La UCO encuentra pruebas que señalan a Cerdán como el propietario del 45% de la empresa navarra clave en la trama

Entre la media docena de registros practicados el pasado 10 de junio (todos ellos vinculados con el informe de la UCO entregado cinco días antes al Supremo y que ha provocado la caída de Santos Cerdán) también estuvo el allanamiento en la localidad vizcaína de Elorrio de la casa de Antxon Alonso, dueño de Servinabar, una de las empresas que está en el centro de la trama por haberse visto supuestamente beneficiada por los concursos amañados del Gobierno foral que preside la dirigente socialista María Chivite.

En un dormitorio del domicilio particular del empresario, según recogen los atestados, los funcionarios encontraron una escritura privada que probaría que Cerdán en realidad es el propietario del 45% de las acciones de la constructora Servinabar 2000. Según ese documento, Joseba Antxon Alonso transmitió al exnúmero 3 de los socialistas el 1 junio de 2016 al menos 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen en total esa firma.

Servinabar 2000 SL, cuyas oficinas se encuentran en Pamplona, está en el centro de las investigaciones después de que enero de 2024, en UTE con Acciona y una tercera empresa, ganara el proyecto para duplicar los túneles de Belate, en Navarra. Servinabar jamás antes había participado en un obra de esta envergadura y su participación en este proyecto llamó la atención en muchos círculos. El concurso tenía un valor de 62,8 millones de euros (sin IVA) y fue adjudicado por la Consejería de Cohesión Territorial de Navarra del socialista Óscar Chivite, tío segundo de la actual presidenta autonómica. Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció de manera reiterada irregularidades, al igual que técnicos que valoraron el proyecto.

En un tercer registro, en el domicilio de otro de los empresarios, Antonio Fernández, vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR), los funcionarios encontraron «un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de Ábalos», que fue intervenido junto al borrador de la programación del año 2023 «de la Subdirección General de Infraestructura, un texto manuscrito sobre obras en la provincia de Franada y adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR».

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil sorprendieron, además, el martes de la pasada semana durante el registro de su casa en Valencia a José Luis Ábalos con una mujer. Anaís D.G. -quien en diferentes webs se presenta como modelo y en otra como dependienta- intentó marcharse de la vivienda en los primeros minutos del allanamiento con un disco duro oculto en su pantalón, según recogen las actas de los allanamientos de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso este periódico.

«El agente TIP Zxxxxx observa cómo Ábalos le indica que lleve algo de desayuno, procediendo ella (Anaís) a ingresar ella a una de las estancias de la vivienda, y antes de proceder a la salida del domicilio, el agente referido observa que la Sra. D. porta algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, la agente Qxxxxx realiza un cacheo, observándose que la señora D. oculta un disco duro en su pantalón», señala el oficio de la Guardia Civil, que explica que previamente el exministro había pedido permiso a la UCO para que la mujer saliera del domicilio, alegando que debía sacar al perro.

Ese disco duro externo de color azul, de la marca Wd-My-Passport, que la joven intentó llevarse oculto entre sus ropas era uno de los principales objetivos de la UCO aquel día, según fuentes de la investigación, que ya avanzan que esa memoria va a estar entre los efectos que primero se analicen de los incautados en los allanamientos de la pasada semana, donde la Guardia Civil, 14 meses después de que estallara el 'caso Koldo', por fin tuvo acceso a dispositivos privados de Ábalos.

Aunque tras el registro de su casa en la capital del Turia el todavía diputado afirmó que los funcionarios de la UCO solo se interesaron por su teléfono móvil, las actas de los registros revelan que los agentes se llevaron muchísimo más de la casa. En total, 34 dispositivos electrónicos, entre memorias USB, teléfonos móviles, ordenadores tarjetas SIM y discos duros, que –ya avanzan los agentes- tardarán meses en poder analizar y sistematizar.

En el registro de la vivienda del imputado y del bajo anexo a la misma, en la que los agentes se demoraron diez horas por la ingente cantidad de muebles y enseres que hay en esos dos locales, los funcionarios también se hicieron con una serie de cuadernos y cinco conjuntos de documentos, cuyo contenido las actas no especifican, pero que los agentes creen que pudieran estar relacionados con la investigación.