La Justicia da la razón a Ortzadar y ordena desalojar el edificio okupado de Martutene

El fallo judicial, además, apunta a que «deben dejar -los okupantes- la finca libre y expedita de forma voluntaria, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario». El dictamen subraya que «queda declarado el derecho de la parte demandante a la posesión de la finca» y se condena «al pago de las costas a la parte demandada».

Con todo, la sentencia no es firme aún y la abogada de la parte demandada, que representa a dos ciudadanos extranjeros, tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa «en un plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación», reza el fallo. Son 20 días hábiles y agosto no cuenta, así que la fecha límite para presentar la apelación queda fijada el día 9 de septiembre.

Si la letrada de la parte demandada decidiera no interponer ese recurso, los okupas se quedarían ya sin protección legal. Esto significa que se expondrían a un desalojo forzoso por parte de las fuerzas de seguridad en el caso de que se negaran a abandonar el edificio «de forma voluntaria», tal y como se puede leer en la sentencia judicial.

El Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Donostia considera, en base a las pruebas presentadas, «acreditado que la parte actora, la Fundación Gune, es la propietaria de la finca sita en el camino de Barkaiztegi». Los denunciantes presentaron la escritura de la compra-venta del inmueble, con fecha de 19 de junio de 2024. La parte demandante, prosigue el fallo, «no ha podido tomar posesión del inmueble al estar el mismo ocupado por personas desconocidas, que no consta que ostenten título alguno que justifique esa posesión».

La sentencia que condena a los okupas a abandonar el edificio de Martutene también recoge que uno de los solicitantes de justicia gratuita que ha tomado parte en este juicio «ostenta antecedentes policiales por haberse visto implicado en dos atestados de la Guardia Municipal de Donostia, por dos delitos de robo con violencia y fuerza en noviembre de 2024 y abril de 2025». El escrito, eso sí, puntualiza que «no existen antecedentes penales».

El argumento de la «vulnerabilidad» utilizado por la defensa ha sido desestimado por la magistrada, al considerar que «solo resulta de aplicación para aquellos procedimientos de desahucio por reclamación de rentas o por expiración del plazo concedido de contratos suscritos de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos».

El fallo tiene otro matiz importante recogido en el punto tercero, en el que se declara que «la sentencia estimatoria de la pretensión no produce efectos de cosa juzgada -ya que la sentencia no es firme-, pero sí permitirá su ejecución previa solicitud del demandante».