El Gobierno Vasco saca la cara a Darpón

El Ejecutivo ha calificado de «graves» las filtraciones, si el proceso judicial termina confirmándolas, pero ha limitado el comportamiento irregular a «tres personas de un total de 1.200», las señaladas por la Fiscalía como imputadas por «saltarse el compromiso de confidencialidad» exigido. De momento, el Ministerio Público deja fuera a tres responsables de la dirección del Servicio Vasco de Salud que serán citados como «testigos», aunque se reserva la posibilidad de hacerlo también como investigados. Josu Erkoreka, en la primera valoración hecha este martes por el Gobierno Vasco tras conocerse el escrito de diligencias y el enviado al juzgado que instruirá el caso, se ha esforzado por trasladar el mensaje de que el Departamento de Salud, con Darpón al frente, ha «colaborado con la justicia para llegar al fondo» del asunto, «esclarecer lo ocurrido» y «determinar responsabilidades». Esas que de momento, políticamente, nadie asume de forma clara pese a que la investigación ya se ha cobrado durante estos meses la dimisión de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica, que tendrá que declarar también junto a los responsables de Recursos Humanos Juan Carlos Soto, exdirector cesado, Xabier Balerdi, subdirector, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Urcelay. Todos declararán como «testigos» ante el juez o la jueza, a petición de la fiscal superior Carmen Adán.

Erkoreka ha incidido en que ninguno de ellos acudirá, de momento, al juzgado en calidad de investigado, y que los que sí lo harán, los tres médicos especialistas a los que apunta la Fiscalía, José Luis Cabriada, César Augusto Valero y María Reyes Vega, «no pertenecen a la dirección» de Osakidetza. «Son empleados públicos» que forman parte de los 88 tribunales que evaluaron los exámenes. «Son tres personas bajo sospecha de 1.200» que formaban esos tribunales, ha indicado como cortafuegos para librar de la sospecha al propio sistema.

El portavoz del Ejecutivo ha alegado que el IVAP, el instituto encargado de organizar la oposición, es «un recurso instrumental» que «no puede garantizar al 100% que todos los integrantes de los tribunales» cumplan de forma «leal y honesta» la cadena de custodia de los exámenes. «Que tres personas puedan haber quebrantado el deber de confidencialidad e incurrido en un delito de revelación de secretos puede ocurrir en cualquier organización», ha indicado Erkoreka, que ha asumido que en caso de que se confirme el delito «sería grave» aunque ha pedido que se trate en la dimensión justa. «Tres personas de más de mil», ha insistido.

La argumentación del Ejecutivo ha sido refrendada por el PNV, que ha respaldado igualmente la actuación de Jon Darpón, y ha aseverado no solo que él «es el primer interesado en llegar hasta el final», sino que su actuación en este asunto, con una investigación interna que culminó con la decisión de repetir los exámenes de Angiología, Anestesia -dos de las que señala abiertamente la Fiscalía- y el segundo de Cardiología por detectar indicios de irregularidad. Para los jeltzales, la actuación del consejero ha sido «absolutamente rigurosa y transparente», pero la de «otros, ha sido interesada». La parlamentaria Josune Gorospe ha confiado en que esta OPE concluya «con plenas garantías» y ha considerado que el resto de grupos debería velar también por ese objetivo, y no «buscar el desgaste del Gobierno Vasco atacando a todo el Servicio Vasco de Salud».

Con un mensaje similar, de defensa de la actuación del Departamento de Salud y de su máximo responsable, se han pronunciado sus socios en el Ejecutivo. El PSE ha considerado que el consejero Jon Darpón «es el más interesado» en que se aclaren las presuntas irregularidades. «Hará y está haciendo todos los esfuerzos» para esclarecer los hechos, ha aseverado Idoia Mendia. «Ha dado todas las explicaciones y solicitado responsabilidades a personas que estaban en algunos puestos. En el Departamento, se han tomado muy en serio este asunto y el consejero ha hecho su trabajo», ha defendido la líder de los socialistas vascos.

Pero ninguna de esas explicaciones ha convencido a los grupos de la oposición. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han exigido al lehendakari el cese de Darpón «por la estafa» de la OPE y «por amparar y tratar de ocultar» las filtraciones. La parlamentaria abertzale Rebeka Ubera ha pedido además una comisión de investigación en el Parlamento Vasco y «una ponencia» donde se pongan las «bases de una nueva política de recursos humanos».

Ubera ha tachado de «gran engaño» a la sociedad, no solo a los miles de opositores, las irregularidades detectadas en los exámenes, y ha considerado que la única forma de que el Gobierno Vasco lance «un mensaje de honradez y limpieza», es con el cese de Darpón. «Debe dejar claro que las prácticas corruptas pasan factura y eso es incompatible» con su continuidad, aseveró.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga también ha considerado que las conclusiones de la Fiscalía dejan patente «que el Gobierno Vasco ha preferido mirar para otro lado ante una realidad evidente», y denunciada «de forma sistemática». Porque la coalición ha asegurado que «favorecer a unos pocos» es una «práctica corrupta asentada» en Osakidetza. Es preciso, ha añadido, otro modelo de OPE que garantice «los principios de igualdad, mérito y capacidad, y no castigue» a quienes denuncian, en alusión a las «represalias» contra tres anestesistas que destaparon el caso.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, también ha considerado «insostenible» la situación y pidió al lehendakari que «haga lo que tenga que hacer para que termine esta agonía y podamos volver a confiar en un sistema transparente» de salud.