María Gavilán: «Algunas sentencias pueden llevar a que la víctima desconfíe de la Justicia»

Las Naciones Unidas han creado una agenda para 2030 con criterios de desarrollo sostenible. El quinto de esos objetivos es la igualdad real y efectiva de mujeres y niñas y evitar cualquier forma de discriminación sobre las mujeres. Con este marco, Haurralde Fundazioa ha organizado en Donostia unas jornadas para reflexionar sobre las violencias entrecruzadas que sufren las mujeres. Una de las ponentes ha sido María Gavilán Rubio, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelaguna (Madrid) y experta designada ante el Congreso de los Diputados en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

- Usted habla sobre la trata y tráfico de personas, un problema en el que la mayoría de las víctimas son mujeres en un porcentaje altísimo y se centra también en la interculturalidad en este delito.

- Dentro de la trata de seres humanos y tráfico de personas, la parte que más toca la violencia de género es la trata con fines de explotación sexual y la vinculación innegable que tiene con la prostitución. Hablo de interculturalidad porque hay lugares en el mundo donde se dan formas de trata que en España no existen como son las servidumbres costumbristas que afectan de una forma muy desigual a las mujeres. El 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y si nos vamos a trata con fines de explotación sexual sube a más del 90%.

- ¿Cómo describiría la trata que se practica en España?

- Fundamentalmente se comete con fines de explotación sexual, es decir prostitución. También hay trata laboral, pero en menor medida. La trata consiste en arrancar a una persona de su país y trasladarla, con lo que se la descontextualiza de todo su entorno, de su raíces, idioma, gente, y así se aprovecha su extrema vulnerabilidad para explotarla aquí, con distinta finalidades, entre ellas la explotación sexual. En España las mujeres explotadas sexualmente proceden sobre todo de Nigeria, Rumanía y República Dominica. En toda Europa se han detectado víctimas de 147 nacionalidades distintas, ningún país es inmune a la trata.

- Califica la trata como una forma de violencia de género.

- La trata tiene distintas finalidades. Ahora, la trata de seres humanos es una forma de violencia de género, sobre todo cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual. De hecho, para mí es una de las formas más graves y extremas de vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas.

- ¿Qué está haciendo la justicia para atajarla?

- La respuesta penal está siendo todavía débil, tenemos pocas sentencias condenatorias. Hay que tener en cuenta que en España se tipificó como delito en el año 2010. Ahora tenemos una unidad de extranjería especializada en la Fiscalía, tenemos a fuerzas y cuerpos de seguridad muy potentes especializados en trata como la Guardia Civil, lo mismo que la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos. El Consejo del Poder Judicial también ha presentado una guía de buenas prácticas para sensibilizar y armonizar a todas las instituciones públicas que perseguimos este delito.

- Fue llamada como experta en la elaboración del Pacto de Estado para la violencia de género. ¿Se aplican las reformas que se propusieron?

- Concretamente yo propuse entre otras cosas que se reconociera y ampliara el concepto de violencia de género conforme al convenio de Estambul, que la trata también se considere violencia de género, lo mismo que la mutilación femenina o la violencia sexual. También propuse, que todavía no se ha cambiado y que me parece una prioridad máxima, que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se persigan de oficio, sin que sea necesaria una denuncia previa de la persona agraviada. La violencia sexual no es un problema de ámbito privado, nos afecta a todos. El pacto de estado es una propuesta no de ley y lo acordado tiene que trasponerse a instrumentos legislativos concretos. Lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de Gobierno y aunque desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género se han sucedido distintas propuestas normativas, es difícil sacarlas adelante con las mayorías que hay ahora en el Congreso. A pesar de eso hay cosas que se están haciendo, por ejemplo el concepto de violencia de género se está aplicando en sentido amplio conforme al convenio de Estambul.

- ¿Sentencias como la de 'La Manada' están haciendo mala prensa a los jueces?

- Algunas sentencias pueden llevar a que las víctimas desconfíen del sistema de justicia cuando tiene que ser al revés. En España existen dos figuras delictivas que son el abuso y la agresión sexual, que es cuando se produce con violencia e intimidación. El Tribunal Supremo ha interpretado el concepto de intimidación. A lo mejor el poder legislativo debería dar una vuelta al Código Penal y ver si ese concepto es adecuado o no. La sentencia de 'La Manada' se ajusta a derecho y los jueces han creído a la víctima. También me gustaría recordar que la Audiencia Provincial de Madrid dictó la semana pasada una sentencia en la que consideró que había agresión sexual por una intimidación de carácter ambiental. Deberíamos fijar un concepto más claro de intimidación. Creo que se podría hacer una reforma en la que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en la que se marcara que en una agresión múltiple existe intimidación. Tenemos que trasladar a las víctimas que deben confiar en la justicia y a lo mejor el poder legislativo debería cambiar las leyes para proteger más a las mujeres. Por eso me parece más conforme que una agresión múltiple jurídicamente siempre se considere una agresión.

- ¿Con la llegada de un partido ultraconservador como Vox hay peligro de que las políticas de género y de igualdad tengan un retroceso?

- España tiene suscritos desde hace muchos años convenios internacionales, por ejemplo con Naciones Unidas con quien firmó el convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, o con la Unión de Europea. La línea de trabajo está marcada y salvo que queramos aislarnos como país, hay que seguir los acuerdos firmados.

- Pero no negará que se escuchan muchos eufemismos para no hablar de violencia de género, lo que supone una marcha atrás.

- Como jueza no me puedo pronunciar.

- ¿Y cómo mujer?

- Estoy en Donostia como jueza, pero creo que es un acierto por parte del poder legislativo español contar con una ley de violencia de género. Es muy mejorable, nos tenemos que remitir a las mujeres y niñas que cada día son asesinadas, agredidas sexualmente, discriminadas porque la realidad es que todavía hay mucha desigualdad. Pero, repito, es un gran avance contar con esta normativa de género.

- Pero algunos partidos han propuesto sustituir el término de violencia de género por el de violencia doméstica.

- Ningún país del mundo es inmune a la violencia de género. ¿Por qué hay que cambiarle de nombre? La fiscal Susana Gisbert puso un ejemplo muy gráfico al que recurro yo también: «Las leyes antirracistas a mí no me atacan por ser una persona de raza blanca, solo atacan a los racistas. Las leyes de violencia de género no atacan a los hombres, solo a los maltratadores».