La pobreza en Gipuzkoa cada vez afecta a más jóvenes en situaciones «difíciles de revertir»

Y aunque el total de casos acompañados ha descendido ligeramente, las situaciones atendidas, aseguraron ayer en la presentación de la memoria de 2024, son «cada vez más complejas y difíciles de revertir», pues ha crecido la cronicidad y la exclusión habitacional. De las casi 14.500 personas que la organización atendió el año pasado, el 51,4% son mujeres (7.420). Este dato, han asegurado, «visibiliza el impacto desigual que tienen las mujeres en la pobreza» pues enfrentan «mayores barreras para acceder a ingresos estables y a un empleo digno, lo que limita su autonomía económica y refuerza la feminización de la pobreza».

Sin embargo, también apuntan que «los hombres tienen mayor presencia en la exclusión residencial y en los procesos migratorios sin red de apoyo, lo que intensifica el aislamiento y la precariedad vital». Y es que «el sistema de protección social no responde suficientemente a las situaciones más graves de exclusión», han criticado esta mañana en la presentación del balance el obispo de San Sebastián, Fernando Prado; acompañado por José Ramón Aramendi, director de Cáritas Gipuzkoa; José Emilio Lafuente, secretario general; y Kontxi Elexpe, administradora.

La mayoría de las personas atendidas en 2024 son jóvenes menores de 44 años (56,3%), y migrantes (88,8%). No solo eso. «Cada vez son más» las familias con menores a su cuidado las que tocan la puerta de Cáritas pidiendo ayuda, han insistido, pues el 51,3% de los hogares atendidos en 2024 correspondían a núcleos familiares de estas características y necesidades. Además, el 66% de las personas atendidas carecía de una situación administrativa regularizada -realidad que afecta especialmente a hogares con menores-, lo que impide el acceso a derechos básicos como el empleo y la vivienda, y cronifica la exclusión.

En el 58% de los casos atendidos, además, las personas vivían en contextos residenciales precarios, como pueden ser las personas sin hogar, en alojamientos o servicios temporales, viviendas inadecuadas o en situaciones de inseguridad. Tal y como han alertado desde Cáritas, «factores como el género, la edad, el origen, la situación administrativa o la estructura familiar se conjugan e influyen en cada situación concreta a la exclusión». Por ello, Lafuente, secretario general de Cáritas, ha insistido en que se «debe promover una política pública de vivienda digna, accesible y adecuada, también para los sectores poblacionales más desfavorecidos».

Otra de las mayores problemáticas que Cáritas identifica es la del empadronamiento y la vivienda. El 29,49% de las personas atendidas presentaban situaciones de «fragilidad documental» en cuanto al empadronamiento. El 16,8% no estaba empadronado; el 7,9% lo estaba en un domicilio distinto al que habita, y el 4,9% contaba con formas de padrón social (a través de administraciones o entidades). Esta falta de documentación «impide el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales o la participación política», han alertado.

Y aunque el número de personas atendidas ha descendido ligeramente (atendieron a 2.129 personas menos que en 2023), desde la organización han subrayado que «la exclusión se ha vuelto más persistente, más invisible y difícil de revertir». Así las cosas, uno de cada cinco hogares atendidos (18,4%) lleva más de tres años siendo acompañado por Cáritas, lo que «pone en relieve la falta de respuestas estructurales suficientes», criticaron. «Hemos atendido a menos personas pero cronificadas y más graves», ha insistido Aramendi.

También han lanzado una llamada clara para «garantizar el empadronamiento universal como llave de acceso a derechos» y «establecer vías eficaces y estables de regularización administrativa para personas en situación de exclusión, evitando que la irregularidad prolongada las condene a la invisibilidad y precariedad permanentes».