San Sebastián

La compra efectiva de los cuarteles de Loiola da luz verde al proyecto de nuevo barrio en Donostia con 1.700 VPO

Con la parcela ya en manos del consistorio se activará el contador del proyecto para levantar un nuevo barrio en la margen noreste del río Urumea. Una reurbanización que aumentará la capacidad habitacional de la capital de Gipuzkoa con 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública (VPO y tasadas) y, por lo tanto, con prioridad para ciudadanos de la propia ciudad, toda vez que está previsto que antes de fin de año se apruebe un cambio legislativo en Euskadi que establece que para poder acceder a una VPO hay que llevar empadronado un mínimo de tres años en el municipio (ahora se exige solo uno).

Es la operación urbanística más importante que se plantea en la capital de Gipuzkoa en los próximos años, a la espera de cómo evolucione la de Auditz Akular, que acogería más de 3.000 viviendas pero requiere procesos y plazos más largos.

El nuevo barrio, que se levantará sobre 17,5 hectáreas de superficie, acogerá igualmente equipamientos públicos aún por determinar y permitirá conectar de manera más ágil esa parte del municipio (Loiola y Txomin) con la zona alta de la ciudad. Está previsto construir dos nuevos puentes sobre el Urumea y un elevador inclinado que comunicará el nuevo enclave con Intxaurrondo.

Pero para todo eso habrá que esperar. Como mínimo un lustro. Posiblemente al menos una década. Lo que se hará el miércoles es suscribir la compraventa y el cambio de titularidad de los terrenos, por los que Donostia abonará 73,3 millones de euros al Gobierno central. El pago se hará efectivo al instante, toda vez que el Ayuntamiento tiene acordado un crédito bancario para financiar la operación. Oficialmente, la firma correrá a cargo del Ayuntamiento y del Instituto de Vivivenda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

El segundo paso será que el Ejército abandone ese espacio y se traslade a unas nuevas instalaciones. La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, y teniente de alcalde de Donostia, Nekane Arzallus, ha explicado este viernes que «a partir de la fecha de la escritura los militares tendrán cuatro años para desalojar el ámbito, un plazo que el Ayuntamiento empleará para ir avanzando en el diseño y la planificación de lo que va a ser el nuevo entorno».

Fuentes municipales han apuntado más tarde que existe una posibilidad de que ese periodo se extienda a cinco años «si Defensa lo necesita y siempre que la prórroga esté suficientemente justificada».

Sea como fuere, durante ese tiempo se deberían ir dando pasos en la definición del enclave. Arzallus ha adelantado que «lo primero será llevar a cabo un concurso internacional de ideas para el desarrollo del nuevo ámbito, a la vez que se irán dando los pasos necesarios para modificar el Plan General», el documento que define los usos del suelo.

En cualquier caso, ya existe un primer boceto encargado a un grupo de arquitectos locales que habla de un «urbanismo asimétrico» que abandone la tipología clásica de edificios manzana; una trama viaria en forma de cruz que generará cuatro ámbitos residenciales totalmente peatonales; y una arquitectura que propicie la máxima integración paisajística con el parque de Ametzagaina y con el Urumea. Entre los ejemplos de transformación urbana que se han analizado para coger ideas para Loiola están los de la Isla de Nantes, Burdeos o Rotterdam.

Por otro lado, todo el barrio elevará su cota 3 metros respecto a los actuales cuarteles para blindar las viviendas ante las crecidas del río.

Las parcelas de los cuarteles forman parte de la docena de terrenos sobre los que el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco se han comprometido a colaborar para multiplicar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. Ambas instituciones deberán firmar en su momento un acuerdo de cesión de terrenos y definir qué parte gestiona cada una. No se descarta que en la promoción de VPO participe también el Estado a través de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), que ya colaborará en el desarrollo urbanístico de los terrenos que ahora albergan la cárcel de Martutene (Txomin Enea II).

La firma de la transacción se ha pospuesto hasta que el camino ha quedado expedito de todo riesgo de paralización por orden administrativa o judicial.

Como se recordará, Ayuntamiento y Defensa rubricaron la compraventa de los terrenos el 18 de diciembre de 2023. Cuando todo parecía cerrado, el 27 de mayo del año pasado Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa incoó un expediente de rectificación del proyecto en el que rechazaba que se pudiera construir a 20 metros de la ribera del río Urumea, y alejaba la posibilidad de edificar hasta los 100 metros, lo que condicionaba todo el proyecto al impedir levantar gran parte de los edificios previstos.

La cuestión era si la parcela puede considerarse un terreno urbanizado consolidado, con lo que se puede edificar a 20 metros, o hay que catalogarlo como edificable, en cuyo caso no se puede actuar a menos de 100 una vez que ya han dejado de estar afectos a la Defensa Nacional.

Finalmente Costas aceptó las alegaciones presentadas por las instituciones vascas y el Ministerio de Defensa y dio en febrero vía libre a la ejecución del proyecto urbanístico en las condiciones previstas.

Pero el último escollo a superar no ha sido ese, sino un recurso presentado contra la venta de los cuarteles ante la Audiencia Nacional por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo ultraderechista cuyo objetivo confesado es defender «el patrimonio histórico español frente a todo tipo de ataques doctrinarios».

La Audiencia desestimó hace unos días esa impugnación, liberando así la operación de todo riesgo de paralización.