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El pasado 20 de septiembre apuntaba a ser uno de los días más felices en la vida de Amaya, una guipuzcoana que ese día se ... enteró de que le había tocado una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad en Lasarte-Oria. Como tantas otras personas, llevaba más de una década incluida en las listas del servicio vasco de Vivienda (Etxebide) hasta que la suerte al fin le sonrió a sus 40 años. Había resultado agraciada en el sorteo realizado días antes para los edificios 2 y 3 de la promoción Zatarain, tres bloques de iniciativa privada que albergan 96 viviendas en total.
Su 'premio' era un piso en planta baja de 77,80 metros cuadrados más otros 38 de terraza. Consta de tres habitaciones y dos baños, además de garaje y trastero. Todo esto lo supo dos semanas después. Primero se publica la lista de agraciados y, días más tarde, la vivienda que le corresponde a cada uno.
Ya desde el primer momento en que conoció su lote, a Amaya le extrañó que siendo una persona sola, con 40 años y sin perspectiva de aumentar la familia, le hubiese tocado semejante pisazo. «Entiendo que no responde a mi perfil. Supongo que habrá familias con hijos a las que les venga mejor una vivienda de ese tamaño», señala.
Así que enseguida planteó a la empresa constructora si había opción de cambiar su piso por otro más pequeño, mejor adaptado a sus necesidades y, presumiblemente, más barato, si había algún otro adjudicatario de un piso de dos habitaciones al que le conviniera más el suyo.
La respuesta fue que en el sorteo y las adjudicaciones se siguió el procedimiento legal establecido, y que «se puede solicitar a Etxebide una permuta, pero que antes debo aceptar el piso que me ha tocado y hacer frente a la entrada, que asciende al 21%del valor de la vivienda».
Es en ese momento cuando la noble pretensión de dejar su piso a alguien a quien le convenga más se convierte en urgencia. Los cálculos son claros. El precio de la vivienda es de 191.000 euros, que más el 10%de IVA ascienden a 210.000. El 21%de entrada son más de 44.000 euros. Una cantidad que Amaya no tiene.
Así que acude a una oficina de Etxebide a exponer su caso. «Me responden que no pueden hacer nada. Que al ser una promoción de iniciativa privada hable con la constructora o con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria».
Así lo hace, pero con igual resultado. «Entre todos se han ido pasando la pelota. El Ayuntamiento dijo que no era cosa de ellos, que las condiciones para el sorteo y las adjudicaciones las marca Etxebide. Etxebide me remite a la constructora, y la constructora, de nuevo a Etxebide... Es de locos. ¿Tan difícil es revisar las solicitudes, ver si hay alguna familia a la que le haya tocado un piso de dos habitaciones y ofrecerle poder cambiarlo por uno más grande?», se pregunta.
El sorteo en cuestión era de 64 viviendas de 2 y 3 habitaciones, con precios que oscilan entre los 172.000 y los 230.000 euros (con IVA). A Amaya le tocó uno de los más caros. «En Etxebide tienen los perfiles y los datos económicos de los solicitantes. ¿Por qué no hay un mínimo trabajo de adecuación de los pisos a las necesidades y posibilidades de los demandantes?», insiste en preguntar. «Igual que se reserva un número de viviendas a personas con movilidad reducida, se deberían cotejar las características de las viviendas con los perfiles de los demandantes y tratar de casarlos», apunta.
«Independientemente de mi caso, y de que no puedo pagarlo, es que aunque pudiera no me parece lógico que a una persona sola le toque un piso de 3 habitaciones y dos baños. Y menos aún que ofreciéndome a intercambiarlo, no pueda salvo si pago antes la entrada y lo acepto, aunque no sepa si podré llegar a pagarlo», insiste.
Sin posibilidad de reunir los 44.000 euros para la entrada, Amaya sondeó a las entidades financieras. Se encontró con la política de no conceder por encima del 80% del valor del piso, además de que los préstamos se conceden a la firma de la compraventa y el edificio está aún por construir. «Con uno de los más baratos tendría más opciones de hacer frente a la entrada (unos 36.000 euros) y a la hipoteca, pero 44.000 euros y teniendo que pagarlos ya, es imposible para mí».
Así que no le ha «quedado otra opción» que renunciar a la vivienda «por causas ajenas a mi voluntad:falta de financiación y la negativa de todos a mirar la posibilidad de cambiarla», denuncia.
Firmó la carta de renuncia el 21 de octubre, tras lo que reflexiona sobre la política de VPO. «No sé si el espíritu de la vivienda social debe ser construir pisos de 100 metros cuadrados por 230.000 euros. Un precio muy alto para una persona sola», remarca.
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