Las familias vascas asumen un gasto anual de 20.000 euros adicionales en la discapacidad

El informe lo dio a conocer este miércoles en Vitoria la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, en la apertura de la jornada 'Hacia un modelo de vida independiente para las personas con discapacidad en Euskadi', organizada por la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco junto con la Comisión de personas con discapacidad de la Mesa de Diálogo Civil. «Hay que reformular las infraestructuras, los sistemas de transporte, los servicios públicos y privados, y las actitudes sociales, para que sean inclusivos», con el objetivo de «seguir asentando las bases del modelo de vida independiente para las personas con diversidad funcional. Es una realidad que no podemos ignorar», afirmó la consejera. Para lograrlo se han establecido múltiples líneas de trabajo a nivel jurídico, económico y social.

Población. Según los últimos datos del Observatorio de Políticas Sociales Ikusmirak de 2020, en Euskadi había 138.662 personas con discapacidad (el 6,3% de su población), de las que el 56% son hombres y el 44%, mujeres. La mayoría se encuentran en Bizkaia (65.216); Gipuzkoa cuenta con 51.942 personas y Álava, con 21.504. Por edades, el 50% de la población vasca con discapacidad tiene entre 18 y 64 años; el 46% tiene 65 años o más y el porcentaje más pequeño (4%) lo conforman las personas de menos de 18 años.

Con quién viven. La mayoría reside con sus familiares y sólo el 20,7% vive solo, ninguno de ellos en la franja comprendida entre los 18-30 años. Entre quienes viven acompañados en vivienda particular, el 48,8% vive con sus progenitores y el 41,9% con su cónyuge o pareja. Solo en el 19,7% de los casos la vivienda donde residen es propiedad de la persona con discapacidad.

Sobreesfuerzo económico. Disponer de recursos económicos suficientes constituye «un elemento básico» para que cualquier persona pueda desarrollar una vida independiente, siendo necesario que dispongan de pensiones o prestaciones económicas suficientes, según detalla el informe. En relación con el sobrecoste de la discapacidad, FEVAS-Plena Inclusión Euskadi calcula una media de 19.785 euros anuales de sobreesfuerzo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias (en términos de tiempo, dinero y recursos que la discapacidad intelectual ocasiona en la propia persona, en su familia y en el entorno de soporte, y considerando hasta qué punto las prestaciones, subvenciones y deducciones fiscales existentes compensan dicho coste). Este sobreesfuerzo alcanza los 50.424 euros anuales en personas con grado III que viven en su domicilio.

Empleo. El diagnóstico presentado ayer refleja, entre otros indicadores, la situación laboral a la que se enfrentan las personas en situación de discapacidad, con una tasa de desempleo del 16,5%, muy por encima del de la población general. Según los datos aportados por Lanbide para este trabajo, en octubre de 2021 había 15.769 personas con discapacidad demandantes de empleo y se realizaron 6.168 contratos en 2020.

Accesibilidad de las viviendas. Se constata un déficit de viviendas accesibles ya que el 26,8% de las personas con discapacidad que reside en una vivienda particular no dispone de ascensor en la misma. Asimismo, se refieren distintas dificultades de accesibilidad en la vivienda (dificultades para acceder a todas las estancias de la vivienda, mobiliario inaccesible, inexistencia o insuficiencia de domótica...) o en su entorno (accesos a portal, pendientes pronunciadas, inexistencia de rebajes de acera, condiciones del ascensor que dificultan su utilización de forma autónoma...).

Servicios de apoyo. Según los datos de Ikusmira, 1.423 personas con discapacidad utilizaron en 2019 el servicio de ayuda a domicilio (el 1%) y otras 1.412 personas el servicio de teleasistencia (el 1,9%).