La ley vasca de Movilidad habilita a los ayuntamientos para sacar los coches del centro de las ciudades
El consejero Arriola señala que la norma reforzará la capacidad municipal para restringir el acceso de los vehículos privados al centro de los municipios o apretar la fiscalidad contra los más contaminantes
En plena polémica por la extensión de las zonas de bajas emisiones en los centros de las grandes ciudades europeas, que San Sebastián también estudia implantar a partir de 2023 con el proyecto Donostia Central, el Gobierno Vasco se ha alineado este martes con este tipo de iniciativas al aprobar un proyecto de ley de Movilidad Sostenible que habilita a los municipios a reforzar las medidas que disuadan de utilizar el vehículo privado. La nueva ley vasca, que aún debe tramitarse en el Parlamento tras ser aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, potencia la capacidad de los municipios para restringir la circulación por el centro de las ciudades, así como la posibilidad de apretar al vehículo privado a través de nuevas tasas y gravámenes, sobre todo a los que más contaminan.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la zona de bajas emisiones creada en Barcelona –aunque de momento seguirá en vigor– y este mismo lunes el Ayuntamiento de San Sebastián aseguró que el objetivo del proyecto Donostia Central «no es limitar el tráfico», pero los pasos que están dando las instituciones demuestran que la tendencia es limitar la circulación de los vehículos privados por el centro, al calor de las últimas normativas europeas que ponen el foco en las ciudades de más de 50.000 habitantes. La ley vasca de Movilidad Sostenible va un poco más allá y habilita a todos los municipios a adoptar medidas que limiten el vehículo particular y fomenten el transporte público.
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El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha explicado este martes que esta ley «habilita a los ayuntamientos a adoptar medidas disuasorias para limitar la entrada de los vehículos privados al centro de las ciudades o para incrementar la fiscalidad a los vehículos más contaminantes». Ha aclarado que «la norma lo posibilita, pero luego será responsabilidad de cada ayuntamiento hacerlo o no». También ha señalado que esas medidas deberían ser «justificadas y proporcionadas desde el punto de vista de la salud pública y el medio ambiente». El consejero ha asegurado que uno de los grandes objetivos de la norma es «conseguir ciudades más amigables, en las que las arterias principales no estén invadidas por vehículos».
El texto defiende una progresiva adopción de medidas para la disuasión del uso del vehículo privado
Se plantea la imposición de costes directos o incorporar sistemas de limitación del acceso a núcleos urbanos
El proyecto de ley del Gobierno Vasco promueve «la progresiva incorporación de medidas coordinadas tendentes a la disuasión del uso del vehículo motorizado privado, bien mediante la imposición de costes directos, bien incorporando sistemas de limitación del acceso a los núcleos urbanos con mayor impacto ambiental». También insta a las administraciones a «fomentar aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, que conecten con el transporte público».
Establece un plazo de dos años para que los títulos de transporte público de la CAV sean «interoperables»
El proyecto de ley aborda la fiscalidad y habilita a las diputaciones forales y a los ayuntamientos a utilizar esta herramienta «para contribuir a la movilidad sostenible». Concretamente, se recoge la opción de establecer medidas fiscales que desincentiven el uso del vehículo particular como las tasas, cánones o gravámenes. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones para las formas de transporte menos contaminantes.
Sistema integrado en dos años
En líneas generales, el proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal. Además, establece un plazo de dos años para que los diferentes billetes de transporte que existen en Euskadi sean plenamente «interoperables».
Para impulsar la movilidad activa (a pie y en bicicleta), será obligatorio instalar aparcamientos para bicis
El proyecto obliga a los municipios a tener en cuenta el impacto de sus actuaciones urbanísticas en la movilidad sostenible. También será obligatorio que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas, y los nuevos edificios residenciales deberán incluir espacios para este medio de transporte. El texto plantea asimismo la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico, territorial y municipal.
