La Justicia confirma el pacto de los comedores escolares que causó sobrecostes millonarios

Un grupo de alumnos intenta terminar su plato en un comedor escolar.Gráfico
Un grupo de alumnos intenta terminar su plato en un comedor escolar. / AFP

Rebaja un 60% la multa a las empresas porque la pasividad de Educación durante una década les hizo creer que su actuación era asumible

DAVID TABERNA

A veces algunas sentencias muestran los enormes agujeros negros que han existido o existen en la Administración pública que provocan pérdidas millonarias para los contribuyentes. En Euskadi, durante más de una década una serie de empresas hicieron lo que consideraron oportuno para lograr grandes beneficios a costa del erario público sin que ningún pilotito rojo se encendiera en el Gobierno Vasco.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el reparto de mercado que acodaron siete empresas de catering escolar para llevarse año tras año contratos que sumaron 800 millones de euros. La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal reconoce sin titubeos un pacto que llevó a la Autoridad Vasca de la Competencia a imponer su mayor multa hasta la fecha, 18 millones a pagar entre las siete empresas. Pero incluye un matiz que lo amplifica todo.

La sala, que apenas da cuartel a las empresas en su negación de la existencia de un pacto, reduce la multa un 60% porque, entre otras razones, entiende que la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno Vasco durante los más de diez años en los que se prolongó el acuerdo, contribuyó a que las empresas entendieran que «actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable» del sistema. En otras palabras, la dejación del Gobierno Vasco no solo no impidió los sobrecostes millonarios, sino que ahora les permite a las empresas reducir su multa.

Todo eso queda claro en los cuatro primeros recursos que las empresas sancionadas por Competencia pusieron ante el TSJPV y que ahora ha resuelto la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por Luis Javier Murgoitio. Las sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, responden a los recursos de Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

Los recursos de las cuatro primeras empresas rebajan la multa de 11 a 4,4 millones

Las siete empresas que hicieron el pacto de no agresión lograron más de 800 millones en contratos

En todas ellas, el alto tribunal ratifica el reparto de mercado, aunque estima parcialmente sus recursos en lo relativo a la multa impuesta por la AVC, rebajando la sanción un 60%, por lo que es de suponer que los recursos pendientes de resolver, que implican a la guipuzcoana Auzolan, un gigante de la restauración con gran presencia en los colegios guipuzcoanos, tengan idéntico final. De esta manera, la multa pasaría se los 18,1 millones iniciales a los 7,24 millones, siempre que el TSJPV siga el mismo guión.

Las sentencias llegan un año y medio después de que la Autoridad Vasca de la Competencia, tras 18 meses de investigación, considerara probado que entre 2003 y 2011, y entre 2013 y 2015, siete empresas ofertaban los precios más altos para los contratos de Educación que menos les atraían y lanzaban su oferta más competitiva para el lote de su interés, que se adjudicaban licitación tras licitación. La zona de confort llegó a tal punto que ya las empresas directamente se llevaban el contrato con el precio por menú más alto que permitía el Gobierno Vasco. En juego había 91.000 comidas diarias y unos 80 millones anuales. Tuvo que ser una firma de la competencia la que alzara la voz. Lo hizo el que fuera administrador único de la guipuzcoana Aibak, Joaquín Arratibel, ya fallecido, que llegó a acertar ante notario el resultado de una de las licitaciones del Gobierno Vasco.

Lo cierto es que el tribunal tampoco parece tener muchas dudas sobre la existencia de un reparto de mercado que, al parecer pasó desapercibido, para los tres partidos que dirigieron Educación durante el transcurso del pacto: EA, PSE y PNV. No solo pasó desapercibido sino que durante este proceso, algunos de sus dirigentes políticos han restado valor a la investigación. Para el TSJPV, en cambio, el indicio es «de tan enorme poder de convicción y consistencia acerca de la existencia de una concertación entre los licitadores, que prácticamente priva de eficacia a cuantas explicaciones puedan argüirse sobre la espontaneidad de ese resultado o sobre su producción natural por causa del diseño del sistema de adjudicación».

De 11 a 4,4 millones

El tribunal no se anda con rodeos y rebate los argumentos de las empresas de que las licitaciones, sin apenas pugna, formaban parte del orden natural de las cosas. «Presupondrían en origen una predictibilidad de los comportamientos de las demás empresas licitadoras que creemos que la Ciencia Económica como tal no alcanza con sus modelos y ensayos», resume la sala de lo contencioso-administrativo.

Resuelto el fondo, el tribunal responde a la forma. Y es aquí donde dos párrafos de sentencia pueden provocar tantas preguntas y poner en cuestión el papel desempeñado durante este tiempo por la Administración. El tribunal entiende que la multa de 11 millones impuesta por la AVC a las cuatro empresas cuyos recursos resuelve debe ser «moderada y atemperada».

4,4

son los millones en los que deja el TSJPV la multa impuesta a Tamar, Eurest, Gastronomía Vasca y Gastronomía Cantábrica, que era de 11 millones.

LAS SANCIONES RESUELTAS

4 RECURSOS: Eurest Colectividades: de 6,6 millones de multa a 2,6 millones; Eurest Euskadi: de 135.497 euros a 54.199; Tamar las Arenas: de 1,1 millones a 443.339 euros; Gastronomía Cantábrica: De 1,6 millones a 650.664 euros; y Gastronomía Vasca: de 1,5 millones a 618.490 euros.

RECURSOS SIN RESOLVER: Los tres de la guipuzcoana Auzolan: Auzolagun (6,1 millones de multa), Goñi (522.879 euros) y Magui (775.827 euros).

MULTA TOTAL: Si el TSJPVmantiene el criterio, la multa de 18,1 millones se quedará en 7,24 millones.

En los casos de Eurest, Tamar, Gastronómica Vasca y Cantábrica, reduciendo a 4,4 millones la multa, un 60% menos. ¿Por qué? Pese a que Competencia apenas abordó el papel desempeñado por la Administración vasca en su expediente sancionador, el TSJPV recuerda que cada licitación, cada contrato adjudicado fue «sistemáticamente y año a año acordada por el Departamento de Educación, que resolvía tales adjudicaciones y suscribía los respectivos contratos, sin que conste reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra».

Los jueces entienden que su papel en este proceso no es «extraer conclusiones sobre el proceder administrativo», pero advierten que la conducta reiterada del departamento de Educación adjudicando a las mismas empresas los mismo lotes millonarios, bordeando su precio máximo, «ha contribuido a que, en su mantenimiento y perpetuación, la culpabilidad (de las empresas) se haya visto sensiblemente minorada en la confianza de que se actuaba de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable del sistema de gestión de los comedores escolares».

El argumento no deja de resultar irónico. La misma falta de control de la Administración que perjudicó a las arcas públicas y al bolsillo de los padres –el 65% de los 800 millones licitados lo financian las familias y el 35% el Gobierno Vasco–, y engordó las cuentas de resultados de las empresas sancionadas, les permite ahora reducir su sanción.

El anterior fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, abrió una investigación sobre si podía existir algún tipo de ilícito penal. La cerró porque en el ámbito penal se exigen mucho más que «indicios o presunciones» para considerar probado un delito.

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