Andalucía cuestiona el 'efecto frontera' de Euskadi tras el reparto de menores extranjeros
«¿Pero cuántos emigrantes entran al País Vasco en patera?», critica el presidente andaluz, pese a que la CAV acoge 128 menores más de los que le correspondería
La política migratoria del Gobierno central de Pedro Sánchez ha vuelto a enfrentar a las comunidades autonómas. El debate reside otra vez en el reparto ... de menores extranjeros no acompañados y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha elevado este martes los reproches al cargar contra Euskadi, que se ha quedado fuera del último reparto al considerar el ejecutivo formado por PSOE y Sumar que los servicios de atención de los tres territorios históricos están ya saturados. La Comunidad Autónoma Vasca (CAV), con cifras del 31 de marzo, admitió que atendía a un total de 859 menores migrantes no acompañados, lo que supone 128 migrantes más de los 731 que le corresponderían en ese reparto.
«¿Pero cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco cruzando desde Francia en patera?», se ha preguntado Bonilla en su primera aparición tras el parón veraniego. «Ninguno», se ha respondido con tono serio en una visita institucional al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Archidona. «Lo que hacen normalmente los inmigrantes es irse a las zonas donde hay más desarrollo económico, a Francia, Alemania o Bélgica, y no al revés». «Y a Andalucía, que estamos a 14 kilómetros del continente africano, a tiro de piedra, y que vemos en nuestras playas llegar las pateras, se nos niega», ha expuesto el mandatario andaluz.
Aunque después ha tratado de suavizar lo dicho y ha asegurado que «me parece bien que al País Vasco se lo reconozcan, pero no a costa de Andalucía, una vez más. Ya son muchas las decisiones de este tipo que afectan y perjudican al conjunto de nuestra comunidad autónoma», ha reiterado tras conocer la decisión del Consejo de Ministros.
El malestar del mandatario andaluz se ha acrecentado tras conocerse que el Gobierno central ha aplicado a Euskadi el llamado 'efecto frontera' a la hora de realizar el reparto de menores extranjeros no acompañados. El ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales llevaba meses exigiendo que se aplicase esta medida a Euskadi alegando que es territorio de transito para miles de personas que cada año recorren la península y tratan de cruzar la frontera hacia Francia por Irun. La cesión de las competencias de migración a Cataluña aceleró que el Gobierno Vasco también incluyese en sus negociaciones para completar las transferencias estatutarias que el Gobierno central aceptase a Euskadi como «Frontera Norte».
En mayo de este mismo año el Gobierno Vasco ya denunció la «confrontación partidista» que se está haciendo con el reparto de menores extranjeros no acompañados. «Desde Euskadi se ha hecho un trabajo serio, con altura de miras, para atajar este problema desde el primer momento y nos da realmente pena que este debate partidista empañe en una situación a la que hay que darle una solución», criticó entonces la portavoz del ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena.
Un ratio de 32,6 plazas
El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así lo establece la fórmula recogida en el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que debe servir de base para iniciar el reparto de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta.
El Ministerio de Juventud e Infancia ya puso a comienzos de julio cifras a ese reparto de los casi 4.000 menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta. Según ese adelanto, Andalucía recibirá el mayor grupo, 677, justo por delante de Madrid, con 647, y la Comunidad Valenciana, con 571. Cataluña y el País Vasco, cuyos sistemas de acogida, según el departamento de Sira Rego, se encuentran ya «tensionados» y en los que se aplicó el criterio del esfuerzo previo realizado, se quedaban fuera de la distribución. No obstante, la Generalitat de Salvador Illa albergará a 31 de forma voluntaria.
«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y también humanitaria», ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La muga de Irun, el embudo migratorio hacia Francia con nueve muertos
A partir del 2015 los gobiernos franceses endurecieron los controles en sus fronteras haciéndose valer de la alerta antiterrorista. Una situación que también ha afectado de lleno a la muga entre Irun y Hendaia, que se ha convertido en un embudo migratorio para las personas que han tratado de continuar su tránsito hacia países del norte de Europa. Si bien en los últimos meses los controles en el puente Santiago han dejado de ser tan estrictos y comunes, 9 personas han fallecido entre 2021 y 2022 tratando de cruzar la frontera. Cinco de ellos ahogados en el Bidasoa, tres arrollados por un tren y otra se suicidó en el barrio irundarra de Azken Portu, en los márgenes del río.
Gipuzkoa es un territorio de tránsito por el que en los últimos años han pasado varios miles de personas. Entre 2018 y 2024 casi 27.500 migrantes fueron atendidas por los servicios de la Cruz Roja en Irun y a esos números habría que sumar a quienes han continuado hacia Francia sin pasar por estos recursos. Durante todos estos años el colectivo social Irungo Harrera Sarea ha sido clave para que los migrantes hayan podido continuar su camino.
Si bien el control de la policía gala ha disminuido, en los últimos años Irun ha sido escenario de devoluciones en caliente. Es decir, los agentes retenían a los migrantes ya en territorio francés, los meten en un vehículo y los dejaban en el lado irundarra del puente de Santiago. Una práctica ilegal, ya que viola los acuerdos del espacio Schengen que permiten la libre circulación de personas.
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