Apenas 2.634 familias vulnerables de Gipuzkoa piden el bono social de 200 euros

Se trata de una cifra muy inferior a la esperada, ya que se estimaba que fueran unos cuantos miles los beneficiados por el bono social, a pesar de que la Hacienda guipuzcoana no ofreció en ningún momento una previsión por las dificultades que entrañaba cruzar los datos.

La ayuda estaba dirigida a personas asalariadas, autónomas o en desempleo, pero quedaban excluidas quienes percibían el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como pensiones del régimen general, de los especiales de la Seguridad Social y clases pasivas.

Además, los requisitos para solicitar la ayuda eran estar domiciliado en el territorio y que la renta de la unidad convivencial en 2021 fuera inferior a 14.000 euros y su patrimonio, inferior a los 43.196,4 euros, descontada la vivienda habitual.

En Gipuzkoa había en 2020 un total de 89.428 personas que declararon ingresar menos de 13.200 euros, lo que daba una idea del impacto que podía tener la medida, si bien esta cifra corresponde a rentas individuales y no de familias, que son las destinatarias del bono.

Aunque la ayuda era de carácter estatal, en Euskadi fueron las Haciendas territoriales las encargadas de recibir y gestionar las solicitudes. Una encomienda, de hecho, que ante la falta de concreción de quién y cómo tenía que hacerlo retrasó en los tres territorios el inicio del plazo de solicitud un par de semanas.

En el resto del Estado se activó el 8 de julio y también finalizó el pasado viernes, sin que el Gobierno central haya dado a conocer por ahora el total de solicitudes. En cualquier caso, en virtud de las cifras ofrecidas en las dos primeras semanas, el impacto estaba siendo también muy inferior al esperado. El Gobierno preveía destinar 540 millones a esta ayuda que, según sus estimaciones, beneficiará a 2,7 millones de personas. En las dos primeras semanas no llegaban a las 100.000. En Gipuzkoa, 634.

Las peticiones había que hacerlas de forma telemática en la web de la Hacienda guipuzcoana rellenando un formulario. Pero para acceder a ella se requería un certificado electrónico, BakQ o Bak. Unos requisitos impuestos por el Gobierno central y que han podido suponer un hándicap a la hora de realizar este requisito al tratarse de rentas bajas.

El abono se hará en un pago único. Si el 31 de diciembre los solicitantes no han recibido respuesta afirmativa, se entiende que la petición habrá sido desestimada.

La medida del bono social de 200 euros se incluyó en un paquete más amplio que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de junio, a pocos días de que decayera el primer plan de medidas anticrisis aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. En este caso, las medidas no tenían una vigencia de tres meses, como el inicial, sino de seis, hasta el 31 de diciembre. La intención era inyectar un balón de oxígeno en unas economías que ya empezaban a notar el impactadas de la inflación.

Para proteger a familias, industrias y empresas, el Ejecutivo, además de mantener medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el tope al alquiler o la prohibición de hacer despidos objetivos, incorporó otras como un bono de 200 euros para familias vulnerables, una ayuda a los abonos de transporte público, una nueva rebaja del IVA de la luz o el límite al precio máximo de la bombona de butano. Todo este paquete de medidas tenía un coste presupuestario superior a los 9.000 millones de euros.