Euskadi quiere mantener el cierre perimetral pese al riesgo de que los tribunales lo tumben

El empeño del Gobierno Vasco por mantener las restricciones actuales «con las máximas garantías jurídicas» que le ofrece la legislación ordinaria -una vez extinguida en la medianoche del sábado al domingo la excepcional que ha amparado hasta ahora las medidas- abre un escenario incierto que, con alta probabilidad, acabará en un periplo por los tribunales.

El decreto que el Ejecutivo vasco prepara y que aprobará 'in extremis' el viernes no tendrá consulta previa en el TSJPV, lo que garantiza que el domingo se aplicará, pero sin el aval jurídico pertinente. Será a partir del lunes cuando pueda comenzar «la gestión complicada» que ya augura el gabinete Urkullu. Porque, según fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas, el decreto «ineludiblemente tiene que someterse a la ratificación» de los jueces del Tribunal Superior vasco si contiene alguna restricción que afecte a la movilidad, como el cierre perimetral o el toque de queda; o a limite el derecho de reunión, como el máximo de 4 o 6 personas en espacios públicos. Si en un plazo de 72 horas, tras la comunicación a la Fiscalía, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo que preside el juez Luis Ángel Garrido resuelve que vulnera los mencionados derechos fundamentales, dichas restricciones no serían obligatorias, quedarían a modo de recomendación, explican las mismas fuentes. El último paso jurídico, añadido ayer por el Gobierno central al límite del final del estado de alarma, es la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, que tendrá a partir de ahora la última palabra sobre la normativa que pueden aplicar a partir del 10 de mayo las comunidades a este respecto.

El primer examen al que se someterá Euskadi será el de la movilidad. Revilla fue claro: «El lehendakari hoy (por ayer) me ha mandado un comunicado diciéndome que ellos van a seguir con la situación de cierre perimetral de Euskadi». El presidente cántabro indicó además que Urkullu añadía en su mensaje una advertencia sobre «el peligro de que los territorios se abran» y en concreto sobre el «problema» que supondría para Cantabria la libre movilidad entre comunidades cuando Euskadi se encuentra «en situación de pandemia muy preocupante», dijo. La duda de Revilla, no obstante, es la que pesa sobre la ciudadanía vasca y buena parte de su sector productivo, que se mantiene en vilo sobre qué va a poder hacer o no a partir del domingo: ¿Será suficiente el decreto que firme Urkullu para que un tribunal considere que puede impedir la movilidad de las personas? «No sé», respondió el presidente cántabro. Ahí está el quid de todo este embrollo legal.

El Gobierno Vasco, una vez asumido que Pedro Sánchez no atenderá su petición de prorrogar el estado de alarma, lleva días preparando y «afinando» el decreto con las nuevas medidas que se implementarán a partir del domingo. Su intención manifestada siempre ha sido la de preservar los límites vigentes hasta el máximo legal que puedan. Las restricciones se sustentarán en «las máximas garantías jurídicas», inciden. Pero no aventuran si en ese máximo, intentarán amparar bajo leyes como la de Salud Pública de 1986, limitaciones que consideran básicas para contener y seguir rebajando la transmisión del virus en esta cuarta ola como la de la movilidad.

Urkullu avanzó la intención de que el Comité Asesor del LABI acuerde este viernes una batería de medidas que se prolonguen durante 4 o 6 semanas, con el fin de que el País Vasco entre en verano con una incidencia baja, si puede ser con una tasa a 14 días menor a 60 casos por 100.000 habitantes, y con todos los mayores de 50 años vacunados. Pero habrá que ver hasta dónde llega el Ejecutivo vasco en su intento de exprimir al máximo la cobertura legal que le queda sin estado de alarma, y el pronunciamiento de los jueces si efectivamente afecta a derechos fundamentales de forma genérica. Expertos juristas han apuntado en este periódico la posibilidad de que se pueda confinar un barrio o municipio pequeño, pero no una capital, un territorio o toda la comunidad.

El Ejecutivo vasco apurará hasta el último minuto para anunciar sus planes para la nueva etapa. Y advierte de que el último recurso ideado por el Gobierno central para que el Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones, no ofrece las «garantías jurídicas» que reclamaba el lehendakari para restringir la movilidad. «Puede ser más o menos restrictivo que los TSJ», constatan.