El juicio para desalojar el edificio okupado de Martutene queda visto para sentencia

La parte demandante, que representa a la Fundación Gune, esgrimió que «la okupación del edificio, adquirido por mis clientes en una operación inmobiliaria de junio de 2024, es ilegal».

Respecto a las condiciones en las que están viviendo en estos momentos decenas de okupas en el inmueble, el letrado apuntó que «el espacio es un antiguo colegio en condiciones semirruinosas. No tiene condiciones de habitabilidad». Al hilo de esto, hizo referencia «a un informe de los bomberos derivado de una actuación de la Ertzaintza, el cual dio a conocer recientemente un concejal del Ayuntamiento de San Sebastián -Borja Corominas-». En el mismo, se declara que el edificio «carece de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad» y que hay riesgo de que «suceda algo grave con múltiples víctimas».

Según expuso el abogado de Ortzadar, «todo hace indicar que no se puede considerar que este inmueble sea el domicilio habitual del hombre que representa la defensa», quien solicita desde el año pasado la paralización del proceso de desahucio alegando «vulnerabilidad», porque dicho espacio «carece de condiciones mínimas de habitabilidad». Por lo tanto, la parte demandante solicitó a la jueza «la autorización pertinente para proceder al desahucio por precario» de dichas instalaciones.

Por su parte, el hombre que afirma tener el antiguo colegio de los Agustinos «como domicilio habitual», «lleva viviendo en ese edificio más de dos años», aseguró su abogada. Es este plazo el que, según la letrada, sirve para demostrar «que sí es su vivienda habitual». «Mi cliente», continuó, «está identificado por los servicios sociales, no es un ignorado okupante y cumple con los requisitos para ser considerada una persona vulnerable».

Respecto a los «antecedentes penales» del okupante del edificio a los que hizo referencia el abogado de Ortzadar -haciendo alusión a «pruebas documentales de la Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián»-, la letrada defensora negó con rotundidad «la existencia de esos antecedentes penales», para acto seguido aclarar que habían sido «pequeñas detenciones». La jurista, en base a los argumentos presentados, requirió a la magistrada «suspender la demanda de desahucio».

Por su parte, en uno de sus últimos alegatos, el letrado que representa a Gune, la fundación cuyo proyecto educativo se llama Ortzadar, explicó que «la compra del edificio (en una operación inmobiliaria cerrada en junio de 2024) se llevó a cabo con el propósito de implementar un nuevo proyecto de Formación Profesional». Según el abogado, «Gune es una fundación sin ánimo de lucro y considerada socialmente de interés público por el trabajo que hacen con cientos de jóvenes, a los que dan una segunda oportunidad para integrarlos en la sociedad y en la actividad laboral».

El juicio se desarrolló con velocidad y al cabo de unos 30 minutos la jueza dio por finalizada la sesión. Ahora, la magistrada estudiará a fondo las pruebas documentales presentadas por ambas partes y dictará una sentencia que en la parte demandante confían en que llegue en los próximos días.