La OPE de Osakidetza entra en la UCI

Nueve meses después de que se registraran las primeras denuncias sobre supuestos amaños y filtraciones en las respuestas de los exámenes, la Fiscalía del País Vasco ha presentado esta semana un escrito en el que «interpone denuncia» por «revelación de secretos en algunas pruebas, sin perjuicio de las que pudiera determinar el juzgado en otras». Carmen Adán, fiscal superior de Euskadi, hace referencia en su informe a 11 especialidades médicas y cita como imputados a tres jefes de servicio y como testigos a 13 personas más, entre ellas, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica; el exdirector de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto; el subdirector del mismos área, Xabier Balerdi; y el director de Asistencia Sanitaria Andoni Arcelay.

La segunda mayor OPE de la historia del Servicio Vasco de Salud, la correspondiente a los años 2016 y 2017, fue pactada por el Departamento vasco de Salud con el sindicato de enfermería Satse, el de médicos SME y UGT. Abarca a las 86 categorías laborales de Osakidetza, es decir, las referidas al personal sanitario y al de resto de servicios. Se pusieron en juego 3.335 plazas y dieron el nombre 96.000 personas, de las cuales realizaron los exámenes algo más de 72.000. La pruebas para facultativos médicos se realizaron en Vitoria entre mayo y junio y las de administrativos, enfermería, celadores y auxiliar de clínica en el BEC de Barakaldo a mediados de junio. Hasta el momento se han realizado la gran mayoría de las pruebas pero todavía quedan por realizarse exámenes de categorías muy específicas.

La primera señal de alarma llegó a la dirección de Osakidetza desde San Sebastián. Con fecha de 30 de mayo, el cirujano José María de Egaña Barrenetxea, del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Donostia, remitió al Servicio Vasco de Salud un escrito en el que se refería a resultados «insólitos» en su especialidad. El Sindicato Médico de Euskadi también mostró sus dudas con los resultados de Cardiología. Los sindicatos ELA, LAB y ESK no dudaron desde ese mismo día en denunciar «opacidad» e «irregularidades» en el proceso. A los dos días, la por entonces directora general de Osakidetza confirmó que habían abierto un primer expediente para esclarecer lo sucedido, a pesar de que no constaban denuncias oficiales. Tras los sindicatos, fueron los partidos de la oposición al Gobierno Vasco los que entraron en juego. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP hablaron de «indicios fundados» de filtraciones y de la necesidad de paralizar la OPE. Osakidetza movió ficha y anunció que ante estas sospechas realizaría un «análisis exhaustivo de coherencia de resultados de todas las pruebas de la OPE». Hasta el lehendakari Iñigo Urkullu toma partido para señalar que Salud y Osakidetza trabajan para «esclarecer cuanto antes las quejas».

En una frenética primera semana de junio, Podemos y ESK anunciaron que habían acertado ante notario qué opositores iban a sacar mejor nota en la categoría de Anestesióloga. ELA fue más allá y denunció el día 5 ante la Fiscalía la supuesta filtración en exámenes. Un número que ha ido en aumento a lo largo de los meses hasta situarlo, la gran mayoría de los sindicatos, en la veintena. El 6 de junio, Osakidetza, comunicó que «paraliza provisionalmente la OPE de tres especialidades» hasta resolver sus expedientes informativos. La medida afectó a Angiología y Cirugía Vascular, Anestesia y Cardiología. Al día siguiente, en la Comisión de Seguimiento de la OPE, añadió una cuarta: Cirugía Plástica Estética. Además explicó que «un agente externo e independiente», de la Universidad de Oviedo, realizaría una análisis psicométrico de las pruebas realizadas. Para los sindicatos la medida fue «insuficiente» y por primera vez comenzaron a pedir responsabilidades políticas. LAB, ESK y Satse también se reunieron con la Fiscalía y comenzaron a dirigir sus críticas al «lobby de los jefes de servicio». El Ararteko, por su parte, anunció que iniciaba «un expediente de oficio» para analizar la situación.

A lo largo del proceso, más allá del doctor Egaña de Barrenetxea que remitió un escrito a Osakidetza, ningún profesional sanitario ha denunciado públicamente los supuesto amaños. A excepción de los anestesistas Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez. Crearon la plataforma Omega Ekimena para recibir adhesiones y se han convertido con el paso de los meses en el azote del Departamento vasco de Salud. Han denunciado «represalias laborales», que Osakidetza niega, y son tres de las personas que deberán acudir ante el juez como testigos del caso.

