Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
La diputada general pide que no se atribuya a la firma baesaindarra «responsabilidades que no le corresponden» porque se trata de un tema «de gran complejidad ética y jurídica»
El genocidio que Israel comete sobre Palestina y todas los matices que rodean a esa masacre se han convertido también en temas capitales del debate en la política guipuzcoana. Sobre todo por el polémico tren que la empresa beasaindarra CAF construye en Israel. Una cuestión que ayer no pasó desapercibida en el Pleno de Política General celebrado en las Juntas, donde la diputada general, Eider Mendoza, advirtió a aquellos que piden la cancelación del contrato que esa decisión «podría suponer el cierre de la empresa o llevársela fuera» de Gipuzkoa. Una larga jornada en la que la jefa del Gobierno foral tendió la mano a la oposición «para llegar a acuerdos», entre ellos el que facilite la aprobación de los Presupuestos de 2026.
La portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, fue la única juntera que se refirió al trabajo de la empresa beasaindarra -que cuenta con más de 16.000 trabajadores por todo el mundo, unos 3.000 de ellos repartidos en Gipuzkoa entre sus plantas de Beasain e Irun - en el país israelí y afirmó que cuando Mendoza «pone en duda que CAF pueda rescindir el contrato, nos hace pensar que no ha entendido nada de lo que ocurre en el mundo». Unas declaraciones que no gustaron nada a la jefa del Gobierno foral formado por PNV y PSE. «Es un ejercicio de ligereza económica», apuntó, para aclarar que la firma del contrato «se realizó en 2019 con todas las garantías». Además, pidió que «no se atribuya a los demás responsabilidades que no les corresponden» porque es una cuestión «de gran complejidad ética y jurídica». Y exigió que no se señale a empresas ni instituciones, como ya hizo el lehendakari Imanol Pradales hace dos semanas en el Parlamento Vasco.
Fue un pleno sosegado y sin grandes estridencias, como ya es costumbre de un parlamento guipuzcoano que no tiene nada que ver con el ruido y la polarización de otras cámaras del Estado o de Europa. Comenzó además con un minuto de silencio por el genocidio en Gaza y el desiderátum de la diputada general de que «la historia ponga a Netanyahu en su lugar». Consciente de que el Gobierno foral necesita, un año más, el apoyo de, por lo menos, un partido de la oposición para aprobar los Presupuestos, Mendoza instó a los partidos de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos- a «trabajar conjuntamente» y «llegar a acuerdos» en un momento de «incertidumbre global». En esa línea agradeció a la formación morada, horas antes de su encontronazo por CAF, que respaldase la reforma fiscal de PNV y PSE. Y, como en la soka-dantza, dijo Mendoza, pidió a la posición que «agarre lo que nos une».
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Entre los principales desafíos del territorio, Mendoza puso el foco en los cuidados. Y resaltó «las obras de tres nuevas residencias están en marcha o a punto de arrancar, que supondrán 383 plazas más y una inversión de 122,5 millones». En todos ellos, remarcó, «se ofrecerá una atención basada en el nuevo modelo de cuidados desarrollado en Gipuzkoa, personalizado e innovador». Asimismo, anunció la creación de «una sociedad pública para realizar las inversiones en nuevos equipamientos para las futuras necesidades de cuidados».
No es un tema menor el de los cuidados, ya que ha sido el punto fundamental en el desencuentro entre el Gobierno foral y EH Bildu a la hora de sellar un acuerdo presupuestario. En esa línea, la portavoz de la coalición aber-tzale, Maddalen Iriarte, emplazó a la Diputación en su turno de réplica que «debe trabajar para cambiar el modelo de cuidados y dignificar las condiciones de los trabajadores, limitando la subcontratación o, incluso, estableciendo cláusulas sociales en la contratación pública».
La vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía guipuzcoana y Mendoza adelantó que, como consecuencia de la última reforma fiscal que PNV y PSE aprobaron gracias a los votos de Elkarrekin Podemos, «la Hacienda foral invertirá en adelante anualmente 200 millones de euros mediante desgravaciones, facilitando el acceso a la vivienda e incidiendo positivamente en la capacidad de emancipación de la juventud». La reforma fiscal fue precisamente criticada por el portavoz del PP, Mikel Lezama, «no entendí por qué se nos excluyó de la negociación o por qué nos negó la posibilidad sin ni siquiera habernos escuchado».
Sobre el futuro industrial de Gipuzkoa, Mendoza advirtió de que «el mar viene revuelto». Además de la transición tecnológica, ambiental y demográfica, «el viento sopla cambiante» debido al contexto geopolítico marcado por la política arancelaria de Donald Trump. Pero resaltó que el 2025 «está siendo un año fructífero en el esfuerzo por impulsar nuevos sectores industriales», con la inauguración del centro de nueva movilidad Mubil y la puesta en marcha próximamente del ordenador cuántico System Two de IBM en el campus de Ibaeta.
Estatuto y euskera
El discurso de Mendoza no se escapó de los elementos fundamentales que van a marcar el calendario de la política vasca y de la española. La diputada general jeltzale reclamó el cumplimiento «de una vez por todas» del Estatuto de Gernika y consideró «necesarias», en tiempos de «inestabilidad», instituciones «sólidas, instrumentos de autogobierno eficaces y un fuerte carácter propio». Además, criticó que el Gobierno central «solo cumple con los traspasos pendientes cuando se ve con el agua al cuello». Algo que quiso matizar su socio de gobierno durante la intervención del portavoz del PSE, Alberto Albístegui. «Seamos justos cuando decimos algunas cosas», señaló el socialista, porque «se ha cumplido el 98% del Estatuto. 23 transferencias se han hecho bajo el mandado de Pedro Sánchez».
La exigencia del euskera en la administración pública es otro de los temas que provoca fricciones en el seno del Gobierno foral entre jeltzales y socialistas. Mendoza pidió ayer «respeto por el euskera y por las políticas públicas desarrolladas por las instituciones vascas en favor de la igualdad lingüística». Y mostró su preocupación ante las decisiones judiciales que se han producido en los últimos meses. Por ello, expresó su «total compromiso» de seguir trabajando «diferentes vías» para que la ciudadanía sea atendida en euskera y las personas trabajen en euskera en la Diputación».
