Los tribunales bullen: los presidentes de lo Contencioso piden más certezas legales contra la pandemia
Los magistrados constatan que es preciso mantener un control judicial sobre las iniciativas que toman las distintas administraciones
El final este domingo del estado de alarma no solo está provocando una batería de iniciativas en los gobiernos autonómicos y agudizando la incertidumbre en ... la ciudadanía. La justicia lleva días en ebullición ante un escenario sumamente complejo por la continuidad de la pandemia, el despliegue de excepcionales medidas para la preservación de la salud pública y su colisión con derechos y libertades fundamentales; una colisión que se está haciendo patente ante el inminente decaimiento este 9 de mayo del marco jurídico de excepción. Este pasado lunes, y según ha podido saber DV, los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores mantuvieron una reunión en la que quedó patente la inquietud ante el escenario que se avecina y en la que constataron la necesidad de que los legisladores emprendan reformas normativas para dotar de mayor certidumbre a las decisiones que tengan que adoptar los jueces ante las prohibiciones de los poderes públicos. Todo en un contexto en el que tribunales de ámbito territorial como el vasco tiene ya que deliberar sobre el proyecto de decreto con el que el Gobierno Urkullu pretende mantener las restricciones a la movilidad y la socialización más allá del fin de la alarma.
Los presidentes de lo Contencioso-Administrativo –en el caso de Euskadi, Luis Garrido- partían de la constatación de que no ha existido una posición unánime en ellos sobre un aspecto nuclear, que es el que está sujeto a debate y examen: si la Ley Orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la General de Sanidad de ese mismo año y la de Salud Pública de 2011 habilitan para que las comunidades autónomas puedan adoptar vetos como los cierres perimetrales o el toque de queda limitadores de derechos básicos sin la tejavana del estado de alarma. Hay tribunales superiores en los que la respuesta, ante pleitos precedentes, ha sido 'sí' y otros, como el de Euskadi, que ha resuelto en sentido contrario. Este dilema ya estuvo en encima de la mesa en la cita que mantuvieron los máximos responsables de lo Contencioso el 5 de noviembre. Ahora, con esa disyuntiva intensificada, constatan que es preciso, por una parte, mantener el control judicial sobre las iniciativas que toman las distintas administraciones; sobre su necesidad y proporcionalidad, a la luz de los indicadores de evolución de la pandemia.
Insisten en una modificación de la legislación vigente
Y, junto a ello, inciden en lo que ya pidieron hace seis meses: una modificación de la legislación vigente que clarifique hasta dónde pueden llegar los gobiernos en la aplicación de medidas restrictivas de derechos y libertades cuando no esté operativo el estado de alarma. Un solicitud a la que añaden, insistiendo también en lo ya propugnado en noviembre, la relevancia de que el Tribunal Supremo unifique criterios. Algo a lo que el Gobierno de Sánchez se ha avenido con una reforma exprés de la jurisdicción contenciosa para que las comunidades puedan recurrir al Supremo en caso de que se encuentren en los tribunales superiores con resoluciones contrarias a sus pretensiones. El problema es que esta reforma sobrevenida y 'ad hoc' ante la determinación de Sánchez de poner fin al estado de alarma disgusta en los propios ámbitos judiciales y tampoco satisface a gobiernos autonómicos como el de Urkullu.
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