Competencia cifra en 80 millones el sobrecoste por el pacto de los comedores

Alba Urrusola, primera por la derecha, durante su comparecencia./
Alba Urrusola, primera por la derecha, durante su comparecencia.

La nueva presidenta de la AVC, Alba Urrusola, explicó en el Parlamento Vasco que el cambio de pliegos ha permitido ahorrar 7 millones al año

T. FLAÑO SAN SEBASTIÁN.

La nueva presidenta de la Autoridad Vasca de Competencia, Alba Urrusola, se estrenó ayer en el Parlamento Vasco en una comparecencia ante la Comisión de Educación para dar explicaciones a los grupos sobre el expediente sancionador incoado a las empresas de catering que pactaron precios en el concurso para el suministro a los comedores escolares públicos entre 2003 y 2014. El expediente sancionador fue iniciado en 2014 y cerrado en febrero de 2016, con una multa histórica de 18 millones de euros, la sanción más elevada hasta la fecha dictada por los responsables de Competencia en Euskadi.

Urrusola computó en unos 80 millones de euros la cantidad que habría gastado de más el Gobierno Vasco a lo largo de once años, debido al sobreprecio fijado por las adjudicatarias -Auzo Lagun, Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica y Tamar Colectividades-. El Ejecutivo financia el 65% del coste de los menús y las familias el 35% restante.

Tras su investigación, a raíz de una denuncia de la empresa Aibak, la Autoridad Vasca de la Competencia resolvió establecer una multa de 18 millones de euros por repartirse, sin apenas pugna, un contrato de algo más de 800 millones para servir los menús de los colegios públicos.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó la resolución de la AVC, tras los recursos presentados por las empresas sancionadas, pero redujo la multa un 60% porque la dejación del Gobierno Vasco no solo no impidió los sobrecostes sino que contribuyó a que las empresas entendieran que actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable. El caso quedó archivado sin que el Tribunal entendiera que había indicios penales.

Alba Urrusola señaló ayer en el Parlamento Vasco que no tiene constancia de que el Departamento vasco de Educación haya realizado una investigación interna. También apuntó que tras las modificaciones de criterios realizados en los pliegos para la adjudicación de los caterings escolares se ha ahorrado aproximadamente un 10%, que monetariamente supondría unos 7 millones anuales. Incidió en que la reforma de las condiciones de la licitación había permitido que una nueva empresa resultara adjudicataria, «incremento que puede no parecer sustancial, pero que rompe la inercia de los años anteriores. Cada vez se presentarán más». Aunque reconoció que se debería mejorar la publicidad y «estudiar constantemente las necesidades de mercado para eliminar la predictibilidad».

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