Gipuzkoa da la luz verde definitiva al futuro peaje para camiones en la N-I y A-15
Las Juntas aprueban el canon que entrará en vigor en 2023 con los votos de PNV y PSE y el rechazo de EH Bildu, Podemos y PP
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han dado este jueves el visto bueno definitivo a la norma foral que regulará el nuevo peaje para camiones de ... la N-I y la A-15, que entrará en vigor previsiblemente a comienzos de 2023 y hará de pago todo el trazado de ambas carreteras por el territorio para evitar la discriminación indirecta que han observado los tribunales, que han anulado los dos cánones anteriores, vigentes entre 2018 y octubre pasado. Un peaje que hacía de pago solo tres tramos que sumaban 19 kilómetros. Como estaba previsto, la norma ha salido adelante con los votos favorables de los partidos que sostienen el Gobierno de la Diputación, PNV y PSE, y el rechazo de la oposición: EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP.
Como es sabido, el futuro peaje hará de pago para los camiones de más de 3,5 toneladas los 76 kilómetros de la N-I y la A-15. Eso hará que cruzar Gipuzkoa vaya a ser tres veces más caro que lo que ha sido hasta ahora, al mantenerse la tarifa por kilómetro (0,22 euros para vehículos de entre 3,5 y 12 toneladas, y 0,28 para los más pesados). Pero los más perjudicados serán los transportistas locales, al tener que pagar por los recorridos interiores por el territorio, hasta ahora gratuitos. Un Beasain-Tolosa o la autovía de Leitzaran hasta la muga con Navarra, por ejemplo.
Una vez que en octubre dejó de cobrarse el peaje anterior, la circulación por ambas vías será gratuita durante algo más de un año. El tiempo necesario para que la Diputación lleve a cabo la instalación de toda la infraestructura necesaria de lectores de matrícula y cobro que requiere el nuevo sistema. Son más de un centenar de dispositivos en todas las entradas y salidas de ambas vías, y cuatro nuevos arcos, tres en la N-1 en Itsasondo, Tolosa y Lasarte-Oria, y un cuarto en la A-15 junto al túnel de Oindolar, en Villabona. Se suman a los ya existentes en Etzegarate, Andoain (ambos en la N-I) y en la A-15 en Astigarraga.
Posicionamientos
Ha sido una votación rápida, sin más debate que una intervención por grupo, ya que las posiciones han quedado claras en las diferentes comisiones que ha habido durante la tramitación parlamentaria de la norma. El portavoz del PNV, Eric Gálvez, ha recordado que con esta norma Gipuzkoa «cumple con el mandato de las Juntas Generales, que aprobaron que el sostenimiento de las carreteras no puede caer exclusivamente en los bolsillos de los guipuzcoanos y había que recurrir al modelo de 'pago por uso', y con las condiciones impuestas por los tribunales» de no dejar margen a posibles elementos discriminatorios.
Desde el principal partido de la oposición, EH Bildu, su juntero Oskar Bordes, ha reclamado a la Diputación «descuentos para los usuarios más intensivos» de estas vías alegando que Europa «permite hasta un máximo del 13%», así como «para los vehículos menos contaminantes», defendiendo que «es factible si el transportista da de alta su vehículo con su correspondiente matrícula en la web de Bidegi».
La portavoz del PSE, Susana García Chueca, ha subrayado que la existencia de este peaje «ayuda a consolidar nuestro sistema de protección social, ya que no será necesario derivar recursos de las políticas sociales al sostenimiento de la red viaria». Anunció asimismo que en el futuro «podrá dedicarse parte de estos recursos a financiar el transporte público, una vez que Bidegi haya hecho frente a sus compromisos financieros y su viabilidad económica esté asegurada».
La juntera de Elkarrekin Gipuzkoa, Arantxa González, ha denunciado que «a 15 kilómetros de casi todos los domicilios de los guipuzcoanos habrá solo carreteras de peaje». «Un buen negocio para bancos y constructoras, pero una hipoteca mediambiental para la sociedad». Ha alertado además de que el peaje supone «un palo más en las ruedas para un sector que con la panedemia se ha demostrado imprescindible y que atraviesa grandes dificultades con la subida de los carburantes y la energía y el 'dumping' social».
El portavos del PP, Juan Carlos Cano, ha explicado por último que su grupo ha votado en contra «no porque esté en contra de la existencia del peaje», sino porque considera «abusiva» la tarifa. Se ha remitido al informe de viabilidad del proyecto, que reconoce que el canon «generará fondos adicionales» para, además de permitir el sostenimiento de la vía, «acometer nuevas infraestructuras». Cano ha calificado los precios como un «bonus extra» para la Diputación a cuenta de «hacer caer sobre un único sector el mantenimiento de la red viaria y la construcción de futuras carreteras».
El sindicato de transportistas Hiru reitera su rechazo
El sindicato Hiru ha reiterado su oposicióna que los transportistas asuman, en exclusiva, el mantenimiento de las carreteras en Gipuzkoa. Así, ha mostrado su rechazo a la aprobación de la tercera norma foral para cobrar peaje a los camiones en la N-1 y A-15. «La oposición en bloque ha votado en contra de la nueva norma al entender que suponen un gran perjuicio económico para el transporte por carretera», ha destacado.
El sindicato ha reiterado su rechazo a que los transportistas asuman, en exclusiva, el pago del mantenimiento de las carreteras. A su juicio, PNV y PSE-EE «obvian cuestiones fundamentales inherentes al sector como que el transporte de mercancías por carretera es un servicio público, esencial» y las infraestructuras viarias, «un bien público que se financia mediante impuestos y tributos que todos pagamos, porque todos somos usuarios de los mismos».
Asimismo, ha recordado que el transportista cumple su cometido en la carretera, «no por gusto, sino respondiendo a las demandas de la sociedad y las empresas». En este contexto, ha indicado que no se entiende «la actitud de la Diputación, que al margen de que sigue tramitando la norma que le permita cobrar peaje a los camiones a partir de 2022 o 2023, está dificultando la devolución de lo cobrado irregularmente desde 2018 a los transportistas mediante las anteriores normas que fueron anuladas por los tribunales».
«Ya advirtieron que sólo atenderán las demandas que vengan del juzgado», ha recordado, para, a continuación, tachar esa actitud de «irresponsable», y que «Bidegi cobró los peajes durante casi cuatro años de manera automática, tiene todos los datos y debería devolver las cantidades cobradas automáticamente sin que cada transportista tenga que presentar su solicitud en el juzgado correspondiente».
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