Urkullu deja sus restricciones en manos de lo que le permita hoy el Tribunal Superior vasco

La intención declarada por el Ejecutivo vasco de preservar los límites en vigor al máximo de lo que permita la ley, sumada a la incertidumbre sobre cómo, cuándo y en qué sentido podrían pronunciarse los jueces, ha sumido a la ciudadanía en una semana de incertidumbre sobre qué le permitirán hacer a partir de la próxima semana. De momento, la única pista es la ofrecida por la Fiscalía del País Vasco, que en su informe sobre el borrador del decreto, se opone a limitar la libre circulación «a un conjunto indeterminado de personas al amparo de las leyes sanitarias» con cierres perimetrales de la CAV, de los municipios o con el toque de queda nocturno. En cambio, no se pronunció sobre la posibilidad de limitar «las agrupaciones a un máximo» de personas -ahora está fijado en cuatro- porque cree que no existe «restricción del derecho fundamental de reunión». Sobre esta cuestión, sin embargo, la sala del alto tribunal vasco ya se manifestó el pasado octubre, cuando el Gobierno Vasco quiso, sin estado de alarma, acotar de diez a seis el número de personas reunidas en espacios públicos y los jueces, también de la sala presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido, se lo impidieron.

La decisión judicial, que se conocerá hoy a las 13.00 horas, marcará por tanto el contenido final del decreto porque el lehendakari asumió ayer que no incluirán medidas que no cuenten con «garantías jurídicas», porque «no sería responsable» -añadió- asumir «el riesgo» de que las restricciones sean rechazadas a posteriori por los tribunales y que «haya periodos de indecisión e incertidumbre ante recursos» que deriven en una «pérdida de efectividad» de las mismas. Serán medidas «racionales y razonadas», aseveró.

Ese margen arroja dudas sobre qué restricciones mantendrá o adaptará más allá de las limitaciones de movilidad y reunión. Los horarios o los aforos de la hostelería, el comercio, las actividades en lugares cerrados, si se adoptarán medidas especiales en lugares donde la incidencia acumulada supere a 14 días los 400 casos por 100.000 habitantes según el 'semáforo Covid' activo actualmente, las condiciones para hacer ejercicio físico, la posibilidad de fumar en terrazas...

El abanico de medidas que se han debatido o adoptado durante este año de pandemia para contener el virus es extenso, y las herramientas jurídicas de que dispone el Ejecutivo cuando mañana a medianoche decaiga el estado de alarma le deja aún un margen de gestión para conseguir rebajar la transmisión del virus esta cuarta ola, en la que Euskadi ha visto disparados los contagios por encima del resto de comunidades. Su tasa de incidencia ayer estaba en 478.

La resolución que hoy los jueces del TSJPV emitan sobre el borrador de decreto trasladado el martes a última hora para su validación jurídica no obsta para que, a partir de la aprobación esta tarde de la norma definitiva y su publicación mañana en el BOPV, alguna otra medida vuelva a cuestionarse en los tribunales. Ya lo hicieron los hosteleros en su día, y los jueces les dieron la razón, y ahora ya barruntan su intención de pedir que se elimine el límite de cierre a las 20.00 horas.

En esta ocasión, si las asociaciones vuelven a recurrir al TSJPV y el tribunal les ampara, el Gobierno Vasco tiene, y prevé utilizar, otra vía judicial abierta, la del Tribunal Supremo. El gabinete Urkullu no tiene intención de recurrir a esa instancia en caso de que hoy el TSJPV le acote la posibilidad de aplicar medidas sobre derechos fundamentales, pero sí estudiaría hacerlo en el caso de otros recursos que le obliguen a levantar restricciones que considera necesarias para hacer frente al Covid-19.

El decreto definitivo se anunciará a media tarde, después de que el lehendakari lo contraste con el Comité Asesor del LABI que se reúne a partir de las 16.30 horas. Mañana se publicará en el boletín oficial del País Vasco y el domingo a las 00.00 entra en vigor. Todo sobre la campana del fin del estado de alarma.