Cada plaza en una residencia de mayores de Gipuzkoa cuesta 3.651 euros al mes

Aunque cada plaza concertada cuesta 3.631 euros mensuales, la aportación máxima de los usuarios no supera los 2.303 euros al mes, según fuentes del área que dirige Maite Peña. La cantidad a pagar, en cualquier caso, varía dependiendo de la situación y casuística de cada residente. En estos momentos, la mayoría –el 44%–, paga entre 1.500 y 2.303 euros al mes. En este intervalo se encuentran 1.964 guipuzcoanos dependientes que ocupan una de las más de 4.600 plazas concertadas de las residencias del territorio, donde apenas hay 641 plazas privadas. Otras 1.213 personas –el 27,2% de los usuarios– destinan todos los meses entre 600 y 1.050 euros para poder vivir en un centro en el que estén acompañados de profesionales sociosanitarios. Le siguen 957 guipuzcoanos (21,5%) que guardan entre 1.050 y 1.500 euros al mes para la residencia y 325 (7,3%) que destinan entre 0 y 600 euros a su estancia en uno de los 65 recursos del territorio.

Los que más pagan por sus cuidados en un centro de este estilo son los dependientes de grado II o grado III, esto es, los considerados grandes dependientes que necesitan apoyo constante, así como los que están en una unidad psicogeriátrica. La aportación máxima de estas personas es, según las mismas fuentes, de 2.303 euros al mes. Los dependientes de grado I, por su parte, pagan una media de 1.842 euros y las personas autónomas, 1.542 euros. Aunque la Diputación sea quien regula la aportación de cada usuario, es la entidad la que directamente cobra esa cuantía.

¿Pero, cómo se calcula la aportación de cada uno de los usuarios? La fórmula es clara. A la renta se le suma el patrimonio de la unidad convivencial –en Gipuzkoa no se computa la vivienda habitual–. Si el patrimonio individual es superior al 62% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, esto es, 5.208 euros, se establece la aportación máxima durante un periodo. Después, se calcula en base a la renta individual (el 85% de la renta se divide entre 365 días y así se consigue la cuantía diaria).

Para acceder a una plaza concertada, los mayores deben cumplir varios requisitos, entre otros, «tener la nacionalidad española u otra de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea y haber residido en territorio estatal durante al menos cinco año». También es necesario que en el momento de presentar la solicitud esté empadronado en algún municipio de Gipuzkoa y resida «de manera efectiva» en el territorio, así como que esté valorada como persona con dependencia y tenga «65 años o que los cumpla en el año de la presentación de solicitud». Si tiene una discapacidad se acepta la petición de plaza de una persona de 60 años.

El tiempo de espera para conseguir una plaza concertada en una residencia de mayores de Gipuzkoa es, de media, de casi cuatro meses. Mientras tanto, hay muchos mayores que optan por pagar una plaza privada, a la espera de conseguir un hueco en la red concertada de la Diputación. Las cerca de 700 plazas privadas que hay en el territorio se dividen en diferentes centros, como Sanitas, Matia o DomusVi, entre otros. Cada uno tiene su tarifa, que varía en función de la situación de los usuarios y el grado de dependencia, pero el precio de una plaza privada en un centro de mayores de Gipuzkoa oscila entre los 3.500 y los 4.500 euros. La media así se sitúa en los 4.000 euros mensuales y entre los servicios que se ofrecen está el equipo de enfermería y médicos propios, fisioterapeuta, oxigenoterapia, rehabilitación funcional y cognitiva y valoración geriátrica integral.

Otra de las alternativas para retrasar el ingreso en una residencia o cubrir el tiempo de espera en el hogar son las ayudas a la dependencia, que se dividen en aquellas para contratar un cuidador profesional (PEAP) o en las destinada a contribuir a la cobertura de los gastos de la atención de la persona en situación de dependencia por parte de un familiar (PECE). Es más, los mayores que reciben cuidados en el hogar retrasan hasta cinco años el ingreso en una residencia, según un estudio de la Diputación, que estima que el territorio necesita crear 1.000 plazas más en centros residenciales en diez años para cubrir la demanda actual pero, al no ser «viable», la solución pasa por fomentar la ayuda domiciliaria.