Competencia, una autoridad libre para controlar el mercado

El Consejo es el órgano decisorio que valida la resolución final en las investigaciones y en el resto de funciones, de arbitraje o prevención

Amaia Chico
AMAIA CHICO

En los últimos meses, la Autoridad Vasca de la Competencia ha ocupado un papel relevante en algunos de los conflictos mercantiles desatados en Gipuzkoa. Se ha hablado mucho de sus resoluciones contra los cárteles de empresas que se repartían el servicio de comedores, avalado ya por la Justicia, o de autobús escolar. Y el Ayuntamiento de Donostia ha cuestionado esta misma semana su advertencia ante la próxima ordenanza de pisos turísticos que, a su entender, limita la competencia en dicha actividad. Pero poco se sabe de cómo funciona este organismo autónomo, de carácter administrativo, que actúa con «independencia» pero está adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Fue constituida de 2012, como resultado de la decisión de integrar los dos órganos que operaban hasta entonces, el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia. El equipo, presidido desde hace unos meses por Alba Urresola, está formado por dos vocales del Conejo Vasco de Competencia, un director de Investigación, una secretaria general, dos administrativos y seis técnicos, cuatro juristas y dos economistas, que se encargan de la gestión de las diferentes funciones encomendadas a esta entidad.

La AVC actúa, por un lado, como órgano consultivo para instituciones públicas o asociaciones empresariales o de consumidores que plantean cuestiones relativas a la competencia. Emite además informes, no vinculantes, sobre proyectos normativos que limiten o influyan en la libre competencia.

Actúa, asimismo, como órgano de arbitraje para resolver controversias entre agentes económicos a la hora de aplicar la normativa sobre competencia; o como órgano de promoción y prevención de actuaciones contrarias a la libre competencia. El desarrollo de todas estas funciones recae en el Consejo Vasco de la Competencia.

Demostrar la existencia de prácticas anticompetitivas conlleva una investigación en profundidad, para la que los técnicos pueden «solicitar información a cualquier persona o empresa, la colaboración de administraciones públicas, o incluso realizar inspecciones domiciliarias». «Los expedientes sancionadores tienen dos fases», explican desde la AVC. La instrucción y la resolución. La primera está dirigida por el director de Investigación que nombra a un «instructor del expediente» entre los técnicos. Esa instrucción «culmina» en la fase de resolución, que pertenece al Consejo, el órgano decisorio.

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