Entretanto, a mediados de junio LAB y ESK denunciaron el posible fraude ante la Fiscalía y el Parlamento Vasco, el día 21, manifestó su «indignación» ante los indicios de los sucedido y se comprometió a crear un grupo de trabajo para plantear modificaciones en las OPE. El 11 de julio, Osakidetza, tras analizar los expediente abiertos, decidió que se debían repetir las dos pruebas de Angiología y Cirugía Vascular y de Anestesia y la segunda de Cardiología ante las fuertes críticas de los sindicatos que tacharon la medida de «insuficiente». En el caso de Cirugía Plástica, el proceso siguió su curso. Mientras, en el Parlamento Vasco, la oposición comenzó a mover ficha y hubo negociaciones para lograr un pacto que reprobara la gestión del Gobierno. EH Bildu, además, propuso un nuevo modelo de OPE en el Servicio Vasco de Salud para garantizar la «limpieza e igualdad de oportunidades».

Con expectación se recibió la comparecencia de Jon Darpón en la Comisión de Salud celebrada el 19 de julio. Allí anunció que Osakidetza se «compromete a culminar la OPE con transparencia», además de «tomar medidas de mejora de cara al futuro» y colaborar en todo lo necesario con Ararteko y Fiscalía. Por último, el consejero anunció que se abrían expedientes de investigación en otras cuatro categorías médicas: Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología. Tras su comparecencia, los sindicatos pidieron en bloque su dimisión: «No tiene credibilidad». Mientras la Fiscalía empezó a tomar declaraciones, la idea de crear una comisión de investigación llegó al Parlamento Vasco. Elkarrekin Podemos y EH Bildu estaban de acuerdo en ello pero necesitaban que el PP apoyase la iniciativa para tener la necesaria mayoría.

Tras el periodo vacacional, Osakidetza informó que suspendía la OPE de Traumatología tras la «reunión secreta» de seis de los componentes de su tribunal y que cerraba la investigación interna del caso que realizada durante las últimas semanas. Por ello, señaló que las pruebas de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva y Urología continuaban su proceso y que, a día 17 de septiembre, «no hay pruebas que determinen responsabilidades individuales de personas» en el caso. Su comparecencia fue definida por «insuficiente y decepcionante» por oposición y sindicatos.

Tras dos meses de relativa tranquilidad, ya en noviembre, y tras la propuesta de reforma de las OPE para médicos especialistas que presentó en el Parlamento el catedrático Rafael Jiménez Asenso, la dirección de Osakidetza tomó la primera gran decisión política desde el inicio del escándalo. El 15 de noviembre, Osakidetza «acepta la dimisión a petición propia de María Jesús Múgica». Ocupa desde entonces el cargo de director general Juan Luis Diego, estrecho colaborar del lehendakari. Con esta decisión, Múgica buscaba «no perjudicar políticamente» al Gobierno Vasco y evitar que la comisión de investigación saliera adelante.

La Fiscalía, por su parte, anunció que ampliaba seis meses más la investigación del caso y llamó a declarar a Múgica. Mientras tanto, un juzgado suspendió cautelarmente repetir los exámenes de Anestesia y Reanimación tras el recursos de un grupo de opositores que lograron plaza y otro dijo justo lo contrario. Darpón acabó el año reconociendo que Osakidetza debía cambiar «forzosamente» el modelo de OPE.

El 2019 empezó con otro movimiento en la dirección del Servicio Vasco de Salud. Osakidetza cesó a José Ramón Soto, director de Recursos Humanos, y a Ricardo Ituarte, director económico. El hermano de este último hizo un examen perfecto en una de las pruebas de Anestesia. A finales de enero el Ararteko hizo público su informe, «crítico» sobre lo sucedido en la OPE, y señaló que, entre otras once recomendaciones, que «la designación de las personas que vayan a formar parte de los tribunales se haga a través de sorteo» de tal manera que «se eviten las sospechas de designaciones interesadas por parte de Osakidetza».

La última gran noticia que ha vuelto a producir un tsunami social, política y sanitario tiene que ver con la investigación que la Fiscalía ha finalizado tras cerca de 8 meses de trabajo. El Ministerio Público señala que en las especialidades médicas de Anestesia, Angiología y Aparato Digestivo hay pruebas suficientes para imputar por las supuestas irregularidades a tres jefes de servicio, uno por prueba. Además, aprecia «indicios del hecho delictivo que justifican la práctica de diligencias para acreditar el mismo y/o para individualizar personas concretas que hayan tenido el dominio de la acción dentro de los tribunales de la oposición» en Cardiología, Cirugía Ortopédica, Cirugía Plástica Estética, Urología, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Parasitología y Cirugía Cardiovascular. La instrucción judicial por un caso de tanta complejidad e implicados se realizará en un juzgado de instrucción de Vitoria y se podría prolongar mas de un año.