Maite Peña

Diputada de Cuidados y Políticas Sociales

«Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»

– Esta semana se ha desalojado el edificio ocupado de Martutene. Donostia ha pedido al resto del territorio que despliegue más plazas para atender a personas sin techo. ¿Qué competencias tiene la Diputación y qué recursos puede ofrecer?

– No es qué nos compete, sino qué podemos hacer, y hemos identificado a las personas que quieren hacer ese itinerario de inclusión para incluirlas en nuestra red. La migración es una oportunidad, pero también conlleva un incremento de necesidades. Vienen y necesitan alojamiento, porque la exclusión residencial lleva a la exclusión social, y cualquier persona debe tener la posibilidad de contar con un permiso de trabajo. Hay que inventar nuevos recursos que den respuesta a esa necesidad. Que no sea un piso gratis, sino alojamientos comunitarios, compartidos y temporales que ayuden en su proyecto de vida por el que paguen una cantidad de acuerdo a sus posibilidades.

– ¿En qué se concreta las conversaciones que están teniendo con el Ayuntamiento de Hernani para la creación de un recurso?

– Cada ayuntamiento debe tener unos recursos determinados de su competencia, y estamos viendo que hace falta desplegar en todo el territorio los vinculados a la exclusión social. Ponemos énfasis en crear proyectos en los que colaboremos con los ayuntamientos. Lo hemos hecho en Tolosa y Zarautz, donde hay centros de día, viviendas y programas de inclusión en un mismo espacio, y estamos trabajando de manera intensa con Hernani en un proyecto similar. Se suele quejar Donostia, y con razón, de que tenemos los grandes municipios atomizados con personas con necesidades en estos ámbitos. Se concentran en Irun, Donostia y en torno a la N-I y ahí sí están desarrollados los recursos, pero el resto del territorio tiene que hacer un esfuerzo en desplegar también recursos para atender a la exclusión social.

– La reciente detención de unos padres marroquíes en Bilbao tras haber visitado a su hija menor, abandonada y acogida por la Diputación de Bizkaia, se suma a otros casos idénticos ocurridos también en Gipuzkoa. ¿Tenían constancia de que sucedía?

– Sí, es una realidad. El perfil de los menores no acompañados que estamos atendiendo ha cambiado muchísimo los últimos siete años. Antes eran personas que tenemos en el imaginario de un niño de 10 años que venía en los bajos de un camión, y eso ya no existe. Vienen de manera mucho más ordenada. Son personas muy cercanas a la mayoría de edad que quieren hacer aquí su proyecto de vida. Antes éramos un territorio de paso y solo el 12% se quedaba aquí, mientras que ahora es el 40% el que se queda en Gipuzkoa. Vienen buscando una oportunidad de la mano de un proceso migratorio y no de la desprotección infantil. La mayoría son varones y vienen porque saben que si entran en el sistema de protección a la infancia de Gipuzkoa, con la mayoría de edad salen con su situación administrativa regularizada, que es lo que necesitan. Ahí iniciamos un proceso de acompañamiento en el que les ofrecemos que se formen y trabajen.

– ¿Cómo lo llegan a saber?

– Tenemos que atender a todo menor que se encuentre solo en el territorio. Entra en el centro de urgencia, le atendemos y fruto de ese trabajo de generar confianza con los educadores sociales van contando sus historias de vida y cómo han llegado, y así sabemos que en algunos casos acuden con visado. Son los propios padres los que garantizan que el tránsito sea seguro para luego abandonarlos.

– ¿Cómo actúan cuando llegan?

– No vienen, te sacan el visado y te dicen 'mis padres acaban de ir'. Saben lo que tienen que decir. Nosotros tenemos un contacto constante con la Fiscalía y se da notificación a los cuerpos policiales competentes, pero tenemos que seguir atendiendo a ese menor porque se encuentra solo.

– ¿Se han frenado estos casos después de que hayan salido a la luz?

– Lo que ha cambiado es que ya no sacan los visados y no verbalizan que son acompañados. Esas prácticas se han parado por el eco mediático, pero auguro que seguirán produciéndose porque no son procesos propios de la desprotección infantil, sino que son procesos migratorios y hay que atenderles desde esa perspectiva. Si trabajáramos las políticas migratorias de manera integral desde el gobierno español, la Unión Europea y en origen, los menores no tendrían que venir así.

– ¿Hay un aumento de menores abandonados?

– Sí. A veces acuden ellos mismos al centro porque los menores que nosotros atendemos tienen contacto con sus familias en origen, se comunican. Hemos visto un incremento sostenido y creemos que va a seguir así.

– ¿En qué se concreta la reestructuración de la red de acogida?

– Gipuzkoa siempre se ha caracterizado por trabajar en centros pequeños y no hacía distinción entre la procedencia. Todos los menores no acompañados extranjeros eran atendidos a lo largo de toda la red. No teníamos centros específicos para menores extranjeros y ahora hay tres para este perfil porque la atención y el trabajo que se realiza con ellos es desde la perspectiva del proceso migratorio, de la emancipación, de prepararles para vivir de manera independiente, de tener una formación y de acceder al empleo, no desde la desprotección infantil.

– ¿Han experimentado un mayor recelo en los municipios que tienen ese tipo de recursos?

– Se está instalando un mensaje muy peligroso, que es la equiparación automática entre inmigrante y delincuente. Soy de la práctica de la tolerancia cero ante la delincuencia, pero me parece muy arriesgado hacer esas asimilaciones automáticas. Por eso hay que trabajar con la comunidad, explicar bien las cosas y poner todo lo que esté de nuestra parte para que no proliferen mensajes xenófobos, populistas, etc.

– ¿Y se consigue?

