La Fiscalía mantiene la petición de 3 años de cárcel para el exprofesor de Gaztelueta pero descarta las agresiones más graves

El acusado, José María M., numerario del Opus Dei, sigue el juicio. / Fernando Gómez

Cree probado un delito continuado de abusos sexuales, pero advierte de que si se aplica el Código Penal nuevo la pena sería de 20 meses

KOLDO DOMÍNGUEZ

El fiscal del caso Gaztelueta ha informado al tribunal esta mañana -en la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia- que mantiene su petición de 3 años de pena de cárcel para el antiguo profesor del colegio de Leioa acusado de haber abusado sexualmente de Juan C., uno de sus alumnos, que en el momento de los hechos tenía 12 años. Para el Ministerio Público, a lo largo de la vista -que arrancó desde la pasada semana- ha quedado probado que el docente abusó del estudiante en su despacho durante las sesiones de tutoría que mantenía con él.

El fiscal Alejandro Torán ha asegurado este jueves en sus conclusiones definitivas que a lo largo de dos cursos el profesor puso en marcha un «plan preconcebido para satisfacer un fin libidinoso». Pero de esos hechos no hay testigos de referencia y los testimonio del procesado y la víctima son la «única prueba directa». Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para darse por buena una narración de este tipo debe acreditarse que se trata de «una declaración creíble, sin un móvil de venganza y que sea persistente en el tiempo y sin contradicciones». «Si no supera ese triple filtro, debe ser eliminada», ha detallado el fiscal.

Siguiendo este razonamiento, el Ministerio Público estima que el joven ha mantenido desde su primera declaración y hasta su declaración la pasada semana en la vista que el profesor le «acariciaba, le enseñaba fotos de mujeres desnudas en el ordenador de su despacho y le realizaba tocamientos en los muslos, espalda, pecho y trasero».

Sin embargo, el joven no expuso desde el principio los hechos más graves, los que se refieren a que le obligó a masturbarse frente a él y que le introdujo bolígrafos por el ano. Por eso, el fiscal cree que estos abusos «no superan el triple filtro» y por lo tanto, no los incluye en su escrito. «No se da el elemento de la persistencia en la incriminación», ha aclarado. Aún así, cree que el resto de hechos merecen la tipificación de un delito continuado de abusos sexuales. Además, no incluye ningún agravante –ni de superioridad ni confianza– porque son inherentes al abuso.

El Ministerio Público ha planteado al tribunal una opción «alternativa» en función del Código Penal que se aplique al caso. Si se recurre al antiguo, al que estaba vigente en 2008 (año en el que comenzaron los presuntos abusos) la petición de pena sería de tres años. Pero si se aplica el actual, se rebajaría a 20 meses de cárcel, por lo que si el profesor es condenado, no llegaría a ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales.

«Cuestionar a estas alturas el testimonio de mi hijo me parece simplemente repugnante», señala el padre del alumno

La acusación particular, por su parte, ha mantenido su petición de 10 años de cárcel por un delito de abuso sexual, mientras que la defensa del profesor ha vuelto a reclamar su libre absolución.

«Repugnante»

«Cuestionar a estas alturas el testimonio de mi hijo me parece simplemente repugnante», ha manifestado este jueves el padre del exalumno antes de entrar a la Audiencia Provincial de Bizkaia para asistir a la última sesión del juicio, en el que Fiscalía, acusación particular y defensa presentan sus conclusiones definitivas.

Aunque ha eludido realizar más valoraciones sobre la postura de la Fiscalía, el progenitor sí que ha querido mostrar su satisfacción con los dictámenes de las peritos, «que han sido muy claros y contundentes» y con el trabajo de los jueces, que ha calificado de «profesional y aséptico». Tras declarar que, a su entender, el juicio está sirviendo para sacar la verdad a la luz, ha señalado que «la opinión pública no tiene ninguna duda de que lo que ha dicho mi hijo es cierto de 'pe a pa'».

Su hijo, Juan C., cumplió la mayoría de edad en 2015. Entonces, presentó en un juzgado de Getxo una querella contra uno de sus antiguos profesores del colegio Gaztelueta por abusos sexuales. Los hechos denunciados se habían producido cinco años antes y de ellos no había ni testigos ni evidencias físicas. Para analizar la «credibilidad de su testimonio», el juez de instrucción ordenó a cuatro peritos judiciales –dos psicólogas y dos médicas forenses– que se entrevistaran con él joven y emitieran un informe.

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