El edificio okupado del que nadie se ocupa

Ortzadar, la fundación que quiere implantar allí un proyecto de FP, se encuentra indefensa ante la maraña judicial que está dilatando el desalojo de los okupas. Compró el inmueble al Gobierno Vasco en junio del año pasado y dice echar de menos una mayor colaboración por parte de la Administración pública. Preguntado por este periódico, el departamento de Educación aseguró no tener ninguna relación con el caso judicial, si bien hay un proyecto educativo que pende de una solución definitiva al desalojo del inmueble.

A los nuevos propietarios les preocupa la demora, dado que si la resolución del desalojo pasa a la larga cola de procedimientos que atienden los juzgados de primera instancia, el día del juicio que debe resolver el futuro del centro podría demorarse durante meses.

Sería la segunda fecha señalada para dirimir esta cuestión. La primera se señaló el 14 de febrero, después de varios recursos cruzados entre las partes afectadas por este litigio. Los juzgados de primera instancia de San Sebastián fijaron el juicio por la demanda de desahucio de este controvertido inmueble para el 25 de marzo. Sin embargo, «un día antes la vista quedó pospuesta 'sine die' porque al segundo solicitante de la justicia gratuita no le habían designado aún un abogado de oficio», explican desde la defensa de Ortzadar. Claman al cielo porque la solicitud del servicio de justicia gratuita data del 15 de enero.

La fundación mantiene su esperanza en «una respuesta al recurso que presentamos contra la suspensión de la vista programada para el 25 de marzo». El problema radica en que no hay plazos y la agilidad en la respuesta depende también de la carga de trabajo de los mismos juzgados sobresaturados. En definitiva, si un juez no lo impide, el asunto pasa detrás de la larga lista de señalamientos ya fijados.

La ley marca que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dispone de un plazo máximo de treinta días para resolver si a un solicitante le corresponde o no este servicio. Sin embargo, el procedimiento de verificación se puede dilatar en caso de que la documentación requerida no sea presentada en tiempo y forma. Desde la representación legal de Ortzadar temen, además, que pueda haber sucesivas solicitudes de okupas que vean su futuro comprometido por el desalojo.

Los okupas del antiguo instituto politécnico de Martutene son jóvenes de diversas nacionalidades. «En momentos puntuales del año pueden juntarse hasta unas 120 personas en el edificio», apuntan desde Ortzadar. En cuanto a los moradores que han presentado recursos a la demanda judicial efectuada por el centro de FP, uno de los dos cuenta con antecedentes penales. En este sentido, la parte demandante cree que los okupas están siendo asesorados legalmente. Un asesoramiento que encuentra en la sobrecarga de los juzgados de primera instancia un factor favorable a sus intereses dilatorios.

En cualquier caso, el proyecto de FP no va a echar a andar en el edificio al menos los dos próximos cursos. Una vez que se consiga el desalojo, el plan de Ortzadar es rehabilitar el edificio, lo que llevará entre 18 y 24 meses.

Mientras la justicia dirime esta disputa, la preocupación vecinal en Martutene sigue sin disiparse por la sucesión de altercados. «Llevamos más de 20 años pidiendo que se haga algo con la inseguridad que vivimos en el barrio», claman desde la asociación de vecinos Sarroeta.