– En los casos en los que trabajamos con la comunidad, tiene la oportunidad de conocer los procesos y ver los resultados, sí.

– La Fiscalía se refiere en su última memoria a «pisos de desprotección» de menores. ¿Cómo le sentó este calificativo?

– No me sentó bien. Nuestros pisos de protección a la infancia son protectores. Es verdad que tenemos un colectivo de menores en el que algunos están muy dañados y hacemos un trabajo muy importante en protegerlos. La colaboración que tenemos con la Fiscalía es muy estrecha, pero discrepamos en algunas cuestiones como la segregación de sexos en los pisos. La posición que mantenemos en la Diputación está técnicamente avalada y no dejamos de trabajar para ofrecer un entorno protector a los 815 menores que se encuentran en desprotección: 489 están en centros, un dato distorsionado por los extranjeros no acompañados (180), y 326 están en familias. Los profesionales y las familias realizan un trabajo muy bueno.

– Anunciaron Gipuzkoa Zainduz, una sociedad pública que aglutine recursos y agilice las actuaciones relativas a los cuidados. ¿Servirá para llegar a crear las plazas residenciales suficientes?

– Las personas con dependencia van a aumentar un 26%, lo que generará una presión importante a medio plazo. El mapa de los servicios sociales nos marca la necesidad de crear 757 plazas prioritarias, y con las residencias que ya están en marcha (Irun, Pasaia, Elgoibar), el final de la obra de Atsobakar (Lasarte-Oria) que duplicará su capacidad y los cuatro nuevos centros en Iraurgi, Debabarrena, Buruntzaldea y Urola Kosta llegaremos a 949 plazas, 200 más que las previstas, con una inversión de 232 millones de euros.

– ¿Hay más obras como la de Txara que obliguen a la reubicación de todos sus usuarios?

– Sí, y por eso hemos adecuado la residencia de Zizurkil. Tenemos 43 residencias que han iniciado la transformación hacia el nuevo modelo y la utilizaremos como residencia de desahogo mientras se remodelan las otras.

– ¿El copago va a aumentar?

– Estamos analizando cómo aumentar la cantidad de libre disposición. Minoraría el copago porque vamos a modificar la baremación que tiene en cuenta cuánto dinero le tiene que quedar como mínimo a la persona. Forma parte de la negociación, nos lo ha pedido en las enmiendas Elkarrekin Podemos, y el compromiso es poner en marcha el nuevo sistema de baremación al finalizar el primer semestre de 2026. Tendrá incidencia sobre todo en posibilitar que las personas con menos recursos económicos tengan más disponibilidad pagando menos.

– ¿La apuesta por los cuidados del hogar es una muestra de que las residencias, además de no ser la opción prioritaria, no son suficientes para cubrir la demanda?

– El 80% de las personas dependientes quieren ser atendidas en su domicilio. Parece que el recurso más visible son las residencias, pero solo 5.000 personas de las 34.000 que atendemos y de las 20.000 que tienen dependencia están en una. Las personas llegan a los centros cada vez con menos autonomía. Hacemos una apuesta súper importante por la atención en el domicilio y estamos teniendo reconocimientos a nivel europeo muy importantes por esa estrategia, y aún así vamos a necesitar incrementar el número de plazas en residencia porque los incrementos de la dependencia serán exponenciales.

– ¿Estamos concienciados del reto que nos viene encima en lo relativo a los cuidados?

– Yo creo que no, y es algo de lo que no se habla. Cuando salen las conversaciones en la familia es cuando ya hay una situación de dependencia con una carga de cuidado grande. Tendríamos que hacer muchísima más pedagogía y soy una firme defensora de que los cuidados se incluyan en los currículum escolares. Hay que educar desde edades muy tempranas en lo que es el cuidado, la solidaridad, el voluntariado… Y luego hay que ser conscientes de que la red que hace años soportaba el cuidado en el domicilio ha cambiado, ahora las familias son muchas más cortas y la evolución de la mujer en el mercado laboral hace que todo cambie para bien, porque abre la discusión de la feminización de los cuidados y de la necesidad de que el hombre forme también parte activa.

– Apuestan por la prestación para contratar a un cuidador (PEAP), pero no hay suficientes para cubrir la demanda y algunas familias piden que se incremente.

– Es un instrumento muy importante porque cada vez necesitamos más ayuda para el cuidado en el domicilio, pero en ningún caso es una prestación concebida para cubrir el 100% del coste. Para el próximo año hemos previsto un incremento de esta partida porque la va a pedir más gente.

– ¿Existen inspecciones para garantizar que la gente mayor está bien cuidada en los domicilios?

– Está establecido que toda prestación que se otorga a una persona viene acompañada de que desde el ayuntamiento vayan a los domicilios para ver cómo están atendidas. No hacemos inspecciones desde lo laboral, nos corresponde ver cómo está atendida esa persona, si tiene los recursos necesarios o si procede inyectar alguno otro más. En 2026 vamos a poner en marcha la Agencia de Evaluación de las Políticas Sociales para evaluar los diferentes servicios forales y municipales desde el punto de vista de la calidad y del impacto que tienen en la vida de las personas.

– ¿Qué hace falta para llegar a un acuerdo con las trabajadoras de las residencias y poner fin a las jornadas de huelga?

– La Diputación no llega al acuerdo. En la mesa de negociación están la parte sindical por un lado y la patronal por el otro. Intentamos intermediar para que lleguen a un acuerdo porque el reto que tenemos con el cambio de modelo y todas las plazas que tenemos que generar es mayúsculo, y necesitamos estar todos con las energías puestas en afrontar ese reto. Como el resto de agentes implicados, la Diputación está también interesada en que haya un convenio sectorial, que sería la primera vez que lo hubiera en Gipuzkoa.