Los ayuntamientos recaudarán el impuesto turístico con el que Donostia prevé ingresar hasta 8,5 millones al año

Después de años de negociaciones, con mesa de trabajo incluida, el proyecto estrella del departamento de Turismo del Gobierno Vasco, liderado por el socialista Javier Hurtado, ha tenido que reformularse tal y como informó este periódico. No será un impuesto autonómico a aplicarse en los alojamientos de todos los municipios vascos. En cambio, las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba serán las que regulen y elaboren la Norma foral que creará un marco jurídico para que las localidades que deseen implantar el impuesto turístico se acojan a él, siendo los propios consistorios los destinatarios de la recaudación. El propio consejero de Turismo, Javier Hurtado, informó el pasado martes que su departamento había trasladado una propuesta de tasa turística a las haciendas forales a las que achacó el retraso en la implantación, que la consejería quería tener lista para este año, pero que no será realidad al menos hasta el año que viene.

Se trata de un modelo que el Ayuntamiento de Donostia ha reclamado siempre y que será el que finalmente se adopte. Su alcalde, Eneko Goia, precisó en febrero, visto que la propuesta que debía llegar a Alderdi Eder desde la mesa de trabajo del Gobierno Vasco no llegaba, que San Sebastián dejó de ingresar entre 7,5 y 8,5 millones de euros en 2024 que sí habría recibido si el impuesto turístico estuviera implantado. Los cálculos del Ayuntamiento se basaban en que cada visitante podría haber abonado entre 3,5 y 4 euros por pernocta y que el año pasado hubo cerca de dos millones de pernoctaciones en la capital.

Una vez desenredado que el impuesto será municipal, las diputaciones tienen que dar forma jurídica a la norma. El cobro del impuesto turístico no se aplicará este año y se retrasa, al menos, hasta bien entrado 2026, ya que la Norma foral debe aprobarse en las Juntas Generales, el parlamento guipuzcoano, donde el gobierno de coalición formado por PNV y PSE, con un total de 24 junteros, a dos de la mayoría absoluta, deben contar con el apoyo de algún partido de la oposición –EH Bildu (22), PP (3), Elkarrekin Podemos (2)– para sacar esa regulación adelante. Eider Mendoza transmitió ayer que esperaba poder presentar para «final de año» esa norma foral en las Juntas Generales, cuya tramitación y aprobación posterior puede prolongarse «durante unos seis meses».

Después de su aprobación, sería el turno de los ayuntamientos decidir si van a querer implementar el impuesto turístico, consideración que someterán a debate y votación en su pleno para dirimir sus detalles, que dependerán de cómo de laxa o estricta sea la Norma foral que salga de la Diputación de Gipuzkoa. Y sobre todo, falta saber el cómo será ese modelo y a qué se destinará la recaudación.

Por su parte, el concejal de Turismo de San Sebastián Jon Insausti celebró el giro. Que sean los ayuntamientos los que vayan a recaudar este gravamen es «una muy buena noticia. Gana la ciudad y, sobre todo, ganan los donostiarras». Recordó que desde el Ayuntamiento «siempre» han defendido que «el impuesto a la estancia en alojamientos turísticos debería de ser municipal, no por ansia de control, sino porque desde la realidad local es como mejor se entiende la realidad turística». El concejal aseguró que «lo que nos hace falta ahora es que las haciendas forales se pongan en marcha».

En este contexto, las Juntas Generales son las que decidirán el diseño del impuesto turístico. En una ronda de consultas realizada por este periódico, Maria Eugenia Arrizabalaga, portavoz del PNV en las de Gipuzkoa, transmitía que «al menos la mayor parte de la recaudación debe corresponder a los ayuntamientos», mientras que su socio de gobierno, en voz de José Ignacio Asensio, teniente de diputada general, celebraba que «lo positivo es que ya no hablamos de si se debe implantar, sino cómo implantarla», y señaló a Hacienda como la que «tiene que responder y decir cómo se va a hacer».

En la oposición, EH Bildu lamenta que «la falta de acuerdo entre PNV y PSE está bloqueando su puesta en marcha» y pedirá que el impuesto sea «de ámbito local, recaudado y gestionado por cada ayuntamiento y con un carácter progresivo en función del nivel del alojamiento».

Mikel Lezama, portavoz del PP en Juntas Generales, opta por que el tributo «sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos y compensar lo mucho que ya pagamos vía tasas e impuestos, como el IBI». Miren Echeveste, de Elkarrekin Podemos, expresa que «estamos perfilando una propuesta concreta visto que la cosa está avanzando», pero adelanta que apostarán por que «el impuesto tendría un carácter de progresividad en función del nivel o tipología de alojamiento, el que pernocte en un hotel de cinco estrellas deberá pagar más».