Euskadi cobrará desde enero el canon por depositar residuos industriales en vertederos

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia (PNV), durante la presentación de la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autónomo hasta 2030 para reducir el número de vertederos en Euskadi, la cantidad de material que se vierte en ellos, y desarrollar instalaciones de tratamiento y recuperación de materiales específicos, como las que se proyectan en Bergara para la recuperación de cal de la industria papelera o la de plásticos en Zumarraga.

Tapia ha recordado que tras el colapso y tragedia de Zaldibar, y los cierres de Mutiloa y Larrabetzu, la capacidad de los vertederos vascos es insuficiente para acoger todos los desechos no peligrosos que generan las empresas vascas. Un déficit que cifró en entre 300.000 y 400.000 toneladas para este año, lo que está obligando a Euskadi a exportar residuos a otras comunidades. Frente a una capacidad de absorción de 1,5 millones de toneladas, la consejera estimó en más de 1,8 millones las necesidades reales.

Para hacer frente a estas necesidades «temporales» mientras se despliegan las plantas de tratamiento selectivo, el Gobierno Vasco plantea ampliar la capacidad de algunos de los depósitos existentes (como Gardelegui en Vitoria o Igorre en Bizkaia, entre otros) e incluso reabrir otros, como el de Epele en Bergara, que aportará cerca de medio millón toneladas de capacidad y volverá a clausurarse, esta vez definitivamente, en 2025.

Con estas actuaciones, Tapia ha confiado en que Euskadi sea capaz de gestionar sus propios residuos de manera autónoma sin necesidad de trasladar desechos a otros territorios ya en 2024. Será entre ese año y 2025 cuando se produzca el gran salto en la reducción de materiales volcados en vertederos. Por un lado por la reducción de residuos en origen gracias a la aplicación de medidas específicas, y por otro, por la entrada en funcionamiento de las plantas de reciclaje y valorización previstas. Así, tras el incremento puntual de la capacidad en los vertederos en 2023 y 2024, a partir de ese año se iniciará un proceso de progresivo cierre de instalaciones. Tapia ha hablado de la clausura de 13 vertederos entre 2024 y 2030. Entre ellos, cuatro de los más relevantes de Euskadi: Betearte (Mallabia) en 2024, Epele (Bergara) en 2025, Bistibieta (Lemoa) en 2027, y Artxanda (Bilbao) en 2030.

De este modo, a partir de 2030 cuando se clausure Artxanda, solo quedarán activos cuatro depósitos de material industrial no peligroso, con una capacidad total de 155.000 toneladas, apenas entre el 10% de la capacidad actual. Serán el de Aizmendi en San Sebastián (5.000 toneladas de capacidad), Gardelegui en Vitoria (50.000), y Zalla e Igorre en Bizkaia (50.000 cada uno).

Estos vertederos serán sustituidos por plantas de tratamiento selectivo por tipos de material. Además de las plantas de cal y plásticos en Bergara y Zumarraga, el Gobierno Vasco proyecta instalaciones específicas para recuperar parte de los residuos de escorias de acería, residuos de construcción y demolición (RCD), vehículos, tierras, pañales, plástico, combustibles derivados de residuos (CDR), composites, fibra de carbono, paneles solares, baterías, textil, marpol, sentinas, líquidos, biomasa forestal, productos digitales, orgánico, urbanos o mezclas.

Tapia no ha querido desvelar las posibles ubicaciones de estas plantas, que «están en diferentes momentos de desarrollo», y se ha limitado a confirmar las ya conocidas en Bergara (cal de la industria papelera) y Zumárraga (plástico). Según ha explicado, la primera está en proceso judicial una vez que el Ayuntamiento de la localidad ha recurrido este año la autorización para su instalación, mientras la que se instalará en los terrenos que históricamente ha ocupado Arcelor Zumarraga está pendiente de las modificaciones urbanísticas locales correspondientes.

La suma de estos planes, ha detallado la consejera, conllevan una inversión global de 392 millones de euros antes de 2026; el desarrollo de 54 proyectos que, además de al sector público movilizarán a 36 empresas; la creación de 412 empleos; y dar una solución individualizada y medioambientalmente responsable a 22 tipos de residuos no peligrosos.