La orden de dar festivos por detener a migrantes pone en cuestión la política de controles en Irun
Expedientan al jefe de Extranjería que firmó la instrucción que daba días por detener a 'sin papeles'
El escándalo por la orden emitida por un jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Irun, en la que ofrecía días libres ... a sus agentes por la detención de migrantes y que fue destapado este miércoles por este periódico, obligó a la Dirección General de la Policía Nacional a depurar responsabilidades en forma de expediente disciplinario al responsable que firmó el documento. Este jueves por la tarde un grupo de ciudadanos se ha reunido en torno al quiosco de la plaza del Ensanche para hacer patente su enfado e indignación con esta orden emitida por un jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Irun.
Desde el Gobierno defienden que fue un acto individual, realizado al margen del comisario, que califican de «absurdo» y lo desligan de cualquier práctica policial. Sin embargo, desde el sindicato Jupol, que denunció los hechos, afirman que ese tipo de circulares no se emiten sin la aprobación de los responsables y piden a Interior que «vaya más allá». La dirección de Migración y Asilo del Gobierno Vasco considera los hechos «escandalosos e injustificables», si bien aplaude la «rápida reacción» para dejarlo sin efecto. Y desde la red de apoyo a los migrantes en Irun, Irungo Harrera Sarea, califican de «inauditos los premios a la caza» de migrantes y piden dimisiones.
Todo se desarrolló en menos de 24 horas. El martes a mediodía un jefe de grupo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de la Policía Nacional de Irun remitía el documento firmado a todos los agentes, en el que incluía un apartado relativo a las «compensaciones por incidencias». En el mismo se recogía que a partir del 1 de julio de 2023, en función del número de detenidos durante el fin de semana, se iban a ofrecer diferentes días de compensación. Sin ningún arresto, recibirían dos días libres; con un detenido ascendían a tres; de dos personas en adelante recibirían cuatro días de compensación; y a partir de diez detenidos se les dotaría de cinco días de libranza.
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Sin embargo, horas después de que esa orden fuese firmada y difundida, tras la denuncia del sindicato Jupol en sus redes sociales, la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco la anuló, tal y como confirmaron fuentes policiales oficiales consultadas por este periódico. El documento, por tanto, quedaba sin efecto y no se iba a aplicar.
Así se lo comunicó el propio comisario a los agentes. Sobre las ocho de la tarde colgó una nota en un tablón de anuncios del centro policial, en la que anunciaba que «ese escrito carece de toda validez al no haber sido refrendado por el responsable de esta comisaría local».
Marlaska no quiso hablar
Este miércoles por la mañana, tras hacerse pública la noticia, la Dirección General de la Policía confirmó que se había abierto un expediente disciplinario al jefe encargado de firmar la orden. El único en salir a dar explicaciones fue el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, quien calificó de «absurda» la orden policial y la achacó al «mal proceder» del jefe que la emitió y la firmó. Itxaso quiso destacar la rapidez con la que anularon dicha circular interna, a la vez que lamentó la «imagen» dada por parte del cuerpo policial, «porque no hace justicia con el proceder de la Policía».
El delegado se dirigió a los medios durante la inauguración de la exposición 'Memorias' en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. En el acto estaba presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rehusó hacer declaraciones al respecto. Desde Ezker Anitza-IU han pedido «explicaciones» al ministro, al que piden que «abra una investigación».
Itxaso defendió que la medida de compensaciones que recogía la orden «no guarda relación con el procedimiento ordinario de la Policía, cuya eficacia no depende de que se detenga más o menos, y mucho menos de que eso se traslade al calendario laboral. Es absurdo se mire por donde se mire». El delegado del Gobierno insistió en que son «procederes que hace muchos años que se extinguieron en la Policía», y que en «ningún caso se actúa de esta manera».
Por otro lado, Itxaso quiso puntualizar que la orden «no iba dirigida a premiar a los policías que detuvieran migrantes», sino que iba referida «al conjunto de la población». No obstante, estaba ordenada para los agentes de la sección de Extranjería, dedicados al control de flujo migratorio.
En el Gobierno Vasco reconocen que recibieron la noticia a través de este periódico y que les «asustó» leerla. Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo, considera «escandaloso» que se llegase a plantear la posibilidad de premiar a los agentes por un mayor número de detenciones, aunque celebra la rápida reacción a la hora de anular la orden. «Nos ha tranquilizado, porque no se puede utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio», critica.
Devoluciones en caliente
A pesar del revuelo causado por estos hechos, Legarreta recuerda que «no es la primera vez que hemos denunciado malas prácticas policiales, como de la Policía francesa», por las devoluciones en caliente que realiza en la frontera, donde se han llegado a ver furgones policiales llenos de extranjeros que eran apeados en Irun. «Venimos tiempo reclamando que el fenómeno migratorio hay que humanizarlo, son personas que tienen historias muy duras detrás», recuerda el director vasco de Migración y Asilo.
Respecto a las previsiones de flujos de llegadas de cara este verano, Legarreta explica que las cifras de este año revelan una tendencia a la baja respecto al año pasado. «Hasta mayo de 2022 se habían atendido en Hilanderas a 3.500 migrantes, mientras que en el mismo periodo de este año han llegado unos 1.200». Una tendencia a la baja que se viene dando desde 2021, la última vez que se activó el plan de contingencia que activa recursos de acogida en todo Euskadi. Ese año se batió el récord de llegadas, más de 8.000. «Por eso nos ha sorprendido más aún que se incentiven las detenciones en un contexto de cifras a la baja», señala Legarreta, que en todo caso califica los hechos de «injustificables».
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