

La condena judicial

La multa histórica de 18 millones de euros impuesta por Competencia suponía la máxima sanción posible, el 10% de la facturación de cada empresa. Las siete recurrieron la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y en el mismo sentido que habían hecho sin éxito ante el organismo autónomo, negaron el pacto y alegaron que si resultaron beneficiarias de los lotes fue porque el Gobierno Vasco validó su oferta reiteradamente sin objeción alguna.

Ese principio de confianza legítima sí fue atendido, en cambio, por el alto tribunal vasco, que en las correspondientes sentencias condena a las empresas por repartirse el mercado con prácticas anticompetitivas, pero atenúa su culpabilidad y les rebaja la multa un 60%, hasta los 7,3 millones. El TSJPV considera que los catering pudieron pensar que actuaban «de manera asumible» para «el interés general» al comprobar la falta «de reacción, indagación, prevención o denuncia» de Educación (con EA, PSE y PNV al frente) durante todos esos años. El Tribunal Supremo, el último eslabón, ha validado dicha condena al inadmitir a trámite los primeros recursos presentados por cuatro de las empresas. Se acerca así el fin del camino judicial.

La investigación parlamentaria

Resuelta la parte administrativa y judicial, la atención se centra ahora en la responsabilidad política. El Parlamento Vasco va a constituir en las próximas semanas una comisión de investigación para dirimir por qué hubo dejación por parte de la Administración, quiénes serían los responsables y a cuánto asciende el perjuicio económico ocasionado a las familias, las que sufragan el 65% de un servicio que ha resultado mucho más caro por falta de competencia.

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