El Supremo tendrá la última palabra para avalar las restricciones que apruebe el viernes Euskadi

De ninguna forma. «El Gobierno no prejuzga lo que la sala tercera del Tribunal Supremo pueda decidir», ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo. ¿Qué significa esto? Que las comunidades deberán fundamentar bien las medidas que adoptan y recogen en los decretos correspondientes para que en un recurso de casación al Alto Tribunal éste les de la razón. El confinamiento perimetral, el toque de queda o el número máximo de personas participantes en reuniones; cualquier medida deberá estar fundamentada.

Pero Carmen Calvo ha lanzado también una serie de advertencias que podrían afectar directamente a las intenciones del Gobierno Vasco, en su urgente diseño de un decreto que tiene previsto presentar este viernes, 24 horas antes de que decaiga el estado de alarma. «Todas las limitaciones a derechos y libertades deberán estar sometidos a la autorización judicial correspondiente», ha sostenido Calvo. Según ha podido conocer este medio, el Gobierno Vasco no ha remitido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el borrador de decreto que tiene previsto aprobar el viernes, y con los plazos en la mano, nada indica que lo vaya a hacer. Por tanto, las medidas no contarán con una autorización judicial, se esperará a una ratificación en todo caso. Una cuestión, por tanto, que seguiría afectando a la seguridad jurídica de las medidas restrictivas.

Además, si el Ejecutivo vasco remite el viernes al TSJPV el decreto, el texto no llegaría hasta el lunes a la mesa del magistrado Luis Ángel Garrido, y en ese momento se activaría el reloj con las 72 horas correspondientes para que el Superior vasco se pronuncie. Cualquier pronunciamiento llegaría a finales de la próxima semana y si es contrario a las medidas restrictivas, el recurso de casación que el Gobierno Vasco eleve al Tribunal Supremo requerirá de otros cinco días, como ha detallado la vicepresidenta Calvo, para que llegue el fallo urgente del Alto Tribunal. Y la sentencia puede no ser favorable a las intenciones del Ejecutivo vasco.

«Hemos modificado que, para que todas las comunidades puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos», ha precisado Carmen Calvo

El Gobierno central ha pedido encarecidamente a las comunidades que las medidas cuenten con la autorización judicial correspondiente este domingo, de forma que las restricciones tengan ese aval que haga que sean de obligatorio cumplimiento y la Ertzaintza y Policías Locales tengan capacidad de sancionar a las personas que no las cumplan. Según fuentes jurídicas consultadas, un decreto sin autorización expresa «acorta su margen de maniobra», de forma que podría ser un «riesgo» que se sancionen algunos incumplimientos.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha augurado que la gestión de las próximas semanas será «complicada» y ha adelantado que serán los jueces «los que decidan si podemos tomar las decisiones que vamos a tomar». De momento, Zupiria ha preferido no pronunciarse sobre la nueva modificación legal aprobada por decreto por el Gobierno español.