La Fiscalía pide más de 100 años para los 10 clientes que pagaban por sexo a menores tutelados por la Diputación alavesa
Les acusa de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública. Entre los procesados figura un antiguo psicólogo del Ayuntamiento de Vitoria
david gonzález
Jueves, 23 de septiembre 2021, 13:19
La Fiscalía de Álava ha especificado las penas que solicitará para los diez adultos acusados de pagar por sexo a menores tutelados por la Diputación ... de Álava. En total, su petición «supera los cien años». Como ya adelantó EL CORREO el 18 de marzo, se les procesa por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía infantil ante menores de edad y contra la salud pública.
Los datos
-
La Fiscalía Anunció una petición global de «más de 100 años» para los diez procesados. La mayor carga corresponde a un expsicólogo del Ayuntamiento; 13 años.
-
La trama Durante 10 meses de 2016, los menores ofrecían sus servicios sexuales en internet. Todos estaban tutelados por la Diputación en Sansoheta.
-
La instrucción Muy compleja por la inicial falta de colaboración de las víctimas y por el alto número de sospechosos.
-
¿Por qué se prostituyeron? Con el dinero obtenido «compraban caprichos, como teléfonos móviles y ropa cara».
El caso pasa ahora a la Audiencia Provincial de Álava, que deberá encontrar fechas para la celebración del juicio. Estas vistas orales se celebrarán «a finales de este año o durante el primer trimestre de 2022», deslizan fuentes internas del Palacio de Justicia de Vitoria.
El Ministerio Público culmina así cuatro años y medio de investigaciones del Juzgado de Instrucción número 2. Los hechos ocurrieron a lo largo de 2016 y estos adultos contactaban con los menores a través de una web especializada en contactos sexuales. A día de hoy, las víctimas han alcanzado la mayoría de edad.
Había once encausados, pero uno ha quedado fuera del proceso al haber fallecido
NÚMERO DEFINITIVO
Desconocimiento de la edad real
Entre los procesados figura un antiguo psicólogo especializado en el trato a menores y familias desestructuradas empleado por el Ayuntamiento de Vitoria en aquella época. Conocía al menos a dos de los menores y fue el único que estuvo en prisión preventiva. También hay un delegado de un equipo de fútbol juvenil de otra provincia. «Salvo el psicólogo por razones obvias, el resto negará que sabía la edad real de las víctimas», suponen fuentes judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 2 y la Ertzaintza –a través del Grupo 6 y la Sicta– investigaron a más de una veintena de posibles clientes. Entre los que acabaron eximidos destaca una mujer sospechosa de intentar captar a una de las menores y un vitoriano que les alquilaba habitaciones para los encuentros sexuales.
El sumario no ve indicios de la existencia de ningún proxeneta. Los mismos adolescentes colgaban los anuncios en la página de contactos, que se supone que sólo ofrece los servicios de mayores de edad. Ellos también gestionaban las citas vía telefónica o por whatsapp. Presuntamente, los clientes les pagaban de 20 a 100 euros. Algunos les daban regalos o drogas (cocaína o marihuana). Otros les ponían películas pornográficas. «Los menores no eran conscientes de que adultos sin escrúpulos se aprovechaban de ellos», aseguran fuentes policiales.
El juicio se celebrará «el próximo año» en la Audiencia Provincial de Álava
SIN FECHA CONOCIDA
El aviso de la madre en abril
Hay que remontarse al 4 de abril de 2016 para datar la primera alerta sobre este caso que alcanzó eco nacional. La dio la madre de un menor a la Policía Local. Este cuerpo alertó «a Diputación y al juzgado», pero el tema quedó en nada «al desaparecer el menor».
Seis meses más tarde, en octubre, el director de Sansoheta interpuso una denuncia después de que una monitora descubriera en el móvil de un menor mensajes comprometedores enviados por varones adultos. Estas prácticas duraron, como mínimo, diez meses. Uno de los clientes admitió en sede judicial que mantuvo una relación con una víctima «desde finales de enero de 2016».
Los tres chicos estaban bajo la tutela de la Diputación alavesa en aquella época. Con el dinero obtenido «compraban caprichos, como teléfonos móviles y ropa cara».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
