Las instituciones vascas critican la «vulneración el autogobierno» y el «desprecio al euskera»

En una nota emitida horas después de conocerse el fallo judicial, la consejera Garamendi ha asegurado que el Gobierno Vasco no solo no comparte la sentencia, sino que considera que el fallo supone «una vulneración del autogobierno vasco y un nuevo desprecio al euskera, a sus hablantes y al consenso social en Euskadi en torno a esta materia».

«La decisión del Tribunal Constitucional», ha señalado Garamendi, «ahonda en la erosión» que el autogobierno vasco «viene sufriendo en los últimos años, y ha achacado esa situación a una «intensa pulsión recentralizadora por parte del Estado». «Esta sentencia ignora el camino de diálogo y acuerdo que se ha recorrido en nuestras administraciones durante estas cuatro últimas décadas», ha aseverado la consejera que cuestionó además los argumentos jurídicos utilizados para tumbar esta utilización preferente del euskera en la gestión administrativa de los consistorios.

Garamendi considera que la ley impugnada «no establece la prevalencia del euskera respecto del castellano» y que el precepto concreto que el tribunal ha tumbado «no supone una carga de prueba para un miembro de la corporación municipal que desconozca el euskera».

La consejera reprocha que la decisión del alto Tribunal adelantada este jueves en una nota informativa, «supone la nulidad de dicho precepto» y «sostiene que la exigencia del desconocimiento del euskera para que las órdenes del día, mociones, acuerdos y actas de las entidades locales sean redactadas en castellano, supone un trato preferente del euskera. El tribunal considera que esto menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales».

La responsable del departamento de Gobernanza recuerda que «el propio Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad, bien en las relaciones internas, en las relaciones entre ellas o en sus comunicaciones con los particulares».

La consejera Garamendi censura «la intensa judicialización del euskera», tras las últimas sentencias contra los requisitos exigidos para ocupar determinadas plazas en diferentes administraciones o entidades públicas.

Y advierte de que «estamos ante una ideologización de la lengua que se saca de su contexto natural», que a su juicio es «la natural comunicación entre personas que la tienen como propia», y se está llevando -prosigue- «a una suerte de contractivismo que, en este caso, alcanza al trabajo de las personas miembros de las corporaciones locales en relación con los documentos escritos que manejan».

El Gobierno Vasco ha mostrado así su indignación con la sentencia, que recordó que tiene su origen en el recurso que Vox presentó ante el TSJPV contra el Decreto 179/2019 sobre normalización del uso en las instituciones de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi.

Y ha querido destacar también que la decisión adoptada por la mayoría del pleno contró con la oposición de dos magistrados, que emitieron un voto particular discrepante con la anulación del precepto. «Cabe destacar -dice Garamendi- que la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del TC Laura Díez Bueso y Ramón Sáez Valcárcel que consideran que la cuestión de inconstitucionalidad debió desestimarse». Este fallo supone un nuevo revés para el Ejecutivo vasco y algunas de las decisiones más relevantes adoptadas en materia de política lingüística.

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa también se ha sumado a las declaraciones del Gobierno Vasco denunciando la «intensa judicialización» que está sufriendo el euskera y ha expresado su «total apoyo» a los ayuntamientos que optan por potenciar y priorizar el euskera en su trabajo interno. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha expresado este viernes su «más firme desacuerdo» con la sentencia y ha calificado de «muy grave» la tendencia que se está instalando en los tribunales de impugnar las decisiones tomadas en los últimos años por las instituciones vascas para promover el uso del euskera en la Administración.

La sentencia del Constitucional, según ha apuntado Mendoza, supone una decisión «contra ese consenso y ese recorrido compartido» e ignora la competencia de los ayuntamientos para regular el uso de las lenguas en su funcionamiento interno, provocando así «una nueva vulneración del autogobierno vasco». Por todo ello, la diputada general ha expresado su «plena determinación» por «defender el autogobierno vasco« y a »hacer frente a la grave realidad« que generan las decisiones que se oponen a la trayectoria de la Administración vasca para reforzar el uso del euskera», siempre en colaboración con el resto de instituciones y ayuntamientos vascos.