Antxon Alonso niega ser 'el Guipuchi' que se menciona en la trama Cerdán: «Yo soy de Bizkaia»

En una declaración relativamente breve en la que solo ha respondido a preguntas de su abogado, Antxon Alonso ha admitido que una vez entregó 4.500 euros a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) que Ábalos fundó en 1992, pero que únicamente fue «una donación aislada que desgrava fiscalmente. Damos a muchas fundaciones de varios tipos. Se hizo por compromiso social de Servinabar», la empresa a la que investigan varios contratos obtenidos formando UTE con la firma Acciona.

Sobre esta firma que tiene su sede en Pamplona, Alonso Egurrola ha explicado que la creó en septiembre de 2015 con motivo del «proyecto de una mina» de potasa ubicada entre Navarra y Aragón, con el objeto de «llevar el mantenimiento y conservación de las instalaciones». Ha precisado que se trataba de «un proyecto privado que no tiene nada que ver ni con adjudicaciones ni con dinero público». Según ha explicado, su promotora era Geoalcali, que pertenece a un fondo australiano y, «al ser extranjeros, debían tener contactos con empresas nacionales para desarrollar el proyecto», y por eso fundó Servinabar.

Ha asegurado que él «siempre» ha sido el «socio único» de esta firma que entre sus pocos trabajadores cuenta con «arquitectos, técnicos, aparejadores, técnicos de caminos...». De esta manera ha negado que Cerdán poseyera o hubiera poseído el 45% del accionariado, según recogía unas escrituras sobre una presunta cesión de acciones a Cerdán, que fueron encontradas en un documento durante el registro que la Guardia Civil llevó a cabo en su domicilio de Elorrio. Ha afirmado que se trataba solo de «un borrador» de escrituras que nunca se llegaron a firmar. Se habría redactado en un momento en el que Cerdán le habría comentado que iba a dejar la política tras el varapalo sufrido en las elecciones al Parlamento navarro, momento en el que Antxon le ofreció entrar en Servinabar, que estaba trabajando en el proyecto de la mina. Sin embargo, el exsocialista «decidió continuar en política» y no llegaron a formalizar las escrituras ante el notario. «Él no me pagó 6.000 euros» por la transferencia accionarial, ha dicho.

De acuerdo con su declaración, Antxon mantenía con Cerdán una relación meramente «personal» que se habría fraguado durante la etapa en la que el navarro ejerció la oposición como concejal en el Ayuntamiento de su pueblo, Milagro. El elgoibartarra acudió a esta localidad de la Ribera Navarra «a presentar un proyecto de viviendas» que no prosperó, y volvió a coincidir «tres meses después» en un salón inmobiliario donde se intercambiaron los teléfonos.

También le han preguntado por el alquiler de un piso «modesto» de Madrid que pagó Servinabar, y ha indicado que decidió alquilarlo en una época en la que tenía muchos negocios en la capital estatal, y que cuando Cerdán le dijo que se iba a Madrid, él le propuso que se alojara en su piso, donde para ello habrían colocado una cama en el salón.

Durante su declaración, Antxon ha reconocido el vínculo empresarial con Acciona, junto a la que se ha presentado bajo la fórmula de UTE (Unión Temporal de Empresas) «a más de 20» licitaciones públicas de las que habrían obtenido cinco. Son las ya conocidas obras en las oficinas del Navarra Arena, la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra, el colegio público de Arbizu –en este caso con otra empresa de la que es administrador único, Alegure SL–, la construcción de 62 viviendas de VPO en el barrio pamplonés de Erripagaña, y el desdoblamiento de los túneles de Belate, en una UTE con Acciona y Construcciones Osés.

Según ha explicado, Acciona, como «empresa grande» era la que gestionaba y la que le proponía integrar la UTE, en la que Servinabar únicamente se encargaría de la prevención de riesgos laborales.

Con respecto a la figura de Koldo García, ha relatado que mantuvieron «una relación profesional. Trabajó conmigo nueve meses». Fue desde la primavera de 2015, cuando Cerdán le dijo que el que fuera asesor de Ábalos buscaba trabajo. De hecho, Koldo García se dio de alta en autónomos en Donostia como agente de la propiedad inmobiliaria, aunque nunca llegó a colegiase como tal, según aclaró a este periódico el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa. Así, a finales de ese mismo mes de junio, ambos fundaron la cooperativa Noran SL, aunque su manera de trabajar, según Antxon, era que si Koldo le presentaba negocios u obras privadas, él le pagaba un sueldo mensual». Formalmente, su vínculo empresarial habría finalizado el 31 de enero de 2017, cuando Koldo «se dio de baja» en Noran.

Esta cooperativa tiene su domicilio en la tercera planta del número 45 de la calle Portuetxe, donde se ubica la asesoría Azpilicueta, que «desde siempre» lleva la contabilidad tanto de Noran como de Servinabar. Una contabilidad que, a juicio de Antxon, «está clara» y no hay ilegalidad alguna. Y ha mantenido que «ninguna de las obras» obtenidas por la UTE Acciona-Servinabar «está investigada por la UCO».

Además de Antxon Alonso, por el alto tribunal también ha desfilado este lunes Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcción en País Vasco y Navarra, quien también ha negado el pago de mordidas por la adjudicación de obra pública.

La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión provisional para ninguno de los dos, en cambio ha reclamado al juez, y éste lo ha aceptado, la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